15 noviembre, 2020, ONAMIAP Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú
Dos jóvenes muertos, un centenar de personas heridas y medio centenar de personas desaparecidas. Los responsables son los partidos políticos y sus congresistas y anteriores gobiernos, Martín Vizcarra, Manuel Merino y todo el gabinete del racista Ántero Flores Aráoz. Todos los partidos políticos: incluido el Partido Morado que hoy funge de defensor de la democracia y también tiene antecedentes por violación de derechos humanos. Estos partidos políticos no tienen la representación ni la legitimidad para encabezar un gobierno provisional.
Son viejos y nuevos partidos políticos que solo dieron y dan continuidad a las reglas de juego impuestas por la Constitución de la dictadura fujimorista. La multitudinaria marcha de los cuatro suyos solo significó un cambio de rostros, porque se mantuvo y se mantiene esa nefasta Constitución que exigimos derogar.
Llamamos a mantenernos vigilantes y rechazar las viejas maniobras de pretender vincular a los y las jóvenes que se movilizan con organizaciones terroristas. No nos asustan más: hay que seguir movilizándose, en todas las regiones, hasta lograr cambios reales. Denunciamos que es el terrorismo de Estado el único que está asesinando. Hoy en Lima pero anteriormente en otras regiones donde se impone a sangre y fuego el despojo territorial, las actividades extractivas y la contaminación de la madre naturaleza y de nuestros hermanos y hermanas. No olvidamos el asesinato de tres líderes indígenas del pueblo Kukama en Loreto, en agosto pasado, cuando este pueblo protestaba contra la explotación del Lote 95.
Lo que ha pasado estos últimos días es responsabilidad no solo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluido Martín Vizcarra, quien profundizó el modelo económico con su Plan Nacional de Productividad y Competitividad y su programa de reactivación económica, ambos explotadores de la Madre Naturaleza y de los peruanos y peruanas. En plena pandemia se benefició a las grandes empresas abandonando a su suerte a nuestros pueblos, a los trabajadores y las trabajadoras de todo el país.
Ahora Vizcarra, oportunistamente, quiere volver, amparado por la posible resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, referido a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Un TC que también es responsable de la crisis no solo porque no se pronunció a tiempo sobre este tema, sino porque ha emitido fallos contra nuestros derechos.
Son también responsables el Poder Judicial y el Ministerio Público, que nunca han velado por los derechos humanos y solo han protegido a asesinos y corruptos. Nunca denunciaron ni sancionaron a los responsables de la Masacre de Bagua. Y las fuerzas del orden, tanto las actuales Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, deben desactivarse por la misma razón: proteger a los ricos y a los corruptos, y por reprimirnos y asesinarnos. No podemos seguir aceptando que con la plata de todos los peruanos y todas las peruanas se continúe comprando armas para que esas fuerzas del orden asesinen a nuestros hijos e hijas que solo ejercen su legítimo derecho a la protesta.
La salida de Merino no es suficiente: urge un cambio estructural integral y no solo un cambio de rostros. Basta de defender una institucionalidad democrática corrupta y asesina; las movilizaciones a nivel nacional trascienden la falsa dicotomía Vizcarra versus Merino. No podemos permitir que la CONFIEP y la derecha solo busquen lavarse la cara y continúen con el mismo modelo económico y político, causante de las enormes brechas estructurales de desigualdad que la pandemia de COVID-19 ha profundizado y evidenciado.
No podemos permitir que la CONFIEP siga imponiendo su agenda política y que todos los poderes del Estado estén a su servicio. Necesitamos y demandamos, casi doscientos años después, un Estado que represente y sirva a todos los pueblos indígenas, la clase trabajadora, los movimientos sociales, hombres y mujeres en su diversidad, a todos los peruanos y todas las peruanas. Las calles claman que se vayan también todos los congresistas. Y que transitoriamente asuman los accesitarios para cumplir el periodo.
Exigimos la libertad inmediata de todos los detenidos y detenidas, incluido el retiro de la denuncia contra el joven que agredió a un congresista de Acción Popular. Y la inmediata aparición con vida de todas las personas desaparecidas. Y exigimos asimismo la derogatoria de la Ley 31012 de inmunidad policial, ratificada por Manuel Merino para eximir de condenas a policías que maten o hieran a manifestantes.
Insistimos: la crisis es integral y estructural. Urge construir un nuevo Estado. Pero no queremos una Asamblea Constituyente integrada por los mismos sirvientes de la CONFIEP y su agenda. Queremos una nueva Constitución Política construida de abajo hacia arriba por una Asamblea Constituyente Popular, Soberana, Plurinacional y Paritaria.
¡Asamblea Constituyente Popular, Soberana, Plurinacional y Paritaria ahora!
¡Sanción para los responsables penales y políticos de los asesinatos y graves violaciones a los derechos humanos!
¡Que se vayan todos!