Alejandra Ávila
Una de las consecuencias más terribles del modelo económico neoliberal, a lo largo de los últimos años, es la proliferación de proyectos mineros a gran escala que destruyen ecosistemas y violan los derechos de comunidades rurales a lo largo y ancho del territorio mexicano. Las actividades mineras arrasan los paisajes y todo aquello que los habite, un ejemplo es la minería de oro, es sumamente contaminante ya que, para extraer el oro de las piedras, se utilizan y se generan químicos peligrosos que pueden envenenar el agua de la región, además de utilizar toneladas de explosivos diariamente, con efectos muy nocivos sobre la biodiversidad. Entre estos químicos sobresalen el cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo, mercurio y otros metales pesados que tienen impactos dramáticos en la salud de los humanos y en el ecosistema.
Tras el proceso de extracción y molienda, los minerales de bajo valor económico son colocados en terrazas dentro del sitio minero. La alta suspensión de partículas finas de polvo (que pueden contener elementos potencialmente tóxicos para el ser humano y demás seres vivos) en el aire genera un ambiente hostil y tóxico para los trabajadores y los residentes circundantes al sitio minero. Estas partículas de polvo se consideran un riesgo para la salud, y están asociadas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Es por ello que las comunidades se organizan para frenar estos proyectos, dan cuenta de la generación de residuos, el abandono de los lugares destrozados una vez que el proyecto se acaba, muestran la escasez de agua mientras las minas utilizan y contaminan miles de litros del líquido, y exhiben la miseria de los habitantes de las comunidades, para quienes la extracción de minerales no genera ninguna bonanza local. A continuación, se habla de algunos casos:
Pese a que desde 1993 la zona de Cerro de San Pedro fue decretada como zona de protección de la vida silvestre y a pesar de la férrea oposición de la mayoría de sus habitantes a la posibilidad de que se abriera un tajo a cielo abierto en su comunidad, esto no impidió que la Minera San Xavier iniciara actividades formalmente en 2007. El proceso de litigio de los ciudadanos para frenar este megaproyecto extractivo en San Luis Potosí duró más de 10 años, en los que la ciudadanía logró tres victorias en los tribunales, pero destruyeron todo el medio ambiente, hasta el cerro que era el símbolo en el escudo de San Luis Potosí y todavía sigue trabajando la minera canadiense.
La compañía Cales y Morteros del Grijalva opera dentro de los márgenes territoriales del Parque Nacional Cañón del Sumidero, uno de los patrimonios naturales más importantes de Chiapas. Ha sido denunciada en repetidas ocasiones por la violación del derecho humano a un medio ambiente sano. De acuerdo con la Semarnat, las operaciones de Cales y Morteros del Grijalva emiten grandes cantidades de gases y polvos a la atmósfera, producto del manejo de la piedra caliza. Los vecinos, lugareños de la Rivera Cachuaré, han señalado que la Profepa ha implementado 20 procedimientos administrativos en contra de la empresa; detecta irregularidades, multa y sanciona, pero no retira la licencia. Así, el paisaje se encuentra destruido, la tierra erosionada y el suelo contaminado.
Otro caso es los representantes legales de la Organización Familia Pasta de Conchos, y mujeres activistas acuden al municipio de San José Cloete para registrar la problemática e irregularidades de los trabajos clandestinos para la extracción de carbón en el estado de Coahuila. En el 2006, en la región de Nueva Rosita, 65 trabajadores mineros quedaron atrapados y muertos en la mina Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México. Este lugar había sido reportado desde el año 2000 por sus malas condiciones de seguridad. A pesar de la indignación generalizada, la empresa decidió no rescatar los cuerpos de los trabajadores, que hasta la fecha continúan sepultados en los escombros. Esta tragedia tampoco llevó a que se le retirara a la empresa Grupo México la licencia de operación. Para Esquivel (2013), las empresas mineras mexicanas gozan de muchos privilegios fiscales. Por ejemplo, el Grupo México, de Germán Larrea (considerado el segundo hombre más rico del mundo, después de Carlos Slim), pagó únicamente el 3.9% de impuestos en relación con sus ventas y obtuvo 7 198 millones de pesos en impuestos diferidos en 2008, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Esquivel, 2013). Así mismo, Esquivel (2013) refiere que las mineras Frisco, de Carlos Slim, y Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres, gozan de estímulos fiscales muy generosos por parte del Gobierno federal.
La minería no contribuye de manera sustantiva al desarrollo de las comunidades en cuyos territorios se instala. En los municipios productores de oro, el 50% de la población está en condiciones de pobreza y el 24 % no cuenta con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica.