Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas . Diciembre 2020.
Ya no hay pretexto Como hace cinco años reiteramos nuestra demanda de un salario mínimo de 300 pesos para las personas jornaleras agrícolas
• Una cantidad menor sería un insulto y expresión de una visión discriminatoria y excluyente de los sectores gubernamental, patronal y obrero
• Fijar un salario mínimo de al menos 300 pesos diarios para las personas jornaleras agrícolas, es una petición responsable; incluso, menor al salario promedio general de afiliados al IMSS de 372.58 o 402.80, sólo así se avanzará con seriedad a saldar la enorme deuda social contraída con los 2 millones 330 mil de jornaleros agrícolas que junto con sus familias suman 8 millones 133 mil personas 15 de diciembre de 2020 Salario mínimo digno de 300 pesos para las personas jornaleras agrícolas, esa fue una de nuestras principales demandas durante la huelga en el valle de San Quintín, Baja California, hace cinco años.
Hoy volvemos a alzar la voz y exigimos dejar de recibir salarios de hambre. No hay pretexto para que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos no fije el salario mínimo para los hombres y las mujeres jornaleras, obligación establecida en el artículo 280 Bis de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y que deliberadamente, por medio siglo, se ha omitido en franco desacato al orden constitucional vigente.
Muchos han sido los esfuerzos y luchas de las personas que trabajan en el campo mexicano, para obtener remuneraciones decentes y seguridad social. Algunos logros se reflejan en la afiliación de 365 mil 123 personas trabajadoras del sector agropecuario al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los salarios promedio de cotización están en torno de 226.53 pesos para los permanentes y de 207.23 pesos para los eventuales, cantidades muy por debajo del promedio general de 372.58 o 402.80 pesos (precios a julio 2018 y precios nominales, respectivamente), del todo insuficientes para cubrir las necesidades básicas y los gastos de movilidad. Esa es una de las razones principales para exigir un salario mínimo de al menos 300 pesos para la Zona “Resto del País” y la cantidad correspondiente para la Zona Libre de la Frontera Norte, de acuerdo al costo de la vida de esta zona.. Ni un peso menos ni un paso atrás en esta demanda salarial. Una cantidad 2 menor sería un insulto y expresión de una visión discriminatoria y excluyente de los sectores que integran la CONASAMI.
Nuestra petición es una petición responsable, incluso menor al salario promedio general de afiliados al IMSS de 372.58 o 402.80, sólo así se avanzará con seriedad a saldar la enorme deuda social contraída con los 2 millones 330 mil de jornaleros agrícolas que junto con nuestras familias sumamos 8 millones 133 mil personas. Cabe destacar que las personas jornaleras agrícolas representan, respectivamente, el 34.8% de la población ocupada y el 75.6% de la población subordinada y remunerada del sector primario; un sector fundamental para la economía como quedó demostrado en los meses difíciles de pandemia. En su comparación anual, la estimación oportuna del Producto Interno Bruto con series desestacionalizadas del tercer trimestre de 2020 mostró un retroceso real de -8.6%. Salvo el avance de las actividades primarias del 7.4%, las actividades económicas secundarias y terciarias se desplomaron -8.9% y -8.8%. La exigencia de un salario digno para las personas jornaleras es expresión de una sociedad en transformación para reconocer la labor y los derechos de las personas jornaleras agrícolas. En su mayoría procedemos de comunidades indígenas que tienen que migrar a otros estados para trabajar a la intemperie en agotadoras jornadas, expuestas a la inseguridad e impedidas a ejercer sus derechos de salud y educación. Bastaría admitir el carácter esencial de su actividad para la economía y, especialmente, para garantizar la alimentación de la población para no aplazar la urgente atención a nuestra comunidad. Un paso fundamental para revertir la discriminación, el empobrecimiento y la precariedad laboral en que nos encontramos las personas jornaleras, es fijar un salario mínimo profesional digno para este trabajo especial lo que contribuirá a “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”.