Oro sangriento. Corrupción criminal

Milciades Ruiz. Servindi. 11 de mayo 2025

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Pero tan alta como la corrupción e inconducta funcional de las entidades gubernamentales es también la impunidad que la alienta. Al respecto, ¿Dicen algo los partidos políticos? Ojalá los movimientos políticos populares incluyan esta problemática en sus plataformas para no ser cómplices por omisión.

 La tragedia sucedida en Pataz, con el asesinato múltiple de 13 trabajadores en un socavón minero, nos ha consternado. Pero las miradas van más sobre los autores del crimen que sobre el móvil. Es el oro, que atrae a mucha gente extraña codiciosa. Su precio récord ya está por los US$ 3,500 dólares la onza y estimula las ambiciones hasta el nivel criminal.

No es un problema local solamente. El oro es un artículo de necesidad mundial ante los riesgos económicos de los conflictos internacionales. El repunte del precio del oro es por la desconfianza en el manejo de la economía de EE. UU. en situación de declive. Por seguridad económica, el mundo prefiere el oro antes que el dólar.

Es pues, la situación de la economía mundial la que repercute llegando hasta Pataz. La globalización capitalista nos atrapa, aunque estemos en los rincones más alejados. No somos culpables de esto, pero pagamos las consecuencias. En la misma condición y riesgo están los centros de producción artesanal de oro desde la frontera norte a la del sur, donde la fiebre por este metal transforma las actividades normales en anormales.

Donde hay riqueza de oro disponible, la zona se convierte en un gran atractivo para mucha gente que ve una oportunidad para enriquecerse y de desempleados que buscan salir de la pobreza. Por un lado, la codicia moviliza empresarios inversionistas, comerciantes, aventureros, rameras, delincuentes, etc. Por otro, improvisados mineros artesanales que buscan ingresos familiares al no poder obtenerlos de otro modo por la segregación que sufren.

En la cadena económica del oro, los mineros artesanales son los que más trabajan y ganan menos

En la cadena económica del oro, los mineros artesanales son los que más trabajan y ganan menos. No extraen el oro puro sino, piedras que contienen oro. Los que menos trabajan, son los que más ganan, al comprar estos minerales, fundirlos para extraer el oro y exportarlo o contrabandearlo. El oro extraído no se queda en el país, para engrandecerlo. No. Se va al extranjero para enriquecer a otros países.

La minería informal es foco de lavado de activos, tráfico de insumos químicos y explosivos, extorsiones, explotación sexual y laboral. Las plantas procesadoras no necesitan tener minas para hacerse del oro extraído. En Pataz hay 12 plantas de minerales y en Trujillo, más de 50, pasibles de penetración mafiosa. No hay control ni supervisión en toda la cadena del oro. No solo hay evasión tributaria, sino también tráfico clandestino al extranjero.

Desde la conquista española del Tahuantinsuyo, hasta la actualidad, es la codicia por el oro la que trae muchos ambiciosos a nuestra patria. Desde entonces, son millones de toneladas de oro que se han sacado del Perú para beneficiar a sus depredadores extranjeros. Otra sería la situación de nuestro país, si ese oro se hubiera quedado en provecho propio.

Con la república, este proceder ha pasado a ser política de estado. Ofrecen nuestros recursos naturales a inversionistas extranjeros, brindándoles beneficios atractivos, en perjuicio nacional. Todo el Perú está concesionado a capitales extranjeros que depredan nuestros recursos naturales. Pero el oro, como los demás minerales sustraídos al Perú, se acabará. No quedará nada para el futuro de nuevas generaciones.

Pero así como la globalización llega con sus daños hasta la lejanía de nuestra patria, más condenable es el sistema de gobierno que tenemos por más de dos siglos de vida republicana. La ineptitud de los organismos del estado es muy sospechosa en el caso de Pataz. Tenemos gobiernos paralelos con funciones de seguridad ciudadana y protección, pero “se hacen de la vista gorda” cuando el oro corrompe.

Estos gobiernos son:

1. Gobierno de prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores.

2. Gobierno Nacional, regional, provincial y local.

3. Gobierno del Ministerio del Interior y policía nacional regional, provincial y local.

4. Gobierno del Ministerio de Energía y Minas y gerencias regionales.

5. Gobierno del Poder Judicial, Ministerio Público y fiscalías.

   
   

Todos estos organismos, con sus burocracias respectivas, tienen funciones y presupuesto en relación con el caso Pataz y de otros lugares en los que operan para brindarnos tranquilidad. Pero todos se hacen los que no ven, ante las irregularidades y control de la situación. Hasta participante del descontrol porque el oro tiene poder de corrupción.

La corrupción e inconducta funcional en toda la administración pública es tan grande que la propia Contraloría General de la República ha calculado que el costo de la corrupción e inconducta funcional en pérdidas para el estado habría alcanzado los S/ 24,267.8 millones en el 2023. De esta suma, el 85% de los daños al patrimonio nacional son perpetrados por el Poder Ejecutivo, siendo el Ministerio de Economía y Finanzas, que maneja los fondos del estado, el organismo más corrupto (Fuente; Contraloría: INCO 2023/2024).

Pero tan alta como la corrupción e inconducta funcional de las entidades gubernamentales es también la impunidad que la alienta. Al respecto, ¿Dicen algo los partidos políticos? Ojalá los movimientos políticos populares incluyan esta problemática en sus plataformas para no ser cómplices por omisión. Ustedes qué dicen.

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* Milcíades Ruiz es especialista en desarrollo rural. Dirige el portal República Equitativa: https://republicaequitativa.wordpress.com/.