LIBERTAD A LOS PRESOS DEL FRENTE UNIDO DE LA LAGUNA EN DURANGO

LIBERTAD A LOS PRESOS DEL FRENTE UNIDO DE LA LAGUNA EN DURANGO

Pablo Moctezuma Barragán

Es increíble que en México se castigue a una organización social, se reprima una manifestación pacífica, se encarcele a activistas sociales como lo están haciendo en Durango con mujeres y hombres, algunos de la tercera edad, del Frente Unido de los Pueblos de La Laguna, por el Territorio, la Vida y el Agua.

El 18 de marzo, fue reprimido, por los tres órdenes de gobierno, el Frente Unido, en Dinamita, Durango, encarcelando a 32 mujeres y hombres, disolviendo violentamente una manifestación pacífica. Como han denunciado los miembros del Frente, en la comunidad de Abisinia Dinamita, ingresaron a las viviendas de las y los miembros del Frente para causar destrozos, robos y abusos. Además de arrasar con el campamento que desde hace casi seis años han instalado estos pobladores de La Laguna. Desde el 18 de marzo surge un clamor: ¡Libertad!

Al momento son 28 procesados y 4 detenidos en Durango, por arresto domiciliario. ¿Cuál es su delito? ¿Por qué tanta saña? Son culpables de oponerse a empresas tóxicas y abusadoras, de organizarse para defender el medio ambiente, sus derechos, sus comunidades y su región de los megaproyectos depredadores y de los abusos laborales.

Las y los compañeros del Frente realizaron el 17 y 18 de marzo un mitin frente a la empresa minera Sotomex, apoyando a cuatro trabajadores despedidos de la empresa minera para que fuesen justamente indemnizados como corresponde. Contra la manifestación pacífica se realizó un aparatoso operativo de las policías rural, metropolitana, municipal y estatal, con presencia de la Guardia Nacional y de la Sedena. No solo disolvieron la manifestación, detuvieron a decenas, agredieron a las familias, destrozaron el campamento norte, ubicado a un kilómetro. Lo que es evidente es que dieron un golpe brutal, con la intención de acabar con el Frente Unido y que quieren encarcelar a los dirigentes para inmovilizarlo. Por otra parte, hay reportes de que siguen hostigando a la comunidad para crear temor.

A los presos políticos les quieren dejar caer “todo el peso de la ley” con acusaciones fabricadas. Los acusan falsamente de “robo equiparado, ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa, extorsión”. Tales acciones del poder local solo muestran el temor de la oligarquía lugareña a la población organizada que busca defender su territorio y el medio ambiente de inversiones tóxicas, del ecocidio y la injusticia.

Exigimos a la Fiscal General del Estado de Durango, Sonia Yadira, al Gobernador de Durango, Esteban Villegas, y a la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, la liberación inmediata de las y los presos. Además, deben retirar los cargos, porque no tienen base alguna.

Lo único que buscan es desmantelar al Frente que fue constituido hace nueve años cuando 22 comunidades se unieron, en Gómez Palacio, para enfrentar la implantación de una fábrica de cianuro, de la corporación estadounidense Chemours, en su comunidad.

Tras luchas y represiones, por la vía legal lograron desmantelar la fábrica contaminante. El Frente exige la devolución de la tierra adquirida irregularmente a los ejidos y recientemente ha apoyado luchas laborales de trabajadores despedidos injustamente.

El gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas, ha declarado que el Frente espanta la inversión porque los empresarios no ven la “mano dura” y así niega la lucha pacífica por derechos, a la que le llama “extorsión”, y les fabrican delitos para encarcelarlos. Exigimos la inmediata liberación de los presos políticos, el desistimiento inmediato de todos los cargos y el respeto en México a la lucha de las comunidades.

Es importante recapitular la historia a lo largo de nueve años en que los pobladores de la Comarca Lagunera libran una importante lucha en México. Han enfrentado obstáculos de todo tipo, amenazas y represión. El sistema actual pone los intereses de las grandes corporaciones extranjeras sobre las necesidades de los pueblos, el medio ambiente y el desarrollo regional equilibrado, el cual debería generar bienestar social. Tal fue el caso de Chemours-Dravlovka en la zona de Dinamita. La instalación de la planta de producción de cianuro de sodio en Pueblo Nuevo El Siete colocaba en riesgo a la región.

En una asamblea donde participaron los pobladores de 22 comunidades afectadas por esa explotación criminal, decidieron establecer un campamento en los principales accesos a la planta para evitar su construcción. Además, exigieron la salida de la corporación de La Laguna, de Durango y del país.

Fue calificada como “la empresa de la muerte”, ya que produciría 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año. Desde 2017, las comunidades de Gómez Palacio conformaron el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio. Ello con el fin de proteger su tierra.

Integrantes del Frente Unido y la CNTE Comarca Lagunera han denunciado el persistente hostigamiento político-judicial y la represión que han sufrido de los gobiernos municipal y estatal. Estos apoyan a empresarios y empresas ubicadas en el área comunal de Dinamita.

