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Mafias inmobiliarias, pescadores a la deriva y megagranjas impunes en Yucatán

Pie de página. 4 septiembre, 2023


Los intentos de despojo de tierras, la contaminación de las porcícolas y el abandono de comunidades que sufren daños socioambientales se han vuelto una constante en el estado que gobierna Mauricio Vila


Texto y fotos: Patricio Eleisegui


YUCATÁN. – “Yo soy esposa de Neftalí Quijano Moguel, la persona a la que más golpeó la policía, al punto que tuvo que ser trasladado al Hospital General O’Horán en Mérida para ser atendido. Estuvo tres días internado y aún estamos esperando los resultados de las numerosas pruebas médicas que le han hecho. Él solamente quería atender a los animales que tenemos en nuestro terreno, pues de otra forma se iban a morir de hambre y sed, pero la policía le negó el acceso y le golpeó violentamente. Le dieron golpes y patadas en todo su cuerpo y luego se lo llevaron sin notificarnos. Le sacaron del pueblo por un camino secundario. Yo pregunto a las autoridades estatales y municipales, ¿ellos piensan que vamos a aceptar ser esclavos de nuevo en nuestra propia tierra? Ancestralmente estas tierras son nuestras, ya basta de que estemos agachados ante tanta agresión. Peleo por mis hijos y mis nietos, puede que hayan golpeado a mi esposo, pero yo voy a seguir aunque nos maten”.


Pronunciadas por Antonia Trinidad Cisneros Correa, habitante del municipio de Ixil –distante 30 kilómetros de Mérida, la capital de estado–, estas palabras ilustran sin eufemismos el nivel de represión y atropello de derechos y libertades individuales que sufrieron las y los vecinos de la comunidad maya a mediados del mes pasado. Desde hace más de un año, Ixil y sus tierras ejidales y de uso común se volvieron la obsesión de los Abimerhi y los Millet, dos familias acaudaladas de Yucatán que buscan apropiarse de más de 320 hectáreas de lotes comunales para el lanzamiento de proyectos inmobiliarios de lujo.


El cenit de este avasallamiento tuvo lugar durante la mañana del 17 de agosto, momento en que un pelotón integrado por más de 300 policías del estado interrumpió completamente el paso por la calle que más utilizan las y los campesinos para llegar a sus tierras. Ese día, la población de Ixil fue víctima de golpes, gases y apedreadas propinadas por los uniformados sólo por intentar acceder a terrenos donde las familias ejidatarias crían sus ganados, pollos y gallinas, y siembran elotes, cebollitas o cilantro.


“Ya es la segunda vez que las familias Abimerhi y Millet nos intentan despojar de estas tierras con ayuda de la policía estatal. El 4 de agosto de 2022 ya lo intentaron pero el pueblo les impidió el acceso. Todo el pueblo sabe que estas son tierras de la comunidad, tenemos los documentos que lo prueban. Como el año pasado no pudieron despojarnos, este año regresaron con una fuerza de invasión en toda regla”, dice Luis David Quijano Pool, ex comisario ejidal de Ixil.


Ejidatarios, entre el despojo y los matones


El blindaje policial al despojo que buscan llevar a cabo los Abimerhi y los Millet, dos familias de Yucatán con protagonismo en el negocio de las gasolineras, las grúas y los talleres mecánicos, y la industria del vidrio, continúo más allá de la jornada del 17 y agosto concluyó con postes y alambradas que, colocadas con total ilegalidad a lo largo de varios kilómetros, impiden hasta hoy el acceso a los lotes de uso común a cientos de familias.


Los Abimerhi y los Millet alegan disponer de documentación que acreditaría la posesión de esas hectáreas, pero tanto las y los vecinos de Ixil como los representantes de organizaciones que participan de la defensa legal de la comunidad denuncian la circulación de papeles fraudulentos e ilegítimos y la invocación de permisos inexistentes.


