PORQUE MÉXICO NO CONTRADEMANDA A EU POR EL MAÍZ TRANSGENICO

Zósimo Camacho. Luces del Siglo. 15 de mayo 2025

En el complejo tablero del comercio internacional, México parece jugar con desventaja frente a Estados Unidos en un tema clave: la disputa por el maíz genéticamente modificado. Mientras Washington ha activado mecanismos legales del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) para cuestionar las restricciones mexicanas a las importaciones de este grano, nuestro país se ha resistido a ejercer su derecho de contrademanda, a pesar de que existen sólidos argumentos para hacerlo.

Hace un par de días la justicia mexicana ordenó a la Secretaría de Economía (SE) explicar por qué no ha exigido una indemnización por lo que organizaciones civiles consideran un incumplimiento estadunidense al propio T-MEC y, sobre todo, un trato discriminatorio. El logro es de la Demanda Colectiva Maíz. Pero vayamos por partes.

En 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para restringir gradualmente la importación de maíz transgénico, argumentando sólidamente preocupaciones sobre sus efectos en la salud y en la biodiversidad de los maíces nativos. Se trató de un hito en la defensa de los maíces mexicanos, luego de décadas de gobiernos pripanistas que, entreguistas como siempre, impulsaban la importación de maíz transgénico y, más irresponsables aún, hasta la siembra en territorio mexicano de estas semillas genéticamente modificadas.

Estados Unidos respondió activando un panel de controversias dentro del T-MEC, alegando que la medida carece de fundamento científico y afecta el comercio. Nunca pudo argumentar seriamente, pero contó con el apoyo de los poderosos grupos agroempresariales de los dos países.

Organizaciones como Demanda Colectiva Maíz sostienen que el verdadero incumplimiento viene del norte: las autoridades estadunidenses no han presentado estudios concluyentes que demuestren la inocuidad del maíz genéticamente modificado para la dieta mexicana, basada en mayor consumo directo del grano que la de su vecino.

En 2023, la colectiva solicitó formalmente a la SE que contrademandara a Estados Unidos, invocando los artículos 31.2.b y 31.2.c del T-MEC, que establecen protecciones contra medidas injustas y discriminatorias. Pero la dependencia guardó silencio. Fue necesario que un juez federal concediera dos amparos –el último en diciembre de 2024– para obligar al gobierno a responder. Y cuando lo hizo, su contestación fue tan ambigua que el Poder Judicial tuvo que intervenir nuevamente, exigiendo una explicación “clara, concreta y fundamentada”.

Uno de los puntos centrales es la discriminación en los análisis de riesgo. Las empresas biotecnológicas y las autoridades fitosanitarias estadunidenses evalúan el maíz genéticamente modificado con base en los hábitos alimenticios de su población, donde el consumo es mayoritariamente procesado (jarabe, harinas, hojuelas, etcétera), no en forma directa como en México, donde se consume básicamente en tortilla y otros alimentos esenciales sin necesidad de someterlo a procesos complejos de industrialización.

El gobierno mexicano ha respondido al estadunidense con una nueva legislación que, en efecto, prohíbe la siembra de maíz transgénico en el país y supone estrictas medidas para autorizar importaciones de este tipo que deberán establecerse con claridad en leyes secundarias. Sin embargo, México parece renunciar a las herramientas del propio tratado y decide no enfrenar a Estados Unidos en ese terreno.

Mientras Washington ejerce presión comercial sin miramientos, México parece actuar con una diplomacia excesivamente cautelosa, incluso cuando tiene herramientas legales para exigir indemnizaciones por posibles violaciones al T-MEC.

No es la primera vez que la sociedad civil toma la batuta en esta lucha. Demanda Colectiva Maíz ha logrado, desde 2013, frenar la siembra comercial de transgénicos en México mediante un juicio contra gigantes como Bayer-Monsanto y Syngenta, así como contra las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente. Su estrategia jurídica ha sido clave para proteger el maíz nativo, pero ahora exige que el Estado mexicano asuma un papel más activo en el ámbito internacional.

¿Qué gana México con una contrademanda? Más allá de una posible compensación económica, el fondo del asunto es la soberanía alimentaria y el derecho a regular con base en principios precautorios. Si la SE no presenta argumentos sólidos para justificar su inacción, quedará en evidencia una alarmante subordinación a los intereses comerciales de Estados Unidos.

El gobierno tiene la oportunidad de demostrar que defiende los intereses de los mexicanos, no sólo los de las corporaciones. El maíz no es un commodity cualquiera: es un símbolo cultural, un alimento sagrado y un derecho. México no debe callar cuando le afectan. Por el contrario, está obligado a utilizar todas las herramientas a su alcance, contempladas en el propio T-MEC, para defender un tema esencial.

La pregunta sigue en el aire: ¿Por qué la Secretaría de Economía no actúa? ¿A qué juega su titular, Marcelo Ebrard? En lugar de tratar con menosprecio a las organizaciones que le piden respuestas, debería verlas como aliadas… si en verdad tiene como meta evitar que México importe maíz genéticamente modificado y proteja las variedades nativas de la planta.