Pablo Moctezuma Barragán
El presidente López Obrador va a proponer la reforma constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad tenga asegurada una participación de 54% en la generación de electricidad.
En marzo pasado se hizo una reforma a una ley para enfrentar el problema, pero los jueces apoyaron los amparos de corporaciones privadas y otorgaron suspensiones a la ley.
La privatización eléctrica ha sido uno de los amargos frutos del neoliberalismo.
El 15 de junio el presidente López Obrador afirmó que no deseaba emprender una reforma constitucional en materia eléctrica para revertir la reforma energética aprobada en el pasado sexenio. Sin embargo, indicó que los amparos que jueces otorgaron a la reforma legal que emprendió su gobierno, lo orillaron a tomar esa decisión. Se manifestó por “Una (reforma) que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron por destruir a la CFE para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras.
Necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media, que las grandes corporaciones, porque así está ahora", dijo.
Antes tras la nacionalización de la industria eléctrica en el año 1960, el sexto párrafo del artículo 27 constitucional determinó la exclusividad de la nación de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. Esa medida complementaba la nacionalización petrolera para tener el control de los energéticos estratégicos.
La constitución garantizaba la soberanía energética clave para el desarrollo de México, porque es el motor de la economía, mueve toda la producción y distribución. Es estratégico para la soberanía económica, sin la cual la no existe la soberanía política
Es la llave de la economía y debe pertenecer a la nación, no vas a entregar las llaves de tu casa a un vecino, el dueño las conserva. La generación eléctrica mueve a la economía y debe ser controlada por el sector público. No por corporaciones privadas que usan las necesidades básicas de la gente para hacer negocio, acumular ganancias, ganar control sobre nuestra economía y control político para favorecer sus intereses. Además, utilizan las instalaciones de la nación sin pagarlas y disfrutan de subsidios que deberían ser para la población.
La reforma de marzo y la constitucional que propone el ejecutivo da prioridad en el despacho de las centrales eléctricas a la energía producida por las hidroeléctricas, en segundo lugar, a la energía generada en otras plantas de la CFE y luego a las generadas por las corporaciones particulares. Pero estas usan a los jueces para seguir manteniendo sus privilegios
Hay un decreto de Protección Civil para generar la energía hidroeléctrica necesaria a fin de evitar el desfogue excesivo de las presas que causa inundaciones, como el año pasado en Tabasco. Pero en contra se amparan los consorcios privados y extranjeros. Las suspensiones otorgadas por un juez en contra la Ley de la Industria Eléctrica pone en riesgo de inundaciones a Tabasco, ahora que se acerca la temporada de lluvias, debido a que se sigue privilegiando el despacho de energía proveniente de las centrales privadas, y a consecuencia las hidroeléctricas no trabajan a toda su capacidad. Por privilegiar a corporaciones para que sean ellas las que inyecten primero a la red de trasmisión.
Además, no pagan la red, se cobijan en centrales de autoabasto con miles de socios de paja incluyendo a las empresas más importantes. Al usar las instalaciones de la empresa estatal para su provecho y vender el fluido caen en competencia desleal obtienen tarifas más atractivas y venden electricidad a terceros disfrazándolos de “socios” es el caso de Oxxo, Femsa o Walmart.
Esta política comenzó con Salinas de Gortari en 1992 y se disparó con Felipe Calderón. Carlos Salinas de Gortari reformó la ley de servicio público de la energía eléctrica, para abrir puertas a la inversión privada en la generación de electricidad, productores independientes de energía, Calderón se dispararon las sociedades de autoabasto, integrado por socios “patito” para cometer fraude a la ley.
“Actualmente son 223 centrales de autoabasto con 72,656 socios de paja, como no pagan la red las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red, como son las grandes empresas no pagan la red, se acomodan en las sociedades de autoabasto, un fraude a la ley”, reveló el director general de la estatal eléctrica Manuel Bartlett, “aunque sea ilegal, aunque sea un delito, no pagan la red, a costillas del Estado, del pueblo de México, 76,000 clientes fingidos, servidos por la CFE están ahí encantados no pagando la red”.
Es escandaloso el subsidio de la CFE que desde 2015 a 2020 a empresas privadas suma 471 mil millones de pesos. En 2020, Oxxo, Walmart y Bimbo dejaron de pagar mil 100 millones de pesos por subsidios a la luz. Oxxo recibe susidio de 26 mil pesos para electricidad por tienda.