“Trajeron un grupo de personas ajenas a la comunidad y los metieron en esos terrenos para amedrentar a los campesinos. Estuvieron entrando en los predios cultivados por la comunidad, y se robaron herramientas de trabajo. Las fuerzas policiales están metiendo a ladrones en nuestro territorio, a amenazar y robar a los campesinos”, denuncia Jorge Yam Ek, otro poblador.


La comunidad en resistencia no duda en señalar a Alejandro Escoffié y Rafael Acosta, empresario y abogado con peso en los círculos de inversionistas que en la actualidad tienen la mira puesta en Yucatán, como los grandes responsables de la comercialización ilegal de tierras en ese municipio. Y también destaca el vínculo existente entre el gobernador panista Mauricio Vila y la familia Millet, mencionada como contribuyente permanente de las campañas del político por organizaciones de la talla de Fundación Yansa.


La situación que transita Ixil es representativa de los intentos de quitas de tierras comunitarias para aprovechamiento inmobiliario que comenzaron a multiplicarse en Yucatán en años recientes. Situado a poco más de 50 kilómetros de Mérida, Kinchil es otro municipio que sufre acciones de despojo por efecto de empresarios dedicados a la compraventa de lotes que buscan apropiarse de 5 mil hectáreas ejidales.


“Nuestro ejido está en la ruta Mérida-Celestún y por lo mismo es ambicionado por inmobiliarias, industrias extractivas como granjas de cerdos y avícolas e industrias de toda clase. Ahora mismo nos están intentando despojar de casi 5 mil hectáreas que los kinchileños han trabajado desde que se creó el ejido en 1937 por decreto presidencial”, explicó recientemente Federico de Jesús May Cuitún, productor local de chile habanero orgánico.



“Se dice que los empresarios que pretenden robar estas tierras son Armando Ceballos Chávez y Rodrigo Vega Espinosa, entre otros, quienes cuentan con la complicidad de las autoridades ejidales de Tetiz. Las numerosas familias de campesinos y apicultores afectados están organizándose para defender el territorio de Kinchil, ya que de perderlo se destruirá y contaminará”, agregó.



Santa María Chi y la mega granja de los Loret de Mola


La comunidad maya de Santa María Chi, distante 20 minutos del centro de Mérida, se ha vuelto otro epicentro de la lucha popular contra la contaminación que generan las mega granjas porcícolas en Yucatán. La población sufre los efectos del desastre ambiental que, desde hace más de 15 años, genera la firma San Gerardo, propiedad de la familia Loret de Mola, y su instalación dotada con más de 43 mil cerdos.


Las enfermedades pulmonares, el olor nauseabundo, las excretas que navegan las banquetas en épocas de lluvia y el agua peligrosa para la salud, forman parte de la cotidianeidad de un pueblo que, sobre todo de mayo a esta parte, padece amedrentamientos continuos por parte del personal de la factoría de cerdos e, incluso, la persecución judicial de sus líderes comunales.


Las calles breves de esa comunidad de 500 habitantes son recorridas prácticamente a diario por camionetas que emergen de la mega granja y trasladan a personal que filma y fotografía a las y los vecinos que se reúnen o circulan en torno al campamento que, desde hace más de tres meses, los habitantes montaron muy cerca de una de las entradas de San Gerardo para exponer el rechazo a la porcícola.


Cada jornada, el personal de los Loret de Mola patrulla los caminos públicos con el objetivo de desarticular cualquier potencial registro del daño ambiental que la compañía ejecuta en las más de 220 hectáreas que controla junto al pueblo. A fines de junio, empleados de la empresa incluso pusieron a circular entre vecinas y vecinos la versión de que tenían órdenes de disparar contra cualquier individuo que resulte detectado en terrenos bajo dominio de la compañía. Y que igual suerte correría todo dron que se atreviese a sobrevolar la mega granja.


Pero esta presión asfixiante sobre las y los vecinos en lugar de multiplicar el temor no ha hecho más que acentuar la unidad y el espíritu de lucha de la comunidad, que mantiene activo el funcionamiento del campamento de protesta y no ha dejado de promover actividades sociales, además de estrechar lazos con otros pueblos contaminados por las porcícolas, con el objetivo de incrementar la visibilidad de la afectación socioambiental que sufre la población.


