RIQUEZAS DE MÉXICO: EL AGUA

Pablo Moctezuma Barragán

México es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales, diversidad biológica, patrimonio cultural y capacidad humana. Esas riquezas podrían sostener un desarrollo nacional independiente si son administradas en beneficio del pueblo, y se podrían traducir en bienestar para la mayoría de la población con un modelo económico que privilegie los intereses sociales y nacionales.

México posee enormes riquezas naturales; cuenta con una gran diversidad de recursos y de ecosistemas; tierras agrícolas fértiles; minerales estratégicos como oro, plata, cobre y litio; petróleo y gas; gran variedad de climas; amplios litorales y recursos pesqueros. Es uno de los países más biodiversos del planeta y tiene una gran cantidad del invaluable bien común del agua. Además, posee una gran capacidad, creatividad e inventiva de sus habitantes.

Sin embargo, México ha sufrido históricamente el saqueo de sus recursos y de su trabajo, primero durante la colonización española y, posteriormente, mediante distintas formas de dependencia económica y concesiones a empresas nacionales y extranjeras que llamamos neocolonialismo; es decir, que gran parte de la riqueza generada por los recursos naturales y humanos no permanece en el país ni beneficia a la mayoría de los mexicanos.

Podemos ser autosustentables. En primer lugar, contamos con algo primordial: los recursos hídricos de México comprenden todas las aguas superficiales y subterráneas disponibles para el consumo humano, la agricultura, la industria, la generación de energía y la conservación de los ecosistemas.

Contamos con el agua, que es vital para la vida humana, la salud, la producción agrícola y los procesos industriales. México recibe agua suficiente para ser autosustentable. El país recibe el volumen de lluvia necesario para cubrir con creces las necesidades agrícolas, industriales y de consumo doméstico de toda la población. En promedio, México recibe alrededor de 1.5 billones de metros cúbicos de agua al año en forma de lluvia que, luego de la evaporación y transpiración, reintegra el 72 % a la atmósfera; se escurre un 22 % y se infiltra un 6 %.

Tras ello, queda una disponibilidad de agua dulce renovable de cerca de 450 000 millones de metros cúbicos anuales. Para todas las actividades —agricultura, industria y uso doméstico— se extraen cerca de 90 000 millones de metros cúbicos, de modo que, desde una perspectiva netamente matemática, el volumen disponible supera en más de cuatro veces el volumen extraído.

Para que sea menor el agua que se pierde por evapotranspiración, se pueden tomar varias medidas; por ejemplo, a nivel urbano: pavimentos permeables, jardines de lluvia, bioretenciones, pozos de recarga artificial, zanjas y trincheras de infiltración. También se puede exigir, por reglamento de construcción, un porcentaje importante de suelo natural o infiltrante en cada predio privado.

A su vez, ampliar las áreas naturales protegidas en las partes altas de las cuencas, donde la geología facilita la infiltración a los acuíferos, y respetar las actuales áreas naturales protegidas frente a los megaproyectos. Imponer en todos los proyectos inmobiliarios el establecimiento de pozos de absorción y sistemas de captura de agua.

Para aprovechar el agua que cae en nuestro territorio hay tres problemas. Primero, el crecimiento anárquico de la economía de mercado concentra a la población y la producción en las zonas con menor precipitación pluvial. El Sur y Sureste concentran más del 67 % del agua renovable, pero albergan a menos del 25 % de la población y generan un porcentaje menor del PIB. El Norte, Centro y Noroeste albergan a más del 75 % de la población y la mayor parte de la actividad industrial y agrícola, pero solo reciben el 33 % del agua renovable.

La solución es generar desarrollo, poblar e incentivar la producción en las zonas que tienen agua y desincentivarlas donde no hay agua. Esto tiene que ver con la capacidad del Estado de orientar la vida económica, la construcción de infraestructura y el transporte de México, y no dejarlo a los intereses inmediatos y ventajistas de las corporaciones que solo buscan su interés mezquino.

