Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos

“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Granma 21 de junio de 2021

El presente documento contiene una actualización de las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América (EE. UU.) contra Cuba, y abarca esencialmente el período comprendido entre abril y diciembre de 2020.


Durante esta etapa, el bloqueo continuó siendo el eje central de la política del gobierno de los EE. UU. respecto a Cuba, que de modo oportunista se recrudeció en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el curso del presente año este sistema de medidas coercitivas unilaterales ha permanecido intacto, con severas afectaciones sobre los esfuerzos nacionales para contener la pandemia y paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la misma.

Cuba vive hace 60 años bajo el asedio de un virus tan feroz como el que hoy azota a la humanidad. En sus seis décadas de aplicación, el bloqueo ha sido recrudecido en los momentos de mayor vulnerabilidad para el pueblo cubano. Arreciarlo en el contexto actual obliga a nuestro país a luchar contra la mayor pandemia en décadas y contra el sistema de medidas coercitivas más largo y abarcador de la historia. No existe justificación alguna para tamaña crueldad.

El gobierno de los Estados Unidos identificó en la crisis generada por la COVID-19 una aliada para su política hostil contra Cuba. La aviesa intención de fortalecer el bloqueo en esta coyuntura revela su particular rostro inhumano y el marcado interés de aprovechar la recesión económica que acompaña a la pandemia para promover inestabilidad social y rendir al pueblo cubano por hambre, carencias y necesidades.

El bloqueo es real y es el principal escollo para avanzar en la búsqueda de la prosperidad y bienestar de la población cubana. Desconocer su existencia sería no solo faltar a la verdad, sino también insultar a un pueblo que no ha conocido otro paradigma de desarrollo que aquel marcado por el más cruento bloqueo aplicado contra país alguno.

A precios corrientes, los daños acumulados en casi seis décadas de aplicación de esta política ascienden a 147 mil 853,3 millones de dólares. Tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 1 billón 377 millones 998 mil dólares. Solo entre abril y diciembre de 2020, esta política causó pérdidas a Cuba en el orden de los 3 mil 586,9 millones de dólares, lo que asciende a un total de 9 mil 157,2 millones de dólares si se considera el período de abril de 2019 a diciembre de 2020.

El impacto psicológico que generan tales afectaciones en el contexto de la COVID-19 rebasa con creces cualquier cifra. No es posible contabilizar la angustia de un cubano que no puede acceder a un medicamento específico porque una entidad estadounidense se negó o se le prohibió enviar los insumos necesarios para su producción. No se puede medir la impotencia que causa la imposibilidad de materializar donativos y compras realizadas en el exterior para enfrentar la pandemia porque las compañías involucradas en su transportación cuentan con una sociedad estadounidense como accionista y temen ser objeto de medidas punitivas. No hay método que cuantifique el riesgo que implica realizar una transacción en concepto de importación de alimentos, que podría ser congelada o denegada por una entidad extranjera que no desea verse sometida a multas millonarias por no acatar las arbitrarias leyes estadounidenses. No hay manera de justificar la desesperación de un ingeniero que no puede obtener los softwares que necesita para su actividad profesional.

Durante el gobierno de Donald Trump, se aplicaron 243 medidas coercitivas unilaterales contra Cuba; de ellas, 55 solo en 2020, las que sobresalieron por su sistematicidad e intencionalidad. A este régimen coercitivo, se añaden los efectos disuasivos e intimidatorios asociados a la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo en enero de 2021. Esta acción unilateral y políticamente motivada incrementa las dificultades del país para insertarse en el comercio internacional con actuales y potenciales socios, realizar operaciones financieras y adquirir insumos básicos. Constituye un escollo significativo para enfrentar adecuadamente las consecuencias económicas y sanitarias de la pandemia y una burda ofensa hacia un país que ha sido víctima del terrorismo financiado, organizado y ejecutado en la mayoría de los casos desde Estados Unidos.

