Carlos Fazio La Jornada 15 de julio
Desde que las tropas del Pentágono tuvieron que retirarse de Siria y Donald Trump aceleró las políticas de cambio de régimen en Venezuela y la cuenca del Caribe, se ha venido revalorizando la llamada doctrina Rumsfeld-Cebrowski, cuyo objetivo sería destruir las estructuras institucionales de los países de la región, mediante la generación de un caos constructivo que erosione los vínculos sociales en los que se sustenta el Estado-nación, sin importar que sean amigos o adversarios políticos de Estados Unidos y para impedir que haya gobiernos soberanos que puedan decidir sobre los recursos energéticos existentes en sus territorios.
Según Thierry Meyssan, la primera parte de ese plan fue sembrar el caos en el Medio Oriente ampliado o Gran Medio Oriente –con las guerras en Afganistán, Irak, Líbano, Libia, Siria, Yemen− y la segunda fase debe hacer lo mismo en la cuenca del Caribe, mediante la destrucción de una veintena de países insulares o con costas en ese mar, exceptuando a la militarista Colombia, convertida en socia global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y México, integrado de manera subordinada al espacio geopolítico de América del Norte.
Los antecedentes de dicha doctrina se remontan al 11 de septiembre de 2001. A raíz de los atentados terroristas contra las torres gemelas de Nueva York, el entonces secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld −integrante del Estado profundo, un poder clandestino paralelo al de la Casa Blanca−, reactivó la Oficina de Transformación de la Fuerza (Office of Force Transformation) creada por Bill Clinton y designó al vicealmirante Arthur Cebrowski para dirigirla. Cebrowksi redimensionó la guerra centrada en redes ( network-centricwarfare) elaborada por el Pentágono tras la insurrección campesina indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, y reestructuró la estrategia de espectro completo ( full spectrumdominance) con la era de la información, para así lograr una hegemonía en el campo de lo social, lingüístico, cognitivo, informativo y físico.
El estratega geopolítico del Departamento de Defensa y asistente de Cebrowski, Thomas P. M. Barnett, impartió el nuevo modelo al alto mando militar en 2003, resumiéndolo en un nuevo mapamundi que dividió al orbe entre países a los que denominó núcleo funcional (los estados estables o el G8 y sus aliados) y otros (el resto del mundo) a los que ubicó en la brecha de no integrados, considerados como simples tanques de recursos naturales y sujetos a la destrucción de sus estructuras estatales y al control militar de EU.
Las naciones de ese segundo grupo ya no fueron vistas como independientes y soberanas, y había que hacerlas retroceder a la era del caos −a la época en que el hombre era el lobo del hombre− mediante campañas de desestabilización y guerras regionales híbridas o difusas, interminables y recurrentes, donde el caos neosocialdarwinista alcanza proporciones tan espantosas que nadie piensa ya en resistir, sino sólo en sobrevivir; zonas donde, como dice T. Meyssan, las corporaciones multinacionales pueden extraer (despojar a los pueblos) las materias primas que necesitan sin rendir cuentas a nadie. Verbigracia, Afganistán, Irak, Libia, Yemen en el Medio Oriente ampliado. O los conflictos en curso en la cuenca del Caribe, con epicentro en Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde el imperio ha encontrado fuerte resistencia gubernamental y popular, con la actual emergencia migratoria en el sur-sureste de México y el triángulo del norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).
Por otra parte, si se sigue el curso de los conflictos regionales y las guerras difusas de 2003 al presente (Túnez, Libia, Egipto, Palestina, Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudita, Bahréin, Yemen, Turquía, Afganistán, Venezuela), se verá que todos se encuentran dentro de las zonas no integradas del mapa de Barnett y, sorprendentemente, también dentro de la franja petrolera del planeta.
La estrategia del caos de los neoconservadores de la administración Bush Jr (Cheney, Wolfowitz, Rumsfeld, Fukuyama, Huntington, Cebrowksi y Bolton) fue concebida en la Universidad de Chicago por el filósofo Leo Strauss (1899-1973), quien reintrodujo esa noción como herramienta de dominación de una élite escogida para someter a masas incultas con base en la jerarquía natural.
En la actualidad, arrinconado por el fiscal Robert Mueller y la trama rusa−y para evitar ser acusado de alta traición−, Trump tuvo que negociar su supervivencia política con el Estado profundo, y los halcones de la CIA y el Pentágono lo obligaron a aplicar la doctrina Rumsfeld-Cebrowskidel grupúsculo de neocons enquistados alrededor del American Jewish Committee.
Fue así que John Bolton, hoy consejero de seguridad nacional, y Mike Pompeo, ex director de la CIA y actual secretario de Estado, con apoyo de Elliot Abrams, convicto del caso Irán -contras, reactivaron el proyecto del Pentágono para la destrucción de los estados en los países de la cuenca del Caribe, en particular, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Lógica, en que de manera encubierta parecen querer envolver al gobierno reformista nacional-popular de Andrés Manuel López Obrador, si no se disciplina a los dictados de la clase capitalista trasnacional.
