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Libertad y justicia para sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas

Zósimo Camacho - 24 Sep 2021 Revista Contralínea

Este viernes 24 de septiembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió en sus manos una carta firmada por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y familiares de cuatro sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas.

El documento, del cual esta columna posee copia, expone brevemente los casos de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Orlando Ávila Mesino y Gerónimo Hernández Refugio, quienes sobrevivieron a la matanza, pero siguieron siendo perseguidos y, desde hace 20 años, recluidos en diferentes cárceles bajo acusaciones fabricadas.


Al mismo tiempo, de manera respetuosa, el documento advierte al presidente del grave riesgo de que –usando las propias palabras del titular del Ejecutivo– la burocracia de los tres Poderes y los tres niveles de gobierno, ese “elefante mañoso y anquilosado”, haga naufragar una política de justicia, bandera de la 4T: la liberación de los injustamente presos.

Como se recordará, la masacre se perpetró el 28 de junio de 1995 en el vado del río Aguas Blancas, Guerrero. México y el mundo se horrorizaron, primero, al conocerse el saldo de 17 muertos y decenas de heridos; y, luego, al darse a conocer un video que mostró cómo se suscitaron los hechos.

El crimen de Estado ocurrió cuando, en tres camionetas, integrantes de la OCSS se dirigían a un mitin a Coyuca de Catalán. En el trayecto, de terracería y junto al río, fue detenida la primera camioneta con unos 60 campesinos. Los elementos policiacos que cerraron el paso obligaron a las personas a bajar del vehículo y tirarse bocabajo. También detuvieron a la segunda camioneta y ordenaron apearse a los ocupantes. En ese momento abrieron fuego contra los campesinos inermes. La tercera camioneta frenó su marcha al escucharse la balacera.

Los autores de la matanza, elementos de las policías Motorizada y Judicial del estado de Guerrero, reportaron “un enfrentamiento” con integrantes de la OCSS; colocaron armas junto a los cuerpos, y aseguraron que la agresión había sido iniciada por los campesinos. La difusión de un video que mostró cómo ocurrieron realmente los hechos echó abajo esa primera versión oficial. Desde entonces, el crimen cometido bajo el gobierno estatal de Rubén Figueroa Alcocer y del federal de Ernesto Zedillo Ponce de León, está impune. Un año después, en ese mismo lugar, haría su presentación pública el Ejército Popular Revolucionario (EPR).