Segundo, las temporadas de lluvia son estacionales, entre junio y octubre, y hay largos períodos de sequía, lo que exige una capacidad de almacenamiento. Esto se soluciona con programas nacionales, regionales y locales de cosecha de agua de lluvia; el uso de zanjas de infiltración, gaviones, terrazas, cisternas, pozos de infiltración, alimentar acuíferos, reforestar con especies endémicas y, desde luego, una política firme contra la contaminación de arroyos, ríos, lagos y mares por parte de megaproyectos capitalistas.

Otro gran problema es que en las ciudades se pierde entre el 35 y el 40 % del agua potable por fugas en las tuberías obsoletas, ya que son obras de mantenimiento que no se ven y cuyo arreglo causa molestias en las vialidades; entonces los gobiernos lo posponen y dan prioridad a obras de «relumbrón». Por otra parte, las aguas residuales, por lo general, no se colectan, y esto impide reutilizar el agua tratada en la industria, el riego y otros servicios como los baños.

Otra cuestión es que el 76 % del agua extraída es para el sector agrícola, pero se distribuye mal, porque alrededor de 18 millones de hectáreas, el 73 %, no se irrigan; son de temporal y solo se riegan alrededor de 6 millones de hectáreas, el 27 %. Pero esta extensión se riega por inundación y, de esos 6 millones de hectáreas, menos del 13 % son por goteo. Solución: modernizar el riego, aumentar los millones de hectáreas irrigadas y potenciar exponencialmente el riego por goteo o aspersión en el campo.

De modo que, aunque sí hay posibilidades de ser autosuficientes en agua, es necesario tomar medidas económicas y políticas hídricas, urbanísticas y de planeación para una correcta gestión del agua. En primer lugar, es necesario manejar correctamente su distribución, porque grandes corporaciones industriales, refresqueras y agroindustriales poseen derechos sobre miles de millones de metros cúbicos, mientras miles de comunidades rurales y colonias urbanas padecen tandeos severos y escasez.

El problema es que, con el retroceso neoliberal de 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y con la creación de Conagua (Comisión Nacional del Agua) y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el agua pasó de ser un bien común a una mercancía con el aumento desmedido de concesiones. Entre 1917 y 1992 existían alrededor de 2 000 concesiones en todo el país. A partir de las reformas privatizadoras, esa cifra se disparó a más de 550 000 concesiones otorgadas a particulares y empresas.

Desde entonces se desató el acaparamiento por grandes corporaciones y el desequilibrio distributivo. Mientras más de una tercera parte de los hogares en México padece desabasto o falta de agua corriente, grandes multinacionales (embotelladoras de refrescos, cerveceras, agroindustrias y mineras) concentran e hidroacaparan miles de millones de litros al año, despojando a las comunidades. Las poblaciones locales quedan rezagadas y obligadas a adquirir el recurso mediante pipas o agua embotellada a costos elevados.

El crecimiento inmobiliario sin control ni evaluación de impacto ambiental adecuada ha sobrecargado la red pública, priorizando megaproyectos comerciales y de vivienda por encima del abastecimiento básico de las colonias y barrios populares. El 1.1 % de los usuarios concesionados (aproximadamente 3 300 grandes titulares entre empresas privadas, distritos de riego y particulares) controla más del 22 % de toda el agua concesionada en México.

En el caso del agua subterránea (pozos y acuíferos), este reducido grupo extrae casi el 47 % del volumen asignado a grandes usuarios, situándose en su mayoría sobre acuíferos en estado de sobreexplotación.

Los millonarios del agua pertenecen a varios sectores y conglomerados clave; son solo unos cuantos: 966 corporaciones, 801 asociaciones civiles y distritos de riego, y 1 537 personas (políticos, terratenientes, agroindustriales). Entre los aguatenientes están:

Agroindustria y ganadería: grandes productores de forraje (como alfalfa para la industria láctea) y cultivos de exportación (aguacate, berries, jitomate).

Bebidas y alimentos: embotelladoras de refrescos, cervecerías y lácteas (Grupo Modelo, Heineken, Coca-Cola FEMSA, PepsiCo, Lala, Danone).

Minería y metalurgia: empresas como Grupo México, Peñasquito (Goldcorp), Altos Hornos de México y ArcelorMittal.

