Protestan en Glorieta de las y los Desparecidos ante desprotección del Estado mexicano

Escrito por Paola Piña 1 septiembre, 2025 CIMACNOTICIAS

Crédito: Artículo 19

Ciudad de México.- En las primeras horas del 30 de agosto, la Red Latinoamericana contra las Desapariciones Forzadas, conformada por organizaciones civiles y familias de personas desaparecidas, se reunió en la Glorieta de las y los Desaparecidos ubicada en la capital del país, para exigir justicia y visibilizar una problemática que atraviesa de norte a sur y que es sistemáticamente desatendida por el Estado mexicano.

Como parte de las actividades en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las familias buscadoras tapizaron la Glorieta con fotos y fichas de búsqueda de sus desaparecidas, realizaron mesas de diálogo y presentaron libros sobre la temática, mientras que a la par, colectivas marcharon rumbo al Zócalo capitalino con mantas en mano y consignas que resonaban por las calles.

Esta manifestación se da en medio de un panorama violento, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), al 29 de agosto de 2025 sumaban 133 mil 120 personas desaparecidas, de las cuales 30 mil 259 son mujeres de todas las edades, A esto se suma una crisis forense con más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar y 5 mil 696 fosas clandestinas.

Es necesario precisar que las desapariciones de mujeres ocurren en un contexto diferenciado por razones de género. Aunque en términos numéricos desaparecen menos mujeres que hombres, ellas tienen menos probabilidades de ser localizadas. La mayoría son víctimas de redes de trata y explotación sexual y son diez entidades del país donde desaparecen más mujeres que hombres: estado de México, Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Yucatán, Puebla y Tlaxcala.

Estado	Mujeres	Hombres
estado de México	32 mil 814	30 mil 881
Tabasco	2 mil 955	2 mil 222
Aguascalientes	3 mil 598	3 mil 274
Campeche	mil 21	828
Chiapas	4 mil 499	4 mil 310
Oaxaca	2 mil 418	mil 917
Hidalgo	3 mil 374	3 mil 363
Yucatán	4 mil 318	2 mil 789
Puebla	9 mil 392	8 mil 883
Tlaxcala	980	849

Madres buscadoras: las más desprotegidas del Estado

Quienes hacen frente a esta crisis de desapariciones son las colectivas de búsqueda integrados principalmente por madres buscadoras, quienes encabezan la lucha por encontrar a sus hijas e hijos, por lo que son las principales en enfrentar la criminalización, amenazas, intimidación y desprotección del Estado.

La Red Latinoamericana contra las Desapariciones Forzadas afirmó, mediante un comunicado, que en 2025 se ha visto un aumento inusitado de violencia en extensas zonas de la región, afectando a mujeres y familiares de personas desaparecidas. De acuerdo con Amnistía Internacional, entre febrero de 2011 y mayo de 2025 se detectaron un total de 30 asesinatos de personas buscadoras, de las cuales 16 fueron mujeres (once madres, dos hermanas, dos esposas y una activista).

De un total de 521 mujeres buscadoras encuestadas por la organización, el 97% refirió haber enfrentado violencia por su labor, sobre todo en entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

Centro ProDHCentro ProDHCentro Prodh

Pese a las múltiples agresiones, la Red Latinoamericana contra las Desapariciones Forzada, declaró la falta de mecanismos de protección efectivos para las familias de las víctimas y la prevalencia de impunidad. Este suceso es confirmado por Amnistía Internacional: las madres buscadoras, catalogadas como defensoras, denunciaron que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no aplica un enfoque integral con perspectiva de género y tampoco realiza un adecuado seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas.

Sumado a ello, también refirieron problemas para ser reconocidas como víctimas y que los apoyos que les brindan las Comisiones Estatales de Atención a las Víctimas son insuficientes, demorados y culturalmente inapropiados. Los retos para la atención son aún mayores para las mujeres buscadoras indígenas y las familias de personas migrantes desaparecidas.

“Es muy triste darnos cuenta que somos demasiadas familias destruidas por la ausencia de nuestros seres queridos, que nos los arrebatan sin conciencia, sin sentimientos, sin pensar el gran daño que hacen. No somos poquitos, somos demasiados que ocupamos que le presten atención a las carpetas”, declaró durante la manifestación Claudia Pérez Gónzalez, madre buscadora, a Artículo 19.