De abril a diciembre de 2020, el gobierno estadounidense obstaculizó deliberadamente la importación de insumos necesarios para enfrentar la COVID-19. Ello se evidenció, por ejemplo, el 18 de noviembre, cuando el Departamento de Transporte denegó, por indicación del Departamento de Estado, una solicitud de las aerolíneas IBC AIRWAYS, INC. y SKYWAY ENTERPRISES, INC para operar vuelos a Cuba con carga humanitaria.

El alcance extraterritorial del bloqueo ha continuado obstaculizando el acceso de Cuba a tecnologías médicas con más de un 10% de componentes provenientes de los EE.UU., así como la obtención de más de 30 productos e insumos que se requieren con urgencia para los protocolos de prevención y tratamiento de la COVID-19.

Esta política impide que Cuba acceda a rutas logísticas de transportación más rápidas y expeditas, lo que obliga a trasladar las cargas con suministros médicos por varios países con un elevado costo adicional. Se une, además, la creciente negativa de instituciones financieras y bancarias en diversos países a tramitar operaciones con Cuba, lo que ha impedido realizar oportunamente las transacciones financieras con los proveedores de los insumos adquiridos, así como la ejecución de donaciones ofrecidas por diferentes organizaciones para el enfrentamiento a la pandemia.

Se destaca el caso de las empresas alemanas SARTORIOUS y Merck, así como Cytiva y otros proveedores habituales de material de laboratorio, reactivos e insumos, que debido al recrudecimiento del bloqueo detuvieron sus suministros hacia Cuba en 2020. En el período, el país no pudo acceder a un total de 32 equipos e insumos relacionados con la producción de candidatos vacunales contra la COVID-19 o con la ejecución de etapas que permiten la culminación de los estudios clínicos de la vacuna, entre estos, equipamiento para la purificación de los candidatos vacunales, aditamentos para equipos de producción, tanques y cápsulas de filtración, solución de cloruro de potasio, timerosal, bolsas y reactivos.

Cuba debió recurrir a otros proveedores como intermediarios, lo que supuso un incremento de precio, el que osciló entre el 50 y el 65 por ciento del establecido históricamente, dada la imposibilidad de contratar directamente al fabricante.

Ello afectó la labor de varias entidades de la industria biofarmacéutica cubana, incluidos el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Instituto Finlay de Vacunas, la Empresa Laboratorios AICA y la Empresa Exportadora Importadora FarmaCuba, vinculadas directamente a los esfuerzos del país por enfrentar la pandemia.

Como consecuencia, las afectaciones al sector de la salud ascendieron a 198 millones 348 mil dólares entre abril y diciembre de 2020. Esta cifra, si bien abarca un periodo de tiempo más corto (solamente 9 meses), supera en 38 millones la reportada entre abril de 2019 y marzo de 2020.

La prolongación de la campaña de descrédito contra la cooperación médica que Cuba ofrece resultó particularmente perversa e inmoral en este contexto. Limitar la posibilidad de que terceros países puedan beneficiarse de productos farmacéuticos, biotecnológicos y tratamientos desarrollados en Cuba, es inhumano y opuesto al reclamo de cientos de instituciones y personalidades estadounidenses que abogaron en 2020 por los intercambios científicos con Cuba. Aquellos que intentan mancillar la labor de los más de 400 000 colaboradores de la salud que, en 56 años, han cumplido misiones en 164 naciones, chocan ineludiblemente con el peso de la verdad y con la huella imborrable que en 40 países y territorios han dejado las 57 brigadas médicas cubanas en su lucha contra la COVID-19.

