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Oposición masiva a la legislación antiobrera de Quebec

Canadá, Montreal, TML . 14 de marzo de 2025


El viernes 14 de marzo, más de 1.000 trabajadores de todos los sectores de la economía se reunieron frente al edificio Plaza Centre-Ville en Montreal, donde el Ministro de Trabajo de Quebec, Jean Boulet, tenía previsto dirigirse a una conferencia organizada por la Cámara de Comercio del Área Metropolitana de Montreal. Los manifestantes exigieron la retirada del proyecto de ley 89, una ley para brindar mayor consideración a las necesidades de la población en caso de huelga o cierre patronal, porque constituye un ataque directo a los derechos de los trabajadores de Quebec.


Su acción decidida obligó a cancelar el evento, por primera vez en 16 años. El ministro abandonó el local escoltado por la policía. La unidad de los trabajadores de todos los sectores se mostró claramente con la presencia de cientos de banderas portadas por grandes contingentes de trabajadores de muchos sindicatos.


La presencia de sindicatos que representan a los trabajadores de todos los sectores demostró la unanimidad de opinión que condenó el proyecto de ley. [1] Reflejaba la unidad de la clase obrera quebequense en la defensa de sus derechos y la dignidad del trabajo contra los planes del gobierno de Legault de pagar a los ricos y la feroz ofensiva neoliberal antiobrera, antipopular, antisocial y antinacional. Como es la nueva normalidad para los gobiernos de todos los niveles, el gobierno de Legault está utilizando su posición de poder y privilegio en la Asamblea Nacional, con la colaboración de los otros partidos del cártel, para que él y sus ministros actúen con impunidad. Los trabajadores quebequenses rechazan el desprecio del gobierno por aquellos que producen la riqueza de la que depende la sociedad para su funcionamiento, así como la usurpación del poder estatal por parte de estrechos intereses privados.


Los políticos que sirven a los estrechos intereses privados que dictan la política del gobierno afirman que están defendiendo a la "población" con su viciosa legislación antiobrera que declarará a ciertos trabajadores "esenciales" y criminalizará sus huelgas. Nadie sabe mejor que los trabajadores que lo que hacen es esencial para el funcionamiento de la sociedad. Lejos de atacar a los trabajadores, los gobiernos deben garantizar que los empleadores, incluido el Estado en el caso de los trabajadores del sector público, garanticen que los trabajadores tengan los salarios y las condiciones de trabajo que necesitan para prestar esos servicios esenciales a la sociedad y no se vean obligados a hacer huelga para conseguirlos.


Las intervenciones de los representantes sindicales fueron inequívocas: ¡el proyecto de ley 89 debe ser retirado! Denunciaron a la Coalición Avenir Québec (CAQ), que una vez más intenta silenciar a los trabajadores y obligarlos a someterse a condiciones inaceptables basándose en la afirmación fraudulenta de que el gobierno está defendiendo el bien público. Los oradores señalaron que el claro objetivo del proyecto de ley 89 es privar a los sindicatos de su capacidad de ser eficaces y fortalecer la posición de los empleadores para dictar los salarios y las condiciones de trabajo. Denunciaron el autoritarismo del gobierno, la concentración del poder en manos de una camarilla que representa intereses privados mezquinos y la violación de los derechos humanos. Declararon que los excesos autoritarios no pasarán en Quebec, como tampoco tendrán éxito al sur de la frontera.



Notas


1. El Sindicato de Especialistas y Profesionales de Hydro-Québec, el Sindicato de Tecnólogos de Hydro-Québec, la Federación Autónoma de Profesores (FAE), la Federación del Trabajo de Quebec (FTQ), el Sindicato de Trabajadores de Investigación y Educación de Concordia (CREW-CSN), la Alianza de Personal Profesional y Técnico de la Salud y los Servicios Sociales (APTS), el Sindicato de Crupieres y Comerciantes de Casinos de Montreal, la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN),  el Sindicato del Personal Administrativo de Hydro-Québec, los Trabajadores Siderúrgicos, la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio (UFCW), el Sindicato de Obreros de Montreal, el Congreso del Trabajo de Quebec (CSQ), el Sindicato de Empleados Municipales de CUPE, Local 306 (SREM SCFP 306), el Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Quebec, UNIFOR, el Sindicato de Transporte Público Adaptado, el Sindicato de Empleados Municipales de Longueuil,  estuvieron presentes el Consejo Central de Quebec -- Chaudière-Appalaches -- CSN, el Sindicato de Empleados de Videotron, el Sindicato de Seguridad Privada de Quebec, el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, la Federación Interprofesional de Salud de Quebec (FIQ), la Asociación de Jubilados de Quebec, así como otros.