El dirigente Bernardino Ochoa Camacho denunció en su momento que, mientras se presentaban con la careta de una inofensiva fábrica, la cual impulsa los empleos y el desarrollo, estaban generando un gigantesco basurero tóxico.

Los gobiernos de la Comarca Lagunera no representan al pueblo sino al interés del negocio. No se han preocupado por detener el extractivismo. Están y siguen explotando los recursos naturales que tenemos en México.

Antes del proyecto en La Laguna, la Chemours Company había intentado un par de veces instalar una planta en Guanajuato en 2016. Sin embargo, la movilización popular y la negación del permiso de uso de suelo por los gobiernos municipales obligaron a la empresa a cambiar su proyecto al estado de Durango, en donde la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales estatales lo aprobó. El 24 de junio de 2017, inició su construcción en Gómez Palacio. Esto sin ser consultadas las comunidades que se verían afectadas.

En julio de 2017, se forma el Frente Unido de Pueblos de La Laguna. Pedían una demanda de nulidad en contra de la resolución que autorizó la construcción en materia de impacto ambiental. El 9 de marzo de 2018, el Frente se manifestó contra la instalación de la planta y fue reprimido por las fuerzas de seguridad locales. En esa ocasión detuvieron a 49 personas, incluidos cinco menores y 10 mujeres. Además, hirieron de gravedad a 10 personas que tuvieron que ser hospitalizadas.

Se recurrió al amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, que ordenó la suspensión definitiva de la construcción. Esto significó una gran victoria política y legal, pero “moviendo influencias”, la corporación logró que la orden fuese revocada por un Tribunal Colegiado en Torreón. Este les permitió reemprender las obras de construcción en mayo de 2020. No importó que los permisos municipales ya habían caducado durante el período de suspensión.

Entonces el Frente de Pueblos decidió establecer dos campamentos en las entradas de la fábrica para bloquear los accesos. El primero fue el 23 de julio de 2020 y el segundo, el primero de septiembre del mismo año, a pesar de estar en plena pandemia.

Al mismo tiempo, se apeló ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este organismo llegó a la determinación unánime de la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental para ese proyecto. La obra está suspendida desde que se hizo público en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la compañía borró a 22 comunidades ejidales del mapa.

Ante las injusticias y de manera decidida, los sectores progresistas de la región han asistido a la lucha. Tal ha sido el caso de los maestros de la CNTE, así como la Iglesia –encabezados por el obispo emérito Raúl Vera–, quienes han apoyado desde el inicio al movimiento en defensa de las comunidades y de la región, denunciando el gran peligro que representa la planta de cianuro para la vida.

Otro gran sustento ha sido la Contraloría Social del Agua de la Comarca Lagunera, parte integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, Agua para la Vida, desde su fundación el 24 de febrero de 2021. Esta defiende la participación ciudadana en la toma de decisiones y la justicia hídrica en México. Desde el principio, propuso una instancia ciudadana autoorganizada que trabaje sobre las principales problemáticas de cada zona o región.

Esta organización ha denunciado los estragos que provoca el uso del cianuro en la minería y la contaminación del subsuelo, suelo y aire por este químico. Dicha problemática es fuerte en La Laguna, debido a que es una de las regiones de México con mayor sobreexplotación y degradación del agua.

De igual manera, han promovido vínculos con universidades locales que se suman a la defensa del medio ambiente y a “la lucha de Dinamita” –como es conocida–. Igualmente, por ser una de las comunidades en resistencia, han recibido gran apoyo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Tras la anulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la empresa Chemours buscó otras salidas para su negocio. El siguiente paso fue anunciar su venta a la compañía checa Draslovka Holding, el primero de diciembre de 2021.

Gracias a la acción directa de comunidades, la construcción de la proveedora de la minería fue detenida y avanzó hasta el final el desmantelamiento. Ahora buscan recuperar las tierras ejidales mal habidas por la empresa.

La represión ha sido constante, como fue la represión del 9 de marzo de 2018, llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de los gobiernos del estado de Durango –encabezado por José Rosas Aispuro– y del municipio de Gómez Palacio –gobernado por Leticia Herrera–, asiduos defensores de la empresa y su proyecto contaminante.

Las agresiones continuaron en 2023. El 2 de febrero de ese año, personas armadas forzaron el acceso de la casa del defensor de derechos humanos e integrante del Frente, Cristóbal González Estrada. Allanaron la vivienda y atacaron a sus hijos de 12 y 14 años.

Es indignante que se criminalice a quien defiende la vida y la salud de su entorno y sus familias, además del derecho democrático de las comunidades a decidir sobre su propio territorio.

La lucha de los pueblos por sus derechos debe ser garantizada por el gobierno federal, que no debe sumarse a la represión. Para tal efecto, es conveniente que la Fiscalía General de la Nación, encabezada por la abogada Ernestina Godoy, atraiga el caso para que se haga justicia.

Ya en todo México se levanta la voz en defensa del Frente, como lo hizo el Diálogo Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales, el 19 de marzo en la Ciudad de México.

Hacemos un llamado a apoyar al Frente Unido y exigir que se haga justicia, que se deje de criminalizar a los movimientos sociales y a las comunidades y pueblos que defienden sus derechos.