Carolina Verduzco Periodistas Unidos. 7 de octubre 2022
El hecho de que el expresidente Luis Echeverría Álvarez (LEA) haya muerto en su propia casa sin haber regresado a prisión dio lugar a que se reforzara la idea de que sus crímenes fueron impunes y que por lo tanto también fueron inútiles las denuncias penales interpuestas en su contra por los casos de 1968, de 1971 y de la guerra sucia. No obstante, esto no es del todo cierto si nos atenemos a la definición misma del concepto de impunidad, el cual proviene del latín impunitas que significa sin castigo. Cuando alguien actúa con impunidad, es porque sus acciones delictivas no tienen consecuencias.
Es ampliamente conocido que no hubo la impartición de justicia que se demandó judicialmente y que no se dictaron las distintas penalidades que merecía de acuerdo con la legislación mexicana, pero se conocen poco las maniobras que tanto la PGR (y también la actual FGR) como el poder judicial pusieron en juego para evitar que volviera a prisión y se le dictara la sentencia condenatoria por sus delitos.[1]
No obstante, es equivocado decir que los crímenes de Echeverría no tuvieron consecuencias en el ámbito judicial, y menos aún, en el ministerial, pues son más que significativas las penas que tuvo que padecer, gracias a la lucha judicial que emprendió Raúl Álvarez Garín, como los enlistados en el artículo anterior y los que agregaremos en éste.
¿Cómo y cuándo empezaron a desplomarse las aspiraciones políticas de LEA?
Desde el 2 de julio de 2002, cuando Echeverría compareció en calidad de indiciado ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMSPP), cesaron sus actividades internacionales y se fueron desplomando sus aspiraciones de convertirse en el gran líder del Tercer Mundo. Esto fue el principio de su calvario.
Apenas unos días antes de esa comparecencia ministerial se encontraba en plena campaña de autopromoción en China enarbolando su proyecto de un Nuevo Orden Económico Internacional y alternando con el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore y con el ex primer ministro de Suecia, Carl Bildt. Además, el año anterior había sido condecorado en aquel país con el título de “El amigo enviado del pueblo”. (Proceso, 15 de julio de 2002).
A partir de su comparecencia, los más altos mandatarios y personalidades que lo acogieron y respaldaron vigorosamente dejaron de brindarle pleitesía. Desde entonces quedaron sepultadas las posibilidades de que cuando ocurriera su fallecimiento se le rindieran honores de Estado, de que los líderes de los países con los que cultivó buenas relaciones expresaran sus condolencias al pueblo y al gobierno de México, de que los periódicos y las revistas se atiborraran de esquelas y artículos apologéticos de su persona durante varios días. Ocurrió todo lo contrario, murió en el aislamiento que se produjo progresivamente durante los últimos 20 años de su vida y con el repudio social de diversos sectores sociales.
Así podemos decir que, aunque no haya sido condenado judicialmente, sí fue castigado política y socialmente como producto fundamentalmente de la lucha que se inició con las demandas penales.
Campañas para evitar el acompañamiento social a los demandantes de justicia
El tamaño del éxito de las luchas judiciales en contra de los crímenes de Estado depende, en buena medida, de la difusión en la opinión pública sobre los sucesos en cuestión y del acompañamiento social que se les dé a los demandantes a través de diversas acciones.
Por eso el apoyo de las organizaciones sociales a las demandas penales contra el expresidente Luis Echeverría y otros represores de alta jerarquía se ha torpedeado sistemáticamente y ha sido muy escasa la información fidedigna de los casos en los medios de comunicación masiva.
Hubo quienes desplegaron una campaña para propalar la idea de que era imposible obtener el más mínimo logro en el ámbito judicial para castigar al expresidente y ahora dicen –sin tomar en cuenta sus andanzas por el mundo, su ambición de poder y su delirio de grandeza– que su vida transcurrió sin mayor alteración después de haber comparecido ante la FEMOSPP, en calidad de indiciado, y que la formal prisión a la que estuvo sujeto le fue muy placentera porque la pasó en su propia casa.
Tal como lo recordó Fabricio Mejía: “A dos días de la elección presidencial, el 30 de junio de 2006, un juez le dictó [a Echeverría] un arresto domiciliario por asesino y genocida, derivado de los hechos de 1968, pero los comités de desaparecidos consideraron que esto era “una pifia” y que se trataba de una más de las maniobras electoreras de Vicente Fox”. https://www.jornada.com.mx/2022/07/10/opinion/006a1pol
La incomprensión de algunos luchadores sociales que podrían haber actuado como aliados naturales en la lucha judicial, puede deberse a la influencia de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos financiadas por agencias gubernamentales extranjeras , que lograron que el escepticismo se instalara en sectores sociales y en la opinión pública, al grado que todavía persiste la desinformación sobre la larga lucha judicial que aún ahora mantiene el Comité 68 para que se imparta justicia en los casos del 2 de octubre, del 10 de junio y de la guerra sucia.