Durante la mañana del pasado 18 de agosto, los habitantes de Santa María Chi se desayunaron con la novedad de que San Gerardo finalmente cerró el acceso que conectaba de forma directa a la mega granja con el pueblo. La compañía respondió así a un pedido de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, que además solicitó se coloquen árboles y otras plantas para conformar una suerte de barrera natural que reduzca de alguna manera el hedor que, proveniente de la instalación de cerdos, respira la comunidad de forma permanente.


Claro que la clausura de la entrada no implicó en absoluto el fin de la actividad contaminante de la porcícola. Tras el cierre de la entrada, y según lo dispuesto por Desarrollo Sustentable, la firma obtuvo el permiso para seguir moviendo sus cerdos a través de otro ingreso que San Gerardo construyó en cuestión de pocas semanas y previa nueva depredación del monte nativo. La empresa de los Loret de Mola, reconoce la comunidad, continúa afectando el ambiente y la salud pero ya sin tener encima la mirada de los organismos de control.


Abandono a los pescadores de Sisal


Otro frente de afectación que se mantiene abierto en Yucatán corresponde a Sisal y sus familias de pescadores, perjudicadas gravemente por los daños ambientales que motivó el encallamiento del buque italiano Gran Senegal ocurrido en la última semana de julio. El atascamiento de la embarcación originó la destrucción de al menos 800 metros del arrecife Madagascar –ubicado a 40 kilómetros de la costa–, con impacto directo en la actividad económica de las más de 960 familias que viven de la captura de especies marinas en esa comunidad portuaria.


El 18 de agosto, los pescadores se movilizaron prácticamente en su totalidad hacia la capital de Yucatán para solicitar medidas de reparación del hábitat y ayuda financiera hasta tanto la pesca recupere su volumen habitual. Los funcionarios que asisten a Mauricio Vila respondieron a estos pedidos desligando responsabilidades, ignorando las peticiones entregadas por las familias convocadas en Mérida y haciendo uso de los medios de comunicación cercanos a la Gobernación para deslegitimar el reclamo de los habitantes de Sisal.


“No hubo ninguna intención política de nuestra parte. Sólo buscábamos el apoyo del gobernador y nos dieron la espalda. Nos trataron de vándalos sólo por pedir ser escuchados. Teníamos la esperanza de que el gobernador nos atendiera, algún secretario de gobierno, y al final sólo nos prestó atención apenas un encargado de despacho”, relata Miguel Ek, actual comisario de ese pueblo portuario.


“Casi el 90 por ciento de la población de Sisal se ve afectada por lo que pasó con el barco y el daño del arrecife. Llevamos más de una semana con la actividad de pesca paralizada. Al menos 965 familias impactadas en su economía. La gente ahora está tratando de ver cómo se subsiste. Algunos trabajando de mototaxi, otros con emprendimientos familiares. Pero la situación es grave, aparte de que el turismo aún es muy bajo”, detalla.


Ek afirma que la comunidad espera por una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que acercaría compensaciones a los pescadores. “El daño que provocó el barco es millonario aunque todavía no tenemos datos precisos. El 19 de septiembre iremos a Mérida para ver si tenemos una respuesta favorable a nuestras peticiones. Desde el gobierno federal al menos nos escucharon, nos atendieron, así que el diálogo será con ellos. Lamentablemente, ya sabemos que no podemos contar con el gobierno del estado”, confiesa.


Para enseguida concluir: “Esperamos que surja algún ingreso que pueda permitirnos el sustento de aquí a fin de año. La afectación del arrecife demorará años en recuperarse y mientras atravesaremos una situación económica difícil. Aguardamos por una compensación tras los daños generados. Vivimos una realidad difícil que parece no tiene importancia para las autoridades del estado, que al no recibirnos o escuchar lo que estamos padeciendo no hacen más que demostrar que se han olvidado del pueblo”.


Pie de Página: Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

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