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RESPONSABILIDADES DEL ESTADO EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA Y DERECHO A LA SALUD.

Ponencia del Prof. Oscar Loza Ochoa en la 3ª reunión del Diálogo para atender la emergencia nacional un presupuesto que promueva bienestar

Palacio de San Lázaro, 22 de noviembre de 2021

Hay cosas en materia de deuda pública que por fortuna son del dominio de muchas y muchos ciudadanos, y que ya no son exclusividad de especialistas, por ejemplo:

1.- ¿Qué tamaño ha alcanzado la deuda pública en México?

2.- ¿En qué medida y a qué sectores sociales afecta?

3.- ¿Qué saldos deja especialmente en el renglón de la salud?


Y en la medida en que nuevos factores concurren para volver más pesado el fardo de la deuda, como lo significan la pandemia del Covid-19 y la crisis económica que se ha convertido en su segunda piel, un número creciente de ciudadanos empieza a preguntarse:

1.- ¿En el origen de la deuda pública mexicana hay legalidad, hay legitimidad y hay moralidad? Se entiende que las legislaturas que formaron parte del viejo régimen no cuestionaran nada al respecto, pero llama la atención que ahora sigamos en la misma tesitura.

2.- Hay renglones de la deuda pública que invitan desde su origen a la revisión inmediata: son los casos del rescate bancario y del rescate carretero. De no cambiar los injustos términos en que los seguimos pagando, requeriremos de dos generaciones de mexicanos para poder liquidarlos.

La crisis sanitaria que se vive a nivel mundial, acompañada de la crisis económica, obligó a instituciones tan inamovibles como el BM y el FMI a reconsiderar el abc de su doctrina económica y su actitud hacia los países con mayores apuros económicos frente a la pandemia.

Era obvio que el pago del servicio de la deuda sería suspendido por al menos 72 países, no había alternativa. Estas instituciones se adelantaron a la formalización de la suspensión y la establecieron por su cuenta. Aun así esa situación económica y la sanitaria siguen siendo desesperantes para dichos países, pues no hace muchas semanas la mayoría de ellos no contaban con más del 1.5 por ciento de ciudadanos vacunados contra el Covid-19.

La situación de emergencia de esos países movió no los sentimientos de compasión del BM y del FMI, sino el sentido común frente a la terrible realidad.

Esa misma realidad que se viste de emergencia empujo a la Argentina en pos de una impostergable negociación de su deuda. Y le resultaron dos cosas agradables: encontró oídos receptivos entre sus grandes acreedores y aliados para mediar en las negociaciones. Uno de esos mediadores fue el gobierno mexicano. El resultado de ese esfuerzo fue la disminución de su deuda en un 30 por ciento.

Las razones que esgrimió Argentina no son diferentes a las que nuestro país puede exponer y sin tener una situación técnica tan aguda como la de los 72 países en mención, más de tres razones centrales que entendieron muy a tiempo el BM y el FMI, también podemos exponer: como las muertes excesivas durante estos interminables meses de pandemia, debidas en su mayoría a la falta de recursos económicos para atender la emergencia en los términos que la misma exige.

¿Por qué el Gobierno mexicano no plantea lo mismo? Podemos ser mediadores, pero no nos atrevemos a reconocer y a decirle a los acreedores domésticos e internacionales que más del 52 por ciento de la población mexicana no tiene acceso a la seguridad social, que las terribles debilidades del Sistema de Salud Pública han quedado más que evidentes en los 33 meses de pandemia y que los presupuestos de egresos del Gobierno federal de 2020, 2021 y el aprobado para 2022, privilegian el cumplimiento de los compromisos con los acreedores nacionales y extranjeros, en lugar del fortalecimiento de su Sistema de Salud Pública.

Compárense los montos de este año, como ejemplo: 692 mil millones de pesos para todos los renglones en materia de salud y 724 mil millones de pesos para el pago del servicio de la deuda.

¿Qué sectores sociales han recibido con mayor fuerza los golpes de la pandemia y de la crisis económica? La población indígena del país y las trabajadoras y trabajadores en la informalidad que suman para septiembre de este año el 56.2 por ciento de la PEA, de acuerdo al INEGI. No son los únicos, pues pequeños y medianos empresarios, junto a sus trabajadores también sufrieron las cornadas del hambre, del cierre de negocios y suspensión de empleos, que no se han recuperado totalmente.

