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REAFIRMACIÓN DE LA NECESIDAD DE SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA

PROMOTORA NACIONAL POR LA SUSPENSIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

Ante el G20 el Presidente López Obrador hizo las dos siguientes propuestas:

“Uno. Hacer realidad el compromiso de quitar montos de deuda y del pago de servicio de la deuda a naciones pobres del mundo.

Dos. Garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las que están vigentes en países desarrollados.”

Estas propuestas son correctas en términos generales, pero deben ir juntas y no separadas por tipo de países (países pobres y países de ingresos medios). Las tipologías de países son arbitrarias y no pueden ser base para que un país suspenda el pago del servicio de la deuda, renegocie quitas y establezca auditorías.

El Presidente colocó a nuestro país entre los de ingresos medios, pero los datos nos dicen que, además, México es un país empobrecido.

Más del 50% de la población vive en la pobreza, es un país de los más desiguales en el mundo, con una informalidad de más del 50%, con más del 50% de la población ocupada sin seguridad social ni prestaciones. Con un deterioro de los salarios contractuales del 50% de su poder de compra con respecto a 1982, con altos índices de desempleo, y en donde los salarios representan apenas el 30% del ingreso nacional, mientras las ganancias son más del 60%. El neoliberalismo empobreció a los mexicanos, la economía nacional creció en un irrisorio 2% desde 1982, absolutamente insuficiente para generar empleos y salarios dignos.

Con la crisis, agraviada por la pandemia, el PIB per cápita en 2024 será menor que en 2018. Según cifras de la STPS, 634,000 trabajadores realizaron revisiones salariales en la jurisdicción federal en octubre de 2020 y, en términos reales, sus salarios cayeron en -0.03%, o sea, no mejoraron sus ingresos.

Según cifras del IMSS, en noviembre de 2019 los trabajadores formales eran 20,803,652 pero, en octubre de 2020, eran sólo 19,902,833. Es decir, se han perdido 900,819 empleos y, además, en los dos últimos años un millón 700 mil jóvenes se quedaron sin la posibilidad de acceder a una plaza laboral.

Por otro lado, los trabajadores despedidos, a falta de un seguro de desempleo, han tenido que retirar el ahorro que tienen en las AFORES para enfrentar la carencia de ingresos, y en lo que va de enero a noviembre de 2020 el monto asciende a más de 14 mil millones de pesos.

Salta a la vista que la recuperación de la economía es necesaria y urgente, pero debe ser una reactivación que genere empleos, que aumente los salarios, que acabe con el desempleo y subempleo, que atienda al sector rural, que sea sustentable y con justicia social.

Todo ser humano tiene derechos irrenunciables por el simple hecho de haber nacido, estos derechos quedaron plasmados en 1917 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Estado debe garantizar estos derechos, es su primer deber.

Estos derechos implican el derecho a la vida, a una infancia digna, a la salud, a seguridad social, al empleo, a la alimentación, la vivienda, al vestido. El garantizar esos derechos es obligación irrenunciable de todo gobierno independientemente de que su país sea “pobre” o “medio”. En México existen decenas de millones de personas que no alcanzan a cubrir ni siquiera sus necesidades primordiales. Por eso, hoy por hoy, por encima de cualquier otro interés deben colocarse los derechos imprescindibles de las personas y, el Estado debe tomar medidas extraordinarias para atender sus necesidades.

Para eso se requiere dar un enorme impulso a la reactivación económica y, por ello, hoy más que nunca cobra mayor importancia el suspender el pago al servicio de la deuda pública, negociar quitas, y destinar los recursos del costo financiero de la deuda a resolver los grandes problemas sociales que padece la nación, realizar una auditoría ciudadana a la deuda pública para saber el por qué, el cómo y para qué se adquirieron tales deudas.

Todo esto es necesario para, por el bien de todas y todos, construir un nuevo modelo de desarrollo económico, político y social para México que auténticamente garantice los derechos naturales de todos los mexicanos.