El acceso a la salud es un derecho humano. A pesar de su impacto indiscutible y abrumador, el bloqueo de los EE. UU. no ha podido quebrar las bases del sistema nacional de salud construido en Cuba, que es de calidad, universal y gratuito. El país ha asegurado los protocolos de atención a los contagiados y sospechosos de la COVID-19, la realización de pruebas PCR libres de costo, la puesta en marcha de laboratorios de biología molecular en todas las provincias y la elaboración de sus propios prototipos de ventiladores pulmonares. Hoy, la nación lleva en sus cinco candidatos vacunales la fuerza de un país que no olvida su historia. No hay bloqueo capaz de opacar estos logros. La verdad nos acompaña; son hechos, no palabras.

Entre abril y diciembre de 2020, las afectaciones a la producción y a los servicios en el sector agropecuario, las trabas en las operaciones monetario-financieras, los costos adicionales por la reubicación geográfica del comercio y otros obstáculos para adquirir tecnologías y combustibles impactaron gravemente la producción y adquisición de alimentos en Cuba, generando afectaciones por un valor de 330 millones 466 mil dólares.

En este período, bajo pretextos artificiales y con el fin de extender el cerco al sistema empresarial cubano, el Departamento de Estado de los EE. UU. amplió en varias ocasiones la “Lista de Entidades Cubanas Restringidas”, con las cuales personas sujetas a la jurisdicción estadounidense tienen prohibido realizar operaciones. Hasta la fecha, el listado comprende 231 empresas, en su mayoría vinculadas a la red de comercio minorista del país, el sistema de abastecimiento de las necesidades más importantes para la economía y la población, todas las instalaciones hoteleras de la nación y varias instituciones del sector financiero.

La inclusión de las entidades FINCIMEX y American International Services (AIS) en junio y septiembre de 2020 respectivamente, y la imposibilidad de tramitar remesas mediante ellas, eliminó los principales canales formales para realizar los envíos. Los efectos de este anuncio, combinados con las restricciones adoptadas previamente, sirvieron de colofón para imponer mayores dificultades a los vínculos entre las familias cubanas en ambos países, ya fuertemente golpeados por la COVID-19.

Los viajes constituyeron también un blanco de ataque recurrente en este período. A las medidas adoptadas en los últimos años, se sumó la suspensión de los vuelos chárter privados a todo el país, excepto a La Habana, cuyas frecuencias fueron también limitadas. Igualmente, se eliminó la autorización a personas sujetas a la jurisdicción estadounidense a asistir u organizar reuniones o conferencias profesionales en Cuba, así como la realización de transacciones relacionadas con actuaciones públicas, clínicas, talleres, exposiciones, competiciones deportivas y de otro tipo. Consecuentemente, se reforzaron las restricciones en estas esferas, que habían sido un ejemplo de relaciones respetuosas y productivas entre ambos países.

La prohibición del arribo de cruceros estadounidenses a Cuba desde 2019, las restricciones a los vuelos, la eliminación de las vías expeditas para el envío de remesas, la suspensión del programa de reunificación familiar, así como el cese de los servicios consulares en el territorio nacional y su ubicación en terceros países, han impactado esencialmente al pueblo cubano.

En particular, los perjuicios de estas medidas sobre el sector no estatal han sido notorios. Numerosos transportistas, arrendadores de viviendas, artesanos, trabajadores de los servicios gastronómicos, entre otros, no solo han visto afectados sus ingresos, sino, además, sus posibilidades de acceder a financiamientos e insumos materiales para el sostenimiento de su actividad económica que, en 2020, agrupaba al 13% de la población laboralmente activa (600 mil personas).

Actualmente, permanecen vigentes 34 procesos judiciales al amparo del Título III de la Ley Helms- Burton, sobre la base del cuestionamiento del legítimo proceso de nacionalizaciones desarrollado por el gobierno cubano en la década del 60. La activación de este Título persigue atacar desde todos los frentes posibles las genuinas relaciones económicas del país, sembrando suspicacia en la comunidad empresarial internacional respecto de sus relaciones con Cuba. En esta Ley está también la génesis del programa de subversión política financiada por el gobierno estadounidense contra nuestro país.