Nuestra guerra ajena Carlos Fazio E
n su relación con la administración Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no ve lo duro sino lo tupido. Con velocidad de vértigo y casi sin límite de continuidad, en plena campaña electoral y como parte de un juego diabólico que involucra a mujeres y niños, el protofascista de la Casa Blanca ha venido desplegando una serie de medidas ilegales contra familias de indocumentados en Estados Unidos y el éxodo de refugiados procedentes de países de mierda (Donald Trump dixit), que de facto convirtieron a México en rehén de su xenofóbica política.
En nombre de la seguridad nacional de la república imperial, la nueva guerra de Trump contra indocumentados y migrantes en busca de asilo o refugio no sólo responde a consideraciones político-electorales sino también geopolíticas. Y así como en la coyuntura la alianza antiterrorista impuesta por el secretario de Estado, Mike Pompeo, a Argentina, Brasil y Paraguay, responde a la agenda de política exterior y al timing del calendario electoral estadounidense, la militarización de las fronteras de México, por la Guardia Nacional de López Obrador, también.
En relación con México y los países del Triángulo del Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), la secuencia de las dos últimas semanas siguió la lógica invariable de Washington: campaña de miedo + medidas unilaterales = imposición de políticas de subordinación de los eslabones más débiles de la cadena.
Así, el 11 de julio, vivos todavía los recuerdos sobre la crueldad de la política de separación de familias y las condiciones infrahumanas en los centros de detención de migrantes (herederos directos de los Lagernazis), mediante filtraciones mediáticas de funcionarios del Departamento de Seguridad Interna, se sembró un clima de más terror en círculos de indocumentados con el anuncio de redadas masivas en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, Miami, Atlanta, San Francisco, Baltimore y Denver para el domingo siguiente, cuyo objetivo era expulsar ilegales con órdenes de deportación y detenidos colaterales. Pero el día señalado se anunció que la persecución de indocumentados a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se posponía una semana, lo que extendió la agonía y el pánico.
El 15 de julio, en una decisión unilateral violatoria del derecho y las prácticas internacionales en materia de asilo y refugio −consagradas por la Convención de Ginebra de 1951 y en la propia ley de refugio estadounidense de 1980−, la Casa Blanca emitió una reforma que establece que las personas que no soliciten asilo en los países por los que transitan para llegar a Estados Unidos, serán inelegibles para ese derecho. La regla ejecutiva, que establece un régimen de excepción, afecta a cualquiera que no sea mexicano y entre a Estados Unidos por la frontera norte de México; lo que en la práctica obliga a México a cumplir la función de tercer país seguro, sin los beneficios financieros de un acuerdo formal.
Un día después, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump dijo que le daba un crédito enorme al gobierno de AMLO, por haber hecho un gran trabajo al desplegar 21 mil soldados en la frontera con Estados Unidos y otros 6 mil ante la de Guatemala. Y con un dejo de ironía, agregó: “No esperábamos tanto (…) Lo hace porque amenazamos con aranceles (…) Me alegro, estoy muy contento”.
El 21 de julio, cuando el procónsul Pompeo llegó a México para evaluarlos primeros 45 días del acuerdo del 7 de junio en Washington con Marcelo Ebrard (el de refugiados por aranceles), ya no había materia; el acuerdo era letra muerta. La vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo que su jefe agradeció a Ebrard los esfuerzos por aplicar la ley migratoria mexicana que sugerían indicios iniciales de una reducción de los flujos de indocumentados. Ergo, la militarización de las fronteras mexicanas funciona, pero las condiciones habían cambiado. Por eso, el lunes 22, entrevistado por la cadena Fox News, tras celebrar el despliegue de militares en la frontera sur de México, Pompeo dijo que faltaba más por hacer y que ahora, por razones de seguridad nacional, el objetivo es llegar a cero detenciones de migrantes que ingresen de forma irregular a suelo estadunidense.
El 23 de julio, la administración Trump anunció que, ipso facto, agentes del ICE podían ordenar la deportación inmediata (o retiro expedito) de cualquier extranjero ingresado ilegalmente al país, sin intervención judicial. Según el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, las deportaciones aceleradas son un nuevo intento por frenar la crisis actual en la frontera sur.
Así, 48 horas después la pinza constrictora apretaba a Guatemala, y Trump le arrancaba al gobierno de Jimmy Morales la firma de tercer país seguro. Como escribió Agustín Gutiérrez Canet −consorte de la embajadora mexicana en Washington, Martha Bárcena−, en los hechos, Estados Unidos está imponiendo su voluntad a México y Centroamérica, sin tener que negociar tratados migratorios con sus vecinos del sur.
En rigor, subordinado a los lineamientos geopolíticos y de seguridad hemisférica del gobernante de Estados Unidos, tras las pasadas guerras contra el comunismo, las drogas y el terrorismo, México ya libra otra guerra ajena.