En agosto de 2020. La farmacéutica alemana Bayer dio a conocer que suscribió un contrato en México con la energética española Iberdrola para abastezca electricidad a sus cuatro plantas del país y más de 20 centros de operación. Con ese acuerdo, dejará de consumir paulatinamente energía de la CFE. Por otro lado, Felipe Calderón auspició la entrega de la industria eléctrica a empresas extranjeras, compraba gas a España, proveniente de Perú, mientras quemaba el gas mexicano. Por otro lado, Mexichem, Grupo México y Minera Autlán buscarán alianzas estratégicas con empresas desarrolladoras, como Alstom y Siemens, para poner en marcha proyectos que les permitan satisfacer sus necesidades de electricidad y vender sus excedentes a terceros. También se ha denunciado que la empresa de origen italiano opera en el país violando la ley; ya que cuenta con sociedades simuladas de autoabasto de energía eléctrica, como afirmó Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Felipe Calderón como premio por beneficiarlos es consejero AVANGRID, Filial de Iberdrola, y su secretaria de energía Georgina Kessel es consejera y accionista de Iberdrola, como lo son tantos funcionarios de los gobiernos del PRI y el PAN que sirvieron a las corporaciones como Córdova Montoya jefe de la Oficina de Presidencia de Salinas quien es dueño de la empresa Proveedora de energía SA de CV, Jesús Reyes Heroles exsecretario de energía ha participado en empresas como Energy Intelligence Group, Stanley Energy Partners y Mitsui de México, Carlos Ruíz Sacristan, ex secretario de Comunicaciones con Zedillo es director general de IENOVA y participó en los contratos leoninos de los ductos, Luis Téllez, exsecretario de Energía de Zedillo es asesor de KRAVIS ROBERTS CO, Alfredo Elías Ayub, Director General de CFE con Zedillo, Fox y Calderón es asesor independiente de AVANGRAD. Todos ellos desde el poder favorecieron los intereses privados sobre los del Estado y la población y una vez fuera del poder son reclutados por quienes siempre han sido sus verdaderos patrones.
Hoy se busca cumplir con el compromiso de no aumentar las tarifas de energía eléctrica, para lo cual se necesita que la CFE se afiance en su papel rector en el suministro y en la producción de energía eléctrica, por encima de los privados. Es crucial parar el desmantelamiento de las empresas del Estado como Pemex y CFE, basta ya de compras de chatarra de contratos leoninos y de tratos con empresas fantasma, ha sostenido el presidente López Obrador.
Las reformas energéticas privatizadoras aprobadas desde Salinas a Peña Nieto, no son reformas, sino contra reformas. La constitución en su artículo 135 autoriza las reformas o sea la modificación de una ley para mejorarla. Pero no para quitar derechos. Los artículos 27 y 28 de la constitución han sostenido que el sector energético debe ser propiedad de la nación y el Estado demostró durante décadas capacidad en la producción de energéticos. El artículo 136 dice que la constitución es inviolable y que si un mal gobierno interrumpe su observancia contrariando sus principios, al recobrar el pueblo su libertad se restablecerá su observancia.
Es hora de reestablecer el derecho a la soberanía energética y que nuestra constitución recobre sus planteamientos originales basados en poner el interés del pueblo por encima del de las corporaciones.
México y su pueblo hemos sido despojados sistemáticamente durante el neoliberalismo, por gobiernos espurios al servicio del extranjero. Es hora de recuperar todo lo que nos han arrebatado y avanzar hacia la nacionalización de la industria eléctrica y la renacionalización del petróleo para asegurar la soberanía energética, y con ella la soberanía económica y política. En los días que corren nos quieren integrar en la “región norteamericana” para que nos sometamos a una relación inequitativa y asimétrica con una economía, la de EU, 15 veces más grande que la nuestra, terminemos de perder nuestra soberanía, y someternos a la dependencia del prepotente imperio Yanki. No olvidemos que EU ya nos robó más de la mitad del territorio en el siglo XIX y ahora busca controlarnos totalmente, poseer nuestras riquezas y nuestra mano de obra. El neocolonialismo está más agresivo que nunca. Hay que llevarnos bien con los vecinos, pero cada uno, en su casa, con independencia y autosuficiencia. Cada quien, solucionando sus propios problemas, en una relación de amistad, no de sujeción. Defendamos nuestra soberanía, el presidente Fox firmó el ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte) con Bush en 2005 para integrar seguridad y energéticos. Esa fue una traición que debemos revertir.
La soberanía energética es crucial, se juegan grandes intereses, por un lado, los de México y su pueblo y por el otro los de las corporaciones y las insaciables potencias extranjeras.
DR. MIGUEL REYES, DIRECTOR GENERAL DE CFENERGÍA