En los últimos años, la persecución financiera se ha convertido en una despiadada cacería, perjudicando nuestras transacciones con terceros países, nuestra capacidad de pago y cobro y la posibilidad de acceder a créditos. Solo entre abril y diciembre de 2020, las afectaciones monetario-financieras alcanzaron los 404,2 millones de dólares, cifra que representa un incremento del 42% con respecto a la reportada en el período abril 2019-marzo 2020.

En particular, ha persistido la imposición de medidas coercitivas por parte de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. a entidades estadounidenses y de terceros países por supuestas violaciones del bloqueo. Entre 2017 y 2020, el monto total de estas penalizaciones ascendió a unos 3 mil 761 millones 876 mil 629 dólares.

Otro sector sensiblemente afectado ha sido el de las telecomunicaciones. Las modificaciones a las “Regulaciones para el Control de las Exportaciones” en virtud de la designación de Cuba como “adversario extranjero” por el Departamento de Comercio en 2020, implicó el recrudecimiento de los controles a la exportación de tecnologías asociadas a este sector. Estas trabas, junto a las impuestas en los últimos 4 años, coartan el flujo de información y la masificación del acceso a Internet en Cuba, dificultan y encarecen la conectividad, y condicionan la entrada de los usuarios cubanos a diversas plataformas virtuales. El impacto del bloqueo en esta esfera ha obstaculizado acuerdos previamente establecidos, como el proyecto de alquiler de capacidad de cable submarino entre ETECSA y la compañía CABLE & WIRELESS NETWORKS. Esta última solicitó la licencia requerida a la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. en septiembre de 2018, y en octubre de 2020 retiró dicha solicitud, dado que aún no había sido respondida.

La cancelación de cuentas de medios de comunicación cubanos en varios sitios digitales ha sido también recurrente. En agosto de 2020, cuando Cuba se disponía a anunciar su primer candidato vacunal contra la COVID-19, la compañía Google censuró los perfiles en YouTube de los medios Granma, Mesa Redonda y Cubavisión Internacional, alegando supuestas infracciones de las leyes de exportación estadounidenses.

Durante la pandemia se han rechazado ofertas para la ejecución de cursos a distancia y la participación en eventos online, debido a que varios sitios de videoconferencias se encuentran bloqueados para nuestro país, como es el caso de Cisco Webex y Zoom. Lo anterior ha obstaculizado también la presencia de Cuba en reuniones virtuales convocadas por organismos internacionales, incluidos del sistema de Naciones Unidas.

En medio de esta vorágine de medidas, Cuba no ha estado sola. La bandera cubana ha ondeado en las caravanas que, en más de 50 ciudades del mundo, varias de ellas estadounidenses, han tendido puentes para el reclamo internacional por el fin del bloqueo y para el llamado al actual presidente Joe Biden a revertir las medidas de su predecesor.

Como el virus que causa esta pandemia, el bloqueo separa, asfixia y hostiga. Sortear las vicisitudes que de él se derivan no ha sido tarea fácil. Este ha sido un empeño en el que el papel primordial lo ha tenido la resistencia del pueblo cubano y su indeclinable decisión de defender la Patria libre, soberana e independiente. Cada cubano y cubana dentro y fuera del país ha vivido en carne propia el ensañamiento injusto y desproporcionado del gobierno de una nación que no concibe la idea de un modelo alternativo en sus propias narices.

Nuestro gobierno ha ratificado su voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso con los Estados Unidos, sin que medien concesiones inherentes a su soberanía e independencia y sin obviar el papel indiscutible del bloqueo como principal obstáculo para una evolución duradera y sostenida de las relaciones bilaterales.

Cuba y el mundo se pronunciarán nuevamente contra esta política el próximo 23 de junio en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su levantamiento sería coherente con el reclamo de la casi totalidad de la comunidad internacional que ha votado de manera sostenida en este foro para la eliminación del bloqueo, y escucharía las voces que, a lo interno de la nación estadounidense, instan también al fin de esta política fallida y retrógrada.