Ley general de aguas, estancada en San Lázaro desde hace 8 años

Sigue vigente la de 1992. Según estudio, se han privilegiado las concesiones a costa de la integridad de los ecosistemas


Angélica Enciso L. La Jornada 15 de junio 2021

La ley general de aguas, con la cual se garantizará el derecho humano al agua, está pendiente de aprobarse en la Cámara de Diputados desde hace ocho años, por lo que sigue vigente la Ley de Aguas Nacionales, establecida en 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El año pasado estuvo por aprobarse un dictamen que mantenía prácticamente los mismos términos de la legislación vigente en rubros como el de concesiones de agua, indicó la Coordinadora Nacional Agua para Todos.


Tras la modificación del artículo cuarto constitucional en 2012, en el cual se decretó el derecho humano al agua, se estableció un artículo transitorio por medio del cual se definió el plazo de un año con el propósito de que se emitiera la ley general de aguas, lo cual no ha ocurrido.

Distribución inequitativa

En la República mexicana se ha dado una crisis hídrica que se caracteriza por la distribución inequitativa del agua y, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de 41 millones de mexicanos carecían de acceso diario y 8.5 millones no tenían conexión en 2017, indica Pedro Moctezuma en el documento: “La iniciativa ciudadana de ley general de aguas”, editado en la revista Estudios críticos de la sociedad de la UAM.

El economista refiere que hasta el año pasado se habían otorgado 514 mil 684 concesiones, se había sobre concesionado en 108 cuencas y 115 acuíferos, con prioridad a los grandes intereses a costa de los bienes comunes, la integridad de los ecosistemas y el tejido social.

De acuerdo con los datos que se recabaron para este análisis, los servicios de agua potable en México son tan deficientes que orillan a las familias a gastar miles de millones de pesos en agua que es embotellada por trasnacionales que gozan de un mercado cautivo.

Agrega que se ha dado la “imposición de megaproyectos hidráulicos, la prioridad a inmobiliarias que agudizan la saturación urbana en zonas de no disponibilidad hídrica; el avasallamiento del territorio con megaminería tóxica, la persistencia de la fracturación hidráulica (fracking), la priorización de la agroexportación en gran escala y el auge de embotelladoras y cerveceras, varios de estos proyectos en pleno desierto”.

Asimismo, menciona que alrededor de “dos terceras partes de la población dependen de acuíferos sobreexplotados por medio de pozos profundos.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se horadaron pozos ultraprofundos en el oriente de la Ciudad de México, que penetran 2 kilómetros o más, extrayendo exiguos volúmenes de agua y provocando subsidencia (hundimiento progresivo) del suelo y grietas. Los efectos en zona sísmica sobre los hogares y la infraestructura son graves.