Regresión en Chile

La experiencia reciente de Chile confirma una lección política para América Latina: cuando el progresismo renuncia a transformar la estructura del poder y se limita a administrar el orden existente, prepara las condiciones para el retorno de la reacción. El ciclo encabezado por Gabriel Boric se presentó como la superación generacional de la vieja transición posdictatorial, pero en los hechos reprodujo gran parte de sus límites. Su coalición se sostuvo en una alianza de centroizquierda donde convivieron sectores que por décadas administraron el modelo heredado del pinochetismo. Muchos de los actores provenían de la misma tradición que gobernó bajo la Concertación con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que estabilizaron el sistema institucional nacido de la dictadura y preservaron el modelo económico neoliberal.

El resultado fue un progresismo moderado, temeroso de romper con los pilares del orden existente. El “Estallido Social” de octubre de 2019 había abierto una grieta histórica. Millones de chilenas y chilenos irrumpieron en las calles reclamando cambios estructurales en pensiones, salud, educación y en la propia Constitución heredada del régimen militar. Aquella movilización puso en cuestión la legitimidad del modelo. Sin embargo, el gobierno de Boric canalizó esa energía hacia reformas parciales y procesos institucionales que terminaron diluyéndose entre negociaciones parlamentarias, derrotas plebiscitarias y vacilaciones políticas. El gobierno que se proclamó feminista y transformador terminó atrapado en la lógica del gradualismo.

Hoy Boric abandona el poder con la discreción de quien no pudo cumplir las expectativas que ayudó a despertar. Como en su momento hiciera Felipe González -ese otro adocenado liberal- en España tras domesticar las promesas de cambio que acompañaron la transición democrática, el presidente chileno se retira hacia la comodidad de una fundación para dar conferencias internacionales. Pero deja detrás un escenario político en que la ultraderecha llega al gobierno con una fuerza que hace pocos años parecía impensable.

También hoy, José Antonio Kast asume la presidencia como el dirigente más conservador que ha ocupado el cargo desde el fin de la dictadura. Siempre ha reivindicado el legado de Augusto Pinochet y la defensa de un orden social basado en valores tradicionales, disciplina y autoridad. Durante la campaña evitó colocar en primer plano su agenda ideológica más dura, concentrándose en discursos sobre seguridad, migración y orden público, temas que lograron capitalizar el malestar social acumulado en los últimos años. Sin embargo, su programa y las figuras que integran su gabinete revelan con claridad la orientación del nuevo gobierno.

El gabinete incluirá economistas y empresarios partidarios de profundizar las políticas de desregulación y reducción del papel del Estado en la economía. También incorpora juristas que en el pasado defendieron al propio Pinochet, un gesto político que no deja dudas sobre la desmemoria histórica que inspira a este proyecto. La apuesta central es reconstruir una autoridad estatal fuerte en materia de seguridad y consolidar un marco económico favorable al gran capital, reforzando el modelo de capitalismo a ultranza.

Pero el rasgo más inquietante de esta nueva etapa no se limita a la economía o al orden público. Se encuentra en la concepción profundamente conservadora de la sociedad que representa Kast. A lo largo de su carrera parlamentaria se opuso a la legalización del divorcio cuando Chile debatió esa reforma en 2004. Más tarde rechazó la despenalización del aborto incluso en los casos limitados que finalmente fueron aprobados en 2017. Hoy sostiene la idea de revisar esa legislación con el objetivo de restringir aún más el acceso a la interrupción del embarazo y ha manifestado su oposición a la anticoncepción de emergencia.

El nombramiento de Judith Marín como ministra de la Mujer y Equidad de Género simboliza esa orientación. Marín es una militante evangélica que ha participado activamente en campañas contra el aborto y contra las políticas de igualdad de género. En el pasado protagonizó protestas contra la despenalización del aborto en el Senado y ha defendido una visión de la familia basada en roles tradicionales. Que ahora esté al frente del ministerio encargado de promover derechos de las mujeres constituye un mensaje político inequívoco del neofascismo.

Las consecuencias potenciales de este giro son profundas. Las trabajadoras y trabajadores enfrentan la perspectiva de políticas económicas orientadas a reforzar la flexibilidad laboral y la reducción de regulaciones estatales. Pero el impacto más inmediato podría recaer sobre los derechos conquistados por las mujeres chilenas en las últimas décadas. Aunque la actual legislación permite el aborto solo en tres circunstancias excepcionales —riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal o embarazo producto de violación—, incluso esos márgenes podrían verse amenazados mediante contrarreformas legales o mediante trabas administrativas que dificulten su aplicación efectiva. El gobierno también podría reducir financiamiento a programas de prevención de violencia de género o a políticas de diversidad.

Sin embargo, la sociedad chilena no es la misma que existía antes del estallido social ni antes de la emergencia del movimiento feminista latinoamericano. La jornada del 8 de marzo volvió a demostrarlo con contundencia. En todo el país, cientos de miles de mujeres tomaron las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y al mismo tiempo advertir al nuevo gobierno que no aceptarán retrocesos. Las estimaciones hablan de alrededor de quinientas mil manifestantes movilizadas en distintas ciudades, con marchas multitudinarias en Santiago y en otras regiones.

La magnitud de esa movilización constituye un dato político central. Frente a un gobierno regresivo, el movimiento feminista aparece como una de las fuerzas sociales más organizadas y combativas del Chile contemporáneo. La nueva administración inicia su mandato con el control del aparato estatal, pero también con una sociedad movilizada que ha aprendido a defender en las calles los derechos conquistados.