El modus operandi para conducir a una ruta falsa
Las personas y organizaciones que intencionalmente hacen el vacío a los efectos positivos de las demandas interpuestas y además deforman el contenido de las sentencias judiciales son las mismas que, desde que se supo que Raúl interpondría una demanda penal, desplegaron diversas acciones encaminadas a promover la creencia de que nada bueno se podría obtener con este recurso porque estaba destinado al fracaso, pero al mismo tiempo generaron grandes expectativas de los logros que obtendrían si se constituía una comisión de la verdad para investigar los crímenes de Echeverría.
La campaña de declaraciones, de artículos de opinión, de debates a modo en mesas de análisis, etc. para evitar el acompañamiento social y el interés en los acontecimientos judiciales se articuló con el intento del entonces canciller Jorge Castañeda para convencer al presidente Vicente Fox –quien se había comprometido públicamente en su campaña a impulsar la acción de la justicia para los casos del pasado priista– de que no creara una fiscalía especial para ese propósito, sino una comisión de la verdad.
Castañeda fracasó en ese intento, pues el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel se opuso y le ganó. Así que se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.
Al principio el fiscal declaró que no se trataba de dinamitar instituciones, lo cual parecía augurar que intentaría no inculpar a los representantes institucionales de mayor jerarquía sino, a lo sumo, a algunos de los responsables materiales.
No obstante, los resultados de las propias investigaciones ministeriales, sumados a las pruebas aportadas por los demandantes –que acompañaron su denuncia con organigramas de las instancias involucradas y sus titulares, para señalar la cadena de mando, y con la exposición de otros hechos y argumentos de por qué la responsabilidad recaía principalmente en los más altos funcionarios y jefes militares– hicieron posible que el fiscal Carrillo Prieto llegara a la conclusión de que se había configurado un crimen de Estado, un genocidio, es decir, que no se trató de una masacre ocasionada porque sus autores materiales se hubieran salido de control, sino que obedeció a un plan estratégico piramidal, elaborado en las más altas esferas del gobierno federal con el propósito de destruir total o parcialmente al grupo opositor, dirigido por el Consejo Nacional de Huelga.
Quienes se habían opuesto a que se demandara la acción penal y a la creación de una fiscalía especial para los crímenes del pasado iniciaron una campaña mediática encaminada a supuestamente demostrar que nunca se habían producido genocidios en México. Trataron de desacreditar las argumentaciones que primero Raúl Álvarez Garín y después la FEMSOPP habían expuesto y acreditado con base en hechos y preceptos legales, no en simples opiniones.
En ningún momento atacaron públicamente por su nombre a Raúl ni al Comité 68, no se atrevieron a descalificar directamente la demanda que él había promovido, sino que decidieron dirigir su embestida en contra del fiscal, al que trataron de desacreditar atribuyéndole la perversa intención de que los jueces exoneraran a Echeverría, con el argumento de que no se había configurado el delito de genocidio. Así lo aseguró reiteradamente Denise Dresser en programas televisivos y en otros espacios. Para denostar al máximo la actuación del fiscal, se le lanzaron avalanchas de acusaciones sobre su honorabilidad personal, que nada tenían qué ver con su trabajo.
A pesar de que la resolución judicial definitiva para el caso de 1968 dejó establecido que sí se había configurado el genocidio, se dijo que ese dictamen decía lo contario y que Echeverría había sido exonerado (absuelto). Todo esto es mentira comprobable, y sólo se requiere consultar la sentencia judicial emitida por el Quinto Tribunal a la que ya he hecho referencia.
Recursos de lucha anteriores también son vigentes e irrenunciables
La estrategia para evitar el acompañamiento social a los demandantes y convencer de que nunca debieron haberse interpuesto demandas penales, porque a un expresidente no se le pude tocar ni con el pétalo de una rosa en el terreno de las instituciones de justicia nacionales logró propiciar, en buena medida, el desinterés y la falta de compromiso y solidaridad de la mayoría de los propios afectados por la represión y sus familiares, pero no consiguió aislar totalmente las actividades que el Comité 68 encabezado por Raúl, siempre ha impulsado, en coordinación con otras organizaciones, para preservar la memoria de la represión:
Para que no haya perdón (impunidad) es necesario que no haya olvido y una de las actividades irrenunciables del Comité 68, incluso antes de su constitución formal (cuando era Comité 5 años de Lucha, Comité 6 años de Lucha, etc.) ha sido la coordinación con diversos grupos sociales y políticos para las marchas conmemorativas y otras acciones: construir monumentos como la Estela de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas para ayudar a que el 2 de octubre no se olvide y el Memorial de Víctimas de la Violencia del Estado en la esquina Reforma y Periférico en homenaje de las miles que han caído o han sido desaparecidas y cuyos nombres se ha podido documentar. Además se han publicado artículos, ensayos y libros, se han impartido innumerables conferencias y desarrollado otras formas de transmisión verbal para hacer prevalecer la verdad. Todas estas actividades han contribuido a que el daño que han causado los ataques y obstáculos a la causa del procesamiento penal de los culpables, no la hayan derrotado.
