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"México, abierto al escrutinio mundial por desapariciones"

Alonso Urrutia

La Jornada

15 de noviembre 2021

Para 2013, las cifras de desapariciones ya se proyectaban como alarmantes: 26 mil personas, herencia de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Ante la gravedad de la situación, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) requería entonces a México formalizar una invitación para visitar el país. Renuente, la pasada administración negó esa solicitud en dos ocasiones, incluso en 2017, cuando se hizo un llamado “enérgico” a admitirla.


Hoy, a instancias del gobierno federal, comienza la visita oficial de expertos del organismo internacional, la primera que éste realiza en el mundo. La delegación dará una conferencia el 26 de noviembre.

En este periodo el CED continuó sus evaluaciones a México: en 2015, cuando sumaban 29 mil 203 desaparecidos (según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro) se emitieron las primeras recomendaciones; en 2018, el crecimiento incesante disparó la cifra a 69 mil 556, mientras la renuencia mexicana se mantuvo, pese al “enérgico” llamado del CED, que emitió nuevas observaciones.

El reciente reporte del Sistema Nacional de Búsqueda contabiliza 94 mil 406 personas no encontradas, pero además existe el reconocimiento oficial de que hay una crisis de derechos humanos.

Paralelamente, según Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que presentó ante el CED el primer caso mexicano de desaparición, el país ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo. Con cerca de mil casos, sólo está detrás de Irak.

Los encuentros con autoridades y fiscalías federales y de 12 estados, así como con colectivos de víctimas, tienen como precedente el diagnóstico sobre México del CED en 2018:

“El Comité lamenta profundamente que se mantenga una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio y que imperen la impunidad y la revictimización. El Comité observa con preocupación la falta de datos confiables sobre desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificar y fosas clandestinas sin atención adecuada. Hay obstáculos para la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones.”

A tres años, los colectivos de víctimas mantienen esos reclamos, a pesar del viraje oficial para admitir la supervisión internacional y la competencia del CED para casos individuales. La consolidación de un nuevo marco legal e institucional rodea la visita, aunque aún es insuficiente, estiman organizaciones civiles.