Desarrollos turísticos e inmobiliarios: grandes cadenas hoteleras, campos de golf y complejos inmobiliarios en zonas áridas o con estrés hídrico (como Quintana Roo y Baja California Sur).

Este acaparamiento está protegido por el marco legal, ya que la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que sigue prevaleciendo en sus rasgos generales, fue diseñada para mercantilizar el agua bajo un esquema comercial que facilita la transmisión, prórroga y acumulación de títulos de concesión.

Además, como el uso agrícola está exento del pago de derechos por agua, esto ha incentivado que las corporaciones operen bajo esquemas o asociaciones agrícolas para extraer grandes volúmenes a costo casi nulo. Obtienen el agua regalada para luego acaparar ganancias.

Por otra parte, prevalece la subdeclaración e ineficiencia regulatoria, ya que existe un débil monitoreo sobre los volúmenes reales extraídos mediante pozos privados, registrándose casos donde el volumen explotado supera por mucho lo declarado.

Los millonarios del agua acumulan el precioso líquido con engaños, multiplican filiales y familias, socios, y así dispersan las concesiones, cuando en realidad las concentran en un mismo grupo económico. Además, desde la Ley de Aguas Nacionales se permitió la compra, venta y transferencia de títulos de concesión entre particulares, lo que convirtió al agua en una mercancía.

Dado que el agua es de la nación, es decir, del pueblo, no debería ser objeto de mercadeo y acumulación entre particulares. Otro aspecto del abuso es que las corporaciones agroindustriales de exportación usan el agua para fines industriales aparentando que es de uso «agrícola» y así no pagan derechos por la extracción. A esto le tenemos que sumar el robo en redes públicas (aguachicol hídrico) y la sobreexplotación de mantos acuíferos.

Otro mal a erradicar es la deforestación, que en los últimos 25 años ha alcanzado más de 4 millones de hectáreas y, anualmente, alrededor de 500 mil hectáreas, debido a megaproyectos, incendios y a la actividad de los talamontes. Los bosques funcionan como «esponjas» naturales que capturan el agua de lluvia y la filtran hacia los mantos acuíferos. Sin árboles, el agua corre superficialmente, causando inundaciones repentinas en lugar de recargar los pozos y manantiales, lo que agrava la escasez hídrica en regiones críticas (como ocurre en el Sistema Hidrológico del Valle de México). En los últimos 15 años han sido asesinados más de 300 defensores del bosque, la mitad miembros de pueblos originarios que defienden los bosques de sus comunidades. Se necesita un programa nacional de combate a la deforestación y poner fin a la violencia contra los ambientalistas.

De modo que hay varias salidas para garantizar el derecho al agua: aprovechar el agua de la misma cuenca, regenerar las cuencas y no traerla de cuencas lejanas, restaurar los cuerpos de agua, arroyos, ríos y lagos, además de tratar las aguas residuales. Existen 653 acuíferos distribuidos en todo el país. Se puede ayudar a que se infiltre más agua al subsuelo con obras especiales. Con el tratamiento intensivo de aguas residuales puede aumentar la disponibilidad de agua por lo menos en un 10 %.

Es necesario frenar el acaparamiento y la sobreexplotación: establecer mecanismos reales y coercitivos para obligar a la redistribución de los volúmenes de agua concentrados en manos de corporativos y que se garantice el suministro básico.

Hace falta la participación social, democratizar las decisiones sobre el agua, involucrando activamente a comunidades, pueblos originarios y a la ciudadanía mediante contralorías sociales que vigilen el uso del recurso. Y, desde luego, una Nueva Ley General de Aguas que supere totalmente la privatización que se inició en 1992, ya que las nuevas reformas no rompen con la línea que marcó la ley de Salinas.

Una solución de fondo implica establecer el papel rector del Estado, un Plan Nacional de Desarrollo y un Plan Nacional Urbano que den prioridad a las necesidades de la gente y de la sociedad, y no a las de las corporaciones que solo buscan acumular ganancias.

Ha llegado el momento de revertir a fondo toda la estructura neoliberal para que la transformación profunda se comience a vivir.