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Stanford, encargado por la OMS, arrojó que en 2020 hubo un exceso de muertes en un 17 por ciento para un universo de 39 países. En ese porcentaje se superó la estimación previa respecto a lo que se esperaba para el año mencionado. Para México el llamado exceso en las muertes fue del 43 por ciento, muy superior a la media. La limitada capacidad de Nuestro Sistema de Salud Pública y los recursos económicos disponibles por el Estado mexicano para enfrentar las crisis gemelas de las que venimos hablando son evidentes.

Dos elementos más: los costos promedios para la atención hospitalaria por Covid-19 ronda el medio millón de pesos. Y como el Sistema de Salud Pública no pudo atender a todos sus derechohabientes, muchos de ellos se fueron a dichos hospitales y perdieron ahorros, bienes inmuebles y quedaron en deudas y no pocos sin deudos (al fallecer sus seres queridos).

Y como aún no podemos hablar de un tiempo post pandemia, pues no solo estamos esperando la llamada cuarta ola del Covid-19, cuyos avances vemos en Austria, Alemania e Italia, tratándose de Europa y de algunas entidades en Estados Unidos, con tímidos pero riesgosos repuntes en algunas regiones mexicanas, al hacer el recuento de los daños en estos 33 meses de pandemia, estamos obligados a ver la atención de las secuelas o pérdidas que nos deja el coronavirus en centenares de miles de ciudadanos: las incapacidades parciales o permanentes para las actividades productivas. ¿Quién cargará con ellas?

Concluiremos que la pandemia no ha terminado y que ni siquiera hemos hecho un recuento de los daños, además de ver que la recuperación económica plena nos llevará más allá de 2023. Todavía más, el presupuesto de 2021 no reflejó una transición hacia otro trato frente a la emergencia de la pandemia, tampoco el presupuesto de la federación para 2022 está planteado hacia una visión diferente frente a la pandemia que seguirá dando lata y una crisis económica que no está cediendo terreno. La única certeza dolorosa es que no dejaremos de pagar el servicio de la deuda a pesar de los costos en vidas, en empleos y bienestar de la población.

¿Qué responsabilidad tiene el Estado mexicano cuando sigue pagando el servicio de la deuda de manera puntual, partiendo de que el monto del mismo es superior al presupuesto dedicado a salud?

¿Hay responsabilidad en el Poder Ejecutivo y en el Congreso de la Unión? No ponemos en duda el sentido patriótico en que se conducen en la presente crisis, pero si reclamamos que hay una omisión que debe atenderse sin dilación: auspiciar el debate al interior del Congreso de la Unión y el debate público en torno al problema de la deuda y las mil y una forma de considerarla y de buscar resolverla sin el sacrificio de la salud del pueblo y de la Nación.

En Sinaloa estamos trabajando en una iniciativa de demanda contra el Estado mexicano, (particularmente contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo), con el fin de que el párrafo cuatro del Artículo 4° Constitucional sea una realidad, con toda la filosofía vinculatoria que establece el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Políticos, Sociales y Culturales, sobre todo su Protocolo. Del que el Estado mexicano nos debe la adhesión y ratificación.

Nuestros abogados y activistas estudian con mucho interés el caso ganado por la comunidad indígena de Muni Numa, municipio de Meltlaltonoc, Guerrero, que se ampararon contra el Estado porque no tenían acceso al derecho a la salud, toda vez que la clínica más cercana distaba unos 120 kilómetros de su población. Hay otros casos interesantes como el xxxxx y el xxxxx. Todos ellos ganados por la vía del Juicio de Amparo.

Interesante es también observar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que distintos estados latinoamericanos han recibido sentencias condenatorias para que los ofendidos tengan acceso pleno al derecho a la salud: son los casos de Vilchis contra Guatemala y xxxxx contra xxxxx; por citar dos ejemplos.

¿El recurso legal a elaborar es a través de un amparo o una demanda clásica? Trabajamos ambos proyectos y consideramos que durante el primer trimestre de 2022 tendremos un proyecto en forma sobre la demanda contra el Estado mexicano en materia de deuda pública y derecho a la salud.

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