Estos recursos para preservar la memoria, también han sido un cierto castigo para el expresidente, y ha habido actos individuales espontáneos que –aún sin haber sido planeados– representaron un golpe histórico, como fue el episodio del 14 de marzo de 1975 en el que recibió una pedrada en la cabeza cuando, desafiante, entró a la Ciudad Universitaria, invitado por el rector Guillermo Soberón para que, en su calidad de presidente de la República, inaugurarlos cursos de ese año.
Actos de repudio como éste fueron muy humillantes para él, pero no le impidieron que siguiera aspirando a obtener reconocimientos y a figurar políticamente como un gran líder en la esfera internacional.
Se dice que la filmación que se hizo del momento en que fue descalabrado fue tan importante para él, que la guardaba en la filmoteca que tenía en su residencia en Los Pinos, en donde –según ha dicho públicamente el cantautor Gabino Palomares– también se encontraban las filmaciones que el mismo Echeverría le encargó hacer el 2 de octubre de 1968 en de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco al cineasta Servando González, quien dirigió las grabaciones de la masacre, con las cámaras que apostó para ese efecto en los pisos 17 y 19 del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Lo que el propio Servando González declaró: “No pues esos materiales fueron entregados, rápidamente a donde deberían estar, que es la Federal de Seguridad, cuadro por cuadro, yo no me quedé con nada” (https://ciudadanfibia.com/historias-urbanas/f/2-de-octubre-de-1968-las-grabaciones-de-la-matanza-realizadas-por-el-gobierno-de-m%C3%A9xico#:~:text=Jos%C3%A9%20Salvador%20Gall%C3%A1stegui%20Contreras%2C%20oficial,17%20y%2019%20del%20edificio.&text=El%20equipo%20con%20el%20que,el%20mejor%20de%20su%20%C3%A9poca), evidencia que LEA hizo el encargo y esto también debe haber sido al menos un pequeño castigo, aunque no como para alterar sus proyectos políticos megalómanos.
Tres opciones frente a la impunidad
Las críticas más dañinas contra las demandas penales contra Echeverría tienen como protagonistas a miembros de la llamada sociedad civil, quienes, desde una posición furtiva de derecha han logrado influir en organizaciones sociales de tendencias auténticas de izquierda.
También ha habido individuos y pequeños grupos que por razones ideológicas y políticas genuinas consideraron que demandar ante el Ministerio Público equivalía a confiar en el gobierno y en su aparato de justicia, sin tomar en cuenta que todo el andamiaje institucional, empezando por las leyes, está diseñado por la burguesía para que no haya posibilidad de justicia.
A estas críticas se les respondió que la única instancia institucional en la que procede denunciar formalmente justicia es precisamente el Ministerio Público de la Federación (como instancia de la entonces PGR) y que acudir a ella no era ni significaba otorgarle un voto de confianza, sino exigirle que cumpliera con su función.
¿Cuáles son las penalidades que mereció Echeverría y no las tuvo? ¿Cuáles son los recursos y las acciones que lo llevaran a pagar por sus crímenes? Si partimos del hecho de que no existen en el mundo castigos equiparables a las penas que produjeron sus crímenes y que ni con su propia vida podría pagar el dolor que produjo y si además reconocemos que el andamiaje judicial es adverso para juzgar los crímenes de Estado, sólo hay tres distintas alternativas para que lograr que las acciones delictivas sí tengan consecuencias para el delincuente.
Una, hacer justicia por propia mano. Hay muchos casos en la historia en la que los dictadores han pagado con su vida los crímenes cometidos. A manera de ejemplo, baste recordar lo que se conoce como El ajusticiamiento de Trujillo para referirse a la emboscada en la que un comando armado ejecutó al cruel dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, en 1961, para así enterrar la impunidad de la que hizo gala durante sus 18 años en la Presidencia de aquel país.
Dos, esperar a que lo juzgue la historia, cuando haya un Estado no burgués. Éste es un recurso muy socorrido y dominante.
Tres, tratar de encontrar los resquicios del andamiaje jurídico institucional y trabajar en esa dirección para que se dicte sentencia condenatoria, fundamentalmente para que se reconozcan como verdades de Estado los hechos históricos que se pretende negar o deformar, para que se produzca mayor difusión de ellos, para que se incorporen en el contenido de los libros de texto, etc. Ésta fue por la que apostó Raúl Álvarez Garín y mantiene el Comité 68.
[1] Primero, se le liberó, después de 2 años y cuatro meses de prisión domiciliaria por el delito de genocidio; a pesar de que las investigaciones FEMSPP demuestran que el expresidente sí es responsable de ese crimen.
Segundo, no regresó a prisión, debido a la inacción de la PGR y de la FGR, que no aportaron nuevas pruebas a su expediente para volverlo a consignar ante un juez.
Tercero, que no se le dictó la sentencia condenatoria.