Sumado a todo ello, es importante recordar que actualmente la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), institución del gobierno de México responsable de realizar y coordinar acciones de búsqueda de personas desaparecidas, se encuentra sin titular, pues el pasado 31 de agosto, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún abandonó el cargo, lo cual abrirá las bases de consulta pública que permitirán designar a la persona titular de la CNB.

Sin embargo, cuando Reyes fue designada, las familias buscadoras no fueron contempladas para su asignación, además no contaba con el perfil técnico necesario para liderar la Comisión; por ello, dentro de la manifestación exhortaron al Estado a instalar mesas de trabajo, que sea un proceso abierto, con criterios públicos de evaluación y todo ello de la mano con colectivos de familias desaparecidas.

Piden priorizar perfil técnico y no político en Comisión de Búsqueda tras renuncia de titular

Este panorama, que cada vez parece recrudecer, es calificado por la Red Latinoamericana contra las Desapariciones Forzada , como un “crimen de lesa humanidad”, el cual está constituido por el carácter sistemático de su perpetración, planeamiento, ejecución, negación, ocultamiento, estigmatización, falta de acceso a la justicia, falta de búsqueda y falta de juicio a los responsables, conforme al derecho internacional, por parte de muchos Estados.

Cabe destacar que esta problemática no es exclusiva del territorio mexicano. La Red Latinoamericana contra las Desapariciones Forzada, alerta que es un problema estructural que tiene cabida en toda la región latinoamericana; sin embargo, de acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja, a lo largo del continente no existen cifras confiables sobre las y los desaparecidos que permitan dimensionar la problemática y, en muchos de estos países, no se han desarrollado sistemas de gestión eficaces y centralizados para abordar el problema.

Por ejemplo, países como Nicaragua, Surinam, Guyana, República Dominicana y El Salvador aún no han ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que impide que las familias de las víctimas accedan a instancias interamericanas e internacionales de denuncia.

Además esta crisis no es reciente, la desaparición forzada ha sido una práctica sistemática en América Latina, utilizada en contextos de dictaduras, conflictos armados y democracias de papel desde la segunda mitad del siglo XX, dejando un legado de dolor, impunidad y heridas abiertas en las familias.

Y es en este contexto es como México llega a esta fecha, con una crisis de desaparecidas y desaparecidos, en donde día con día el registro del RNPDNL va en aumento, una crisis forense que imposibilita la búsqueda, una desprotección evidente a las madres buscadoras y un Estado que se niega a reconocer este cúmulo de crímenes.

Demandas

Las organizaciones y familias exigieron memoria, verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, así como protección y seguridad para las miles de personas detenidas-desaparecidas y sus familiares en la región.

Además hicieron un llamado a todas las autoridades de Latinoamérica para cumplir con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y a quienes aún no la han firmado y ratificado, hacerlo de inmediato.

Asimismo, solicitaron garantizar la coordinación permanente entre las Comisiones de Búsqueda y las fiscalías, incorporando el análisis de contexto como herramienta central para diseñar e implementar estrategias más efectivas, tanto en la localización de las personas desaparecidas como en la investigación penal de los perpetradores. Esta coordinación debe extenderse a todas las autoridades competentes para atender de manera integral esta grave violación a derechos humanos.

Finalmente, pidieron establecer un mecanismo de sanciones claras y efectivas para los Ministerios Públicos y demás autoridades responsables en los procesos de búsqueda e investigación, con el fin de erradicar la dilación y la impunidad sistemática que prevalecen en la mayoría de los casos de desaparición forzada.

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Poco efectivas las respuestas estatales frente a la desaparición de personas

Se han desarrollado políticas e iniciativas, pero es necesario cuestionar por qué estas acciones no están resolviendo el problema: Karina Ansolabehere

Diana Saavedra    Septiembre  3, 2026

Angélica Cuéllar, Sonia Venegas y Karina Ansolabehere. Foto: Francisco Parra.