— Charles Lemieux, Presidente del Sindicato de Profesores del Cégep Marie-Victorin —


Manifestación de Montreal contra el proyecto de ley 89 14 de marzo de 2025

Si bien pensábamos que la próxima ronda de negociaciones sobre nuestras condiciones de trabajo comenzaría en 2027, unos meses antes del final de nuestro convenio colectivo en marzo de 2028, y que "todo estaría bien para entonces, señora la marquesa", aquí está la Coalición Avenir Québec (CAQ) recordándonos que está al servicio de los empleadores y que tiene la intención de aplastar a los "sindicatos malvados que amenazan el bienestar de la población". Así, inspirado por las recientes intervenciones del gobierno federal que impusieron un arbitraje obligatorio para impedir que los trabajadores ferroviarios, postales y portuarios ejercieran su derecho de huelga, el ministro de Trabajo Jean Boulet presentó el proyecto de ley 89 titulado fraudulentamente "Una ley para considerar más a fondo las necesidades de la población en caso de huelga o cierre patronal", cuyo objetivo es dotar al Gobierno de Quebec de poderes equivalentes a los del Gobierno federal para denegar el derecho de huelga y establecer una obligación de servicios esenciales para los trabajadores de todos los sectores de la economía.


Caroline Senneville, presidenta de la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN), señaló la esencia de la pretensión del proyecto de ley de actuar en defensa de la población. Ella dijo:


"De este modo, el proyecto de ley introduce disposiciones destinadas a mantener los servicios que garantizan el bienestar de la población, es decir, los servicios que son mínimamente necesarios para evitar afectar de manera desproporcionada la seguridad social, económica o ambiental de la población, en particular la de las personas en situación de vulnerabilidad.


"El proyecto de ley permite al Ministro de Trabajo, si considera que una huelga o un cierre patronal está causando o amenaza causar un daño grave o irreparable a la población y que la intervención de un conciliador o mediador ha sido infructuosa, someter el conflicto a un árbitro para que éste determine las condiciones de trabajo de los empleados cubiertos por la unidad de negociación en huelga o cierre patronal. Dispone que la decisión del Ministro pone fin a la huelga o al cierre patronal en curso y establece el procedimiento de arbitraje aplicable.


"Esto es nada más y nada menos que una declaración de guerra a los trabajadores que el gobierno acaba de hacer con la presentación de este proyecto de ley. Por un lado, el gobierno está imponiendo austeridad en nuestros servicios públicos, lo que tiene consecuencias directas sobre los más vulnerables de nuestra sociedad. Se niega a desempeñar su papel a diario para protegerlos, pero de repente, cuando hay una huelga, se preocupa mucho por ellos. ... Lo que el gobierno quiere hacer no es proteger a los vulnerables, sino atacar a los trabajadores".


Y también los profesores del cégep.


¡En efecto! El artículo 111.22.5 del proyecto de ley establece: "El Tribunal podrá, a petición de una de las partes designadas por un decreto dictado de conformidad con el artículo 111.22.4, ordenarles que mantengan servicios que garanticen el bienestar de la población en caso de huelga o cierre patronal. Dicha solicitud puede presentarse ante el Tribunal desde el momento en que se adquiere el derecho de huelga o cierre patronal o, en el caso de un centro de servicios escolares, una junta escolar o una universidad, desde el momento en que el Ministro ha recibido la notificación prevista en el artículo 50 de la ley relativa al proceso de negociación de convenios colectivos en los sectores público y parapúblico (capítulo R-8.2).


Además, el título de este proyecto de ley es particularmente cínico. Mientras el gobierno impone miles de millones de dólares en recortes presupuestarios en nuestros servicios públicos, allanando el camino para la privatización de nuestro sistema de salud que degrada las condiciones de trabajo y el acceso a la atención médica, mientras permite que Amazon desprecie impunemente los derechos de los trabajadores más precarios después de haberle pagado 100 millones de dólares en subsidios de todo tipo,  ¡Este gobierno ahora nos quiere hacer creer que quiere "considerar mejor las necesidades de la población!"


Lo cierto es que son los trabajadores de todas las esferas de la economía los que trabajan día a día para garantizar el bienestar de la población produciendo los bienes y prestándoles los servicios educativos, sociales y sanitarios que necesitan. Y es a costa de muchas batallas y huelgas lideradas por el movimiento sindical, entre otros, que el bienestar, las condiciones de vida y de trabajo de la población, en particular de aquellas "en situación de vulnerabilidad", han mejorado con el tiempo. No permitiremos que este gobierno y los intereses privados a los que sirve nos priven de nuestro derecho a la huelga (conquistado con derramamiento de sangre, si alguien lo olvida), el arma definitiva que nos ha permitido dirigir nuestras luchas en defensa de condiciones laborales favorables y del bienestar general de la población.


En resumen, la presentación de este proyecto de ley significa para nosotros que las negociaciones de 2028 ya han comenzado: nuestra primera batalla es obligar al gobierno de Legault a retirar este proyecto de ley, ¡y punto! ¡Únete!


(Artículo publicado en BIS, Boletín de Noticias del Sindicato de Profesores Cegep Marie-Victorin, marzo de 2025. Traducido del original francés por TML.)

 

 
 
 

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