Política migratoria: Ni Obama, ni Trump, ni Biden…

Leona Guerrero

La deportación es una política pública de Estados Unidos que se mantiene sin importar si el presidente es demócrata o republicano.

Durante la administración de Obama, más allá del discurso en el que se manifestaba el interés de favorecer a los migrantes indocumentados en Estados Unidos, que jugaron un papel significativo en la elección y reelección de Barak Obama, se alentó una política antimigrante que se expresó con la implementación de programas como Comunidades Seguras, el incremento del presupuesto en materia de seguridad fronteriza, el aumento en el número de efectivos de la patrulla fronteriza, el reforzamiento físico y virtual de la frontera México-Estados Unidos, la tolerancia en la aprobación de leyes estatales antimigrantes, así como, el crecimiento del número de detenciones y deportados centroamericanos. El resultado al final de su gobierno fue un aproximado de 2,471,644 deportados, una cifra incongruente con el discurso amigable hacia los migrantes.


En la campaña de 2016, el anterior presidente Donald Trump prometió deportar a millones de personas que vivían en el país sin documentos. "Tenemos al menos 11 millones de personas que vinieron ilegalmente a este país. Ellos se van a ir", dijo en un debate. Sin embargo, la aplicación de la ley de inmigración en el interior de Estados Unidos afortunadamente se quedó muy detrás de sus promesas y de lo hecho por su predecesor, el demócrata Obama, conocido por la comunidad migrante como el "deportador en jefe". No obstante, la administración del empresario se dio conocer por las “deportaciones rápidas”, así como la separación de menores de sus familias; se deportaron a inmigrantes a los que había separado de sus hijos a pesar de que esos padres querían regresar a sus países de origen junto con sus pequeños, según un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por ejemplo, en el gobierno Trumpista se arremetió en varias ocasiones contra los mexicanos. Incluso con palabras nada diplomáticas: que nuestro país le enviaba “criminales” y “violadores”, que había que sacar a los “hombres malos”, al tiempo que comenzó a construir un muro que, según él, México iba a pagar. Pese al desdén de Trump y una dura política migratoria, las deportaciones de mexicanos bajo su mandato fueron 25% menores a las que se realizaron en el segundo periodo de Barack Obama.

En su campaña electoral, el actual presidente de los Estados Unidos se presentó como un “amigo” de los migrantes, pero más de un millón de personas han sido detenidas en la frontera México-Estados Unidos en el año fiscal que termina este 30 de septiembre.

Biden prometió en campaña aumentar el número de refugiados que recibía el país a 125.000. Un incremento alto, pues Trump fijó esta cifra en un mínimo histórico: 15.000. Ya en el poder, Biden cambió su promesa y la fijó a 62.500. Después la bajó más, a los 15.000 que impuso Trump. La presión lo obligó en mayo a subirlo finalmente a 62.500. Debido a los constantes cambios, se perdió tiempo valioso de trabajo. Él mismo admitió que no se logrará la meta de admisiones este año. Es un tema difícil en el que su Gobierno está trabajando. El plan de Biden aún está por debajo del que existía antes de Trump.

Por otro lado, Biden detuvo la construcción del muro fronterizo de Trump en su primer día en la Oficina Oval. Esta suspensión continuaría hasta que se completara una revisión sobre la adquisición de tierras y los fondos que se usaron para la obra para saber qué hacer con esto. Si bien está suspendida, no se sabe qué hacer a falta de un veredicto legal. La construcción hoy está en el limbo, y genera problemas ambientales en la frontera, como la erosión de la tierra. Esto mientras jueces fronterizos continúan otorgando tierras para la construcción del muro. A Biden se le está haciendo tarde para derribar este lío que le dejó su predecesor.

Durante campaña, Biden aseguró que pondría fin a los Centros de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Ya en el poder, el presidente ha abierto instalaciones adicionales de este tipo, debido a la fuerte ola migratoria que se vivió en el primer trimestre. Por otro lado, el presidente prometió reunir a los niños separados de sus padres. Solo siete se han reunido con ellos desde que asumió el cargo. El grupo de trabajo que creó Biden para este propósito dijo que 2.127 niños están esperando su reunión.

El presidente ha mantenido la política conocida como “Título 42”, la cual justifica las expulsiones de migrantes bajo el temor de la pandemia. La presión para retirar esta política ha aumentado en esta última semana.

Es evidente que para Estados Unidos continúa siendo una prioridad la política de control migratorio y deportaciones, bajo el argumento de combatir por esta vía otros delitos como la trata de personas y evitar contagios en su personal y ciudadanos de migrantes que podrían estar enfermos de Covid-19.

Así, se ha contabilizado con un repunte en julio, el número de mexicanos deportados de Estados Unidos que sobrepasó los 103 mil casos durante los primeros siete meses del año en curso.

En este marco, se plantea que las medidas implementadas en la frontera sur de México para contener la migración centroamericana constituyen una estrategia diseñada por el gobierno de Washington en un momento en que la crisis económica ha afectado al mercado laboral y cuando las posiciones antimigrantes de los grupos más conservadores de Estados Unidos han presionado para cerrar el paso a la prometida reforma migratoria.