Carlos Fernández-Vega
Foto Notimex
Las empresas mineras pagan por hectárea concesionada 9.30 pesos en el primero y segundo año de vigencia de la concesión hasta 203.57 pesos a partir del undécimo. Detalle de la mina Los Filos, propiedad de la canadiense Equinox Gold, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, que ocupa mil 300 hectáreas.
La cosa se pone peor: en noviembre de 2011, La Jornada publicó que sólo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mineras, mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la cabeza–, extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy es México, de acuerdo con la estadística histórica del Inegi. Con Fox y Calderón en Los Pinos, esos corporativos obtuvieron 380 toneladas de oro y 28 mil 274 toneladas de plata de las minas mexicanas, contra 182 y 53 mil 500 toneladas, respectivamente, en los tres siglos citados”.
Una barbaridad, pero con el correr de los años es necesario actualizar y ampliar dicha información (exclusiva de La Jornada, aunque no pocos la plagian), especialmente ahora que Justin Trudeau vino a cabildear para favorecer a sus corporativos mineros que operan en México, su paraíso gracias al régimen neoliberal. Sin embargo, en este caso la referencia se limita al oro extraído de territorio nacional, generosamente concesionado a particulares, especialmente las de dicha nacionalidad.
¿Resultado? Terrorífico, no solamente por el creciente volumen extraído, sino, especialmente, por los nulos beneficios para los mexicanos, dueños del territorio concesionado. El saqueo fue promovido y facilitado por Carlos Salinas de Gortari, quien en 1992 modificó la Ley Minera para abrir las puertas de par en par al capital privado extranjero.
Pues bien, como se anota líneas arriba, en tres siglos de coloniaje los españoles se llevaron 182 toneladas de oro mexicano, pero en los 36 años de régimen neoliberal los corporativos mineros nacionales y foráneos (principalmente canadienses) se embolsaron mil 339 toneladas de ese metal (si se consideran los dos primeros años de la presente administración el volumen de incrementa a mil 485 toneladas), es decir, 7.7 veces más que en 300 años de saqueo en nombre de Dios y la Corona (las cifras son del Inegi y del Servicio Geológico Mexicano).
El 70 por ciento de ese volumen lo obtuvieron los consorcios mineros en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Entonces, con tan generosas concesiones otorgadas por el régimen neoliberal, ¿cuál ha sido el resultado para los mexicanos? Depredación y contaminación, por decir lo menos.
La Jornada (Braulio Carbajal) lo ha reseñado así: seis de las 10 minas de oro más importantes del país están en manos de empresas canadienses, lo que da como resultado que casi 60 por ciento de ese metal precioso, que se extrae de suelo mexicano, sea propiedad de una minera de Canadá. Esas empresas dominan el mercado, pues de sus seis minas extraen anualmente alrededor de 35 toneladas, 60 por ciento del total de oro; las mexicanas, 17.3 toneladas, 30 por ciento, y las estadunidenses cerca de 7, 10 por ciento, según información oficial. Y todo queda en los grandes corporativos.
Así es: el impresionante volumen de oro extraído durante el régimen neoliberal ha quedado, íntegro, en manos particulares (mayoritariamente canadienses) y es tal la cantidad por ellas acumulada que supera las reservas que de ese metal atesora Suiza (mil 40 toneladas) y se acerca a las que posee China (mil 948). Sirva de comparativo que las reservas de oro del Banco de México suman 120 toneladas, es decir, a duras penas 9 por ciento de lo extraído en nuestro país por los corporativos privados, amén de que buena parte de ellas –oro mexicano– se las ha comprado a mineras canadienses que operan en nuestro país.
Pero hay más: sólo en el sexenio peñanietista, lo obtenido por esos corporativos privados (nada más por oro) se aproximó a 500 mil millones de pesos. A cambio, por decirlo así, ellos pagan –si en realidad lo hacen– un monto verdaderamente ridículo por hectárea concesionada (Ley Federal de Derechos), que va desde 9.30 pesos (primer y segundo año de vigencia de la concesión) a 203.57 pesos –ni un salario mínimo– (a partir del undécimo). La cereza del pastel es lo revelado por la secretaría de Economía, Raquel Buenrostro: las empresas mineras que operan en México sólo pagan de impuestos al gobierno federal 0.002 por ciento de sus ingresos.
Y de pilón, la Ley de Ingresos de la Federación 2023, aprobada por el Congreso, lo deja en claro: regalías provenientes de fondos y explotación minera, cero pesos, cero centavos.