Emiliano Arango
Estando prohibido el outsourcing o subcontratación por la Constitución en México, hoy en día, uno de cada tres trabajadores está bajo este régimen. Esto tiene consecuencias tanto para los trabajadores como para el fisco, ya que las empresas utilizan este esquema para evadir sus responsabilidades tanto en cuanto a derechos de los trabajadores como en la aportación de impuestos. Tal vez sea esta segunda, la razón por la que el gobierno ha buscado un acuerdo.
Primero veamos un breve diagnóstico de la situación actual: 4.6 millones de trabajadores se encuentran relacionados con el esquema de outsourcing, 200,000 empleos se suman a esto anualmente y el gobierno federal estima que se evaden unos 20,000 millones de pesos de impuestos por malas prácticas en la subcontratación.
El 12 de noviembre de 2020, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de México, presenta una iniciativa para regular el outsourcing en defensa de los derechos de los trabajadores y para evitar la evasión fiscal. Esta iniciativa:
1. Prohíbe el outsourcing.
2. Permite la prestación de servicios especializados a través de la subcontratación, mismos que no pueden ser la materia misma de la empresa contratante.
3. Establece a las empresas contratantes como responsables solidarias con relación a los derechos de los trabajadores.
4. Estos servicios especializados serán aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las empresas se registrarán en un padrón público.
5. Las agencias de colocación no serán consideradas como patrones.
6. Establece multas por faltas a estas disposiciones.
7. Las empresas no podrán deducir los pagos a empresas subcontratistas ante el fisco.
8. Da un periodo para que las empresas se registren, absorban a los trabajadores, etc.
Para lo cual tendrán que modificarse la Constitución y las siguientes leyes:
· Ley Federal del Trabajo
· Ley del Seguro Social
· Ley del Infonavit
· Código Fiscal
· Ley del ISR
· Ley del IVA.
Para su análisis en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Parlamento Abierto para discutir la reforma al outsourcing durante el cual miembros del sector privado pidieron topar el monto de reparto de utilidades que otorgan las empresas a los trabajadores, como una forma de atenuar los efectos que pueda tener una reforma en materia de subcontratación.
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Armando Guajardo, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y Octavio Carvajal, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) solicitaron cambiar la fórmula de cálculo de las utilidades.
Después de ser aprobada el 14 de abril por la Cámara de Diputados, con la modificación de agregar al gobierno la facultad de contratar a estas empresas de subcontratación para servicios especializados y un tope al reparto de utilidades, pasa al Senado para su análisis y aprobación.
Fundamentalmente estas reformas establecen la prohibición de la subcontratación de personal, pero permite la subcontratación de servicios especializados.
El dictamen señala que los cambios a seis leyes y a la Constitución -del Trabajo, del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR, del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Apartado B del artículo 123 de la Constitución- son para “eliminar las prácticas que dañan los derechos laborales, erradicando acciones que operan en la actualidad, a través de las diversas formas de simulación en perjuicio de las personas, trabajadores y del erario”, señala el dictamen.
Cambios a la Ley Federal del Trabajo en Subcontratación Laboral
EL NUEVO OUTSOURCING
Los impuestos que se piensan recabar para las arcas del gobierno están bien pero se debe pensar principalmente en el bienestar del trabajador. El mismo gobierno no debe tener el pensamiento conservador de sacar un beneficio económico sin pensar en los demás. Otra modificación sería la de poner un límite al reparto de utilidades después de que el sector empresarial solicitará este cambio en el Parlamento Abierto realizado por la cámara de Diputados el 23 y 24 de noviembre de 2020 en el que al parecer se “votaba con billetes”. Además, el gobierno dejará de brindar derechos a los trabajadores para contratar “servicios especializados”, o sea cómo se hace actualmente.
Se puede pensar que los impuestos son para beneficio del pueblo, pero los sexenios van y los sexenios vienen y los trabajadores cada día están peor, los supuestos beneficios jamás les llegan. Por eso estamos como estamos, es mucho mejor un beneficio directo. En este caso, el trabajador es la parte más importante, pues es quien presta el servicio y/o genera la riqueza y por lo tanto es quien debe tener beneficios y mejores condiciones de trabajo, así como todas las prestaciones de ley y reparto de utilidades sin tope alguno. En cuanto al caso en el que se puede delegar al patrón por argüir que es un servicio especializado, nos parece que es darle "atole con el dedo" al pueblo pues los patrones van a justificar cualquier tipo de "especialidad" con tal de salirse con la suya.
Ya todos sabemos cómo piensan. Si acaso debe haber alguna salvedad en montos o tiempos, este debe ser para empresas pequeñas que comienzan, de ninguna manera para las grandes empresas.
Fuentes: