Pablo Moctezuma Barragán.
El Tribunal Electoral (TEPJF) y el INE, han prohibido inconstitucionalmente a Morena y a servidores públicos realizar y/o participar en asambleas como las del 12 y 26 de junio, en Toluca y Coahuila, porque pueden “generar un riesgo inminente a los principios que rigen los comicios”.
La Constitución (art 9) contempla derechos fundamentales: “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente” y “el derecho a hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país”.
Las y los funcionarios son mexicanos en pleno uso de sus derechos, fuera de sus horarios de trabajo y los domingos son libres de realizar actividades. Desde luego sin usar recursos públicos.
Deben y pueden expresar sus opiniones y puntos de vista, promover la participación popular en política. Todas y todos los mexicanos hemos de ejercer ese derecho a tomar los asuntos de interés general en nuestras propias manos y organizarnos para que prevalezcan los intereses de la nación y del pueblo. Y esta ha de ser una actividad permanente. Seamos políticamente activos siempre y no solo en 3 meses de campañas, debemos promover, desde ya, la participación de los 96 millones de electores e involucrarlos en la solución de los problemas y en el control de los resultados.
Por eso, hoy es el tiempo de discutir amplia y prioritariamente el programa que necesita México y enfocarnos en soluciones y alternativas, que el pueblo se exprese y decida. Primero el programa, luego las candidaturas. Hemos de definir los grandes problemas nacionales y las soluciones y mandatar a nuestros representantes.
En el sistema de Partidos que ya demostró su incapacidad, en México y en el mundo, para impulsar la democracia. Demostró, también, que lo que en realidad impulsa y defiende es el interés de las corporaciones y de las grandes potencias. Buscan que nos centremos en discutir sobre personas y no sobre proyectos, en ir de escándalo en escándalo, sin tener una agenda definida por el pueblo, sin que se dé un seguimiento acucioso de cada acontecimiento y su análisis de los resultados de la gestión de gobierno. En vez de promover conciencia y politización, lanzan la desinformación, la desmoralización y el apoliticismo.
Buscan que se realicen campañas cortas en las que el dinero corre a raudales para favorecer a candidatos comprometidos con las grandes empresas, que sean campañas virtuales, vacías, en los que todos prometen, sin estar atados a cumplir sus dichos de campaña. Quieren que no se den condiciones para analizar, todo el tiempo que sea preciso, durante meses y años, y de manera amplia y profunda la realidad nacional para que millones de mexicanos definan qué rumbo seguir y que la decisión refleje la voluntad popular.
A nadie se le puede prohibir su participación política, por lo contrario, debe promoverse el involucramiento general en la política, que no debe estar en manos de unos cuantos “pillos” al servicio de las corporaciones, sino en la de la más amplia mayoría. El INE y el TRIFE son un obstáculo a la verdadera democracia que ellos dicen defender y han sido el candado para que siga en México el neoliberalismo y el neocolonialismo y para favorecer al PRIAN.
Hoy más que nunca hace falta una reforma política y electoral, una renovación democrática que lleve a que el pueblo mande y controle a sus representantes para que tome vida la voluntad popular.