Las respuestas estatales frente a la desaparición de personas pueden no ser efectivas, pero permiten generar orden, legitimidad, sistematizar la complejidad y producir legibilidad en los gobiernos, reflexionó la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Karina Ansolabehere.

Durante la conferencia magistral “Derechos humanos, inseguridad y corrupción”, la coordinadora del Seminario Universitario sobre Desaparición, Búsqueda e Identificación de Personas de la UNAM, destacó que ya sea que se hable de México, España, Canadá o Argentina, la lógica de respuesta estatal implica generar leyes, estadísticas e iniciar procesos de investigación ante un problema donde las personas pueden ser consideradas como desechables.

La socióloga comentó que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, hay más de 133 mil desaparecidos en México, cifra que lleva a cuestionar ¿cómo es posible vivir socialmente con esta situación? Perspectiva que no es exclusiva de nuestro país, sino que se ve en naciones como Argentina, España o Canadá.

En presencia de estudiantes y académicos reunidos en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho (FD), la universitaria explicó que existen, principalmente, cuatro hechos que permiten entender por qué es posible la desaparición de personas: la clandestinidad, considerar a la población como desechable (jóvenes, pobres, mujeres y niñas), una ambigüedad en el concepto de pérdida, y finalmente la economía política.

Ante los casos de desaparición la respuesta del Estado suele ser ocultar lo que sucede con afirmaciones como “no es tanto”, “cuáles son los hechos”, “cómo probarla”, “cómo fincar responsabilidades”, o si existen pruebas circunstanciales o no, añadió la investigadora.

Esta perspectiva, opinó, no es exclusiva de los gobiernos autoritarios, también en los democráticos que han firmado tratados internacionales en derechos humanos, la desaparición aumenta porque es una manera de “dilatar” la responsabilidad y negar lo que está sucediendo.

Al participar en el Seminario Permanente de las Ciencias Sociales 2026 “Desafíos en las ciencias sociales: reflexiones sobre la diversidad, educación y ciencia”, Ansolabehere indicó que si bien en México, Argentina y Canadá se han desarrollado políticas e iniciativas para atender las desapariciones, el principal problema es que las personas no son encontradas.

En México se legisla al respecto, y además se cuenta con comisiones de investigación en los tres países, pero esto no genera los resultados esperados, por lo que es necesario cuestionar por qué estas acciones no están resolviendo el problema, apuntó.

En la charla, organizada por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS) y Comités Académicos de Carrera, Ansolabehere dijo que éstos son problemas muy complicados y es evidente que no es fácil resolverlos, por lo que se deben revisar desde una perspectiva de eficiencia, orden y legitimidad.

Los registros de personas desaparecidas, tanto en México, Argentina y Canadá, son una manera de hacer legible algo que está hecho para ser ocultado; cada nación tiene registros que funcionan de manera no aislada, sino en conjunto ofreciendo a los afectados una sensación de legitimidad, orden, sistematicidad y legibilidad.

Al hacer uso de la palabra, Sonia Venegas Álvarez, directora de la FD, afirmó que fenómenos como la inseguridad y la corrupción no pueden analizarse de manera aislada, sino en estrecha relación con las capacidades y limitaciones del Estado para garantizar el acceso a la justicia y salvaguardar los derechos humanos.

Para estudiar y analizar con profundidad cómo la inseguridad jurídica y la corrupción impactan los derechos humanos, necesitamos adoptar una doble perspectiva: la normativa y la sociológica. La primera para identificar las obligaciones internacionales; mientras que la segunda brinda herramientas para cuestionar por qué las normas, aun cuando existen, no siempre se traducen en una realidad efectiva, expuso.

Angélica Cuéllar Vázquez, coordinadora del CAACS, mencionó que el concepto de efecto-Estado nos lleva a pensar que es muy posible que el problema se postergue, sobre todo porque no es que el Estado se desentienda del problema, sino que va alargando los hechos y dando una visión de que sí se hace algo, aunque no haya resultados.

La desaparición de personas es uno de los fenómenos sociales más terribles que suceden, y nos hablan de la marginación y desigualdad en la sociedad, donde si los afectados son considerados personas que “sobran”, entonces no se ocupan recursos para buscarlos, finalizó.