Democracia sindical a partir del voto personal, directo, libre y secreto de los trabajadores. El artículo debate el ejercicio de democracia en el SME
Regeneración, 29 de julio del 2019. SME. A raíz de las recientes reformas que obligan a la elección directa dentro de todos los sindicatos, diversas expresiones en contra se han amparado, otras, a favor, pero que no cumplen con la norma democrática
La libertad y democracia sindical a prueba
Por José Antonio Almazán González.
Mientras algunos dirigentes sindicales, particularmente de la CTM, comienzan a presentar amparos para enfrentar las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), temerosos de ser derrocados por el voto personal, directo, libre y secreto de los trabajadores.
Otros, escudados en fachadas izquierdistas, presumiendo una inexistente democracia sindical, instrumentan fraudes electorales, para mantenerse en el poder y seguir esquilmando a los trabajadores
Tal es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuya dirección busca reelegirse por 5 años más, para proteger su pequeño feudo sindical empresarial, asociados con la empresa eléctrica privada Generadora Fénix, subsidiaria de la trasnacional portuguesa Mota Engil, de la cual forman parte de su consejo de administración.
Increíble, pero cierto, pero desde el 2015 el gobierno de Peña Nieto representado por la secretaria de gobernación y la dirección del SME, acordaron reencauzar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
Y, de esa forma finiquitar un pasivo laboral de 80 mil millones de pesos, perteneciente a más de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Todo a cambio de donar en propiedad algunas decenas de terrenos, edificios, naves industriales sin equipo y herramientas, con un valor contable de 512 millones de pesos.
Como parte de esa negociación para liquidar el pasivo laboral de los trabajadores, ilegalmente el gobierno anterior entregó dos concesiones: una para el uso y aprovechamiento de aguas nacionales del sistema hidrológico de Necaxa y otra para la explotación a título gratuito de 15 pequeñas plantas hidroeléctricas.
Lo curioso del caso es que dichas concesiones de aguas nacionales siguen siendo propiedad de LyFC, en tanto la propiedad de las plantas hidroeléctricas están en manos de CFE.
Pero lo asombroso del caso es que las concesiones de aguas nacionales y las pequeñas plantas hidroeléctricas se las dieron a una empresa eléctrica privada, la Generadora Fénix, surgida de esa negociación y de la cual Mota Engil es propietaria del 51% de las acciones; la dirección del SME posee un 40%, y el 9% es de la Cooperativa LFC en la cual se agrupan aproximadamente 14 mil cooperativistas, la mayoría de los cuales siguen sin empleo.
De aquí viene el reclamo fundado de miles de electricistas del SME que exigen justicia y trabajo.
Demanda finalmente recogida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que hace unos días aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de la Secretaría de Energía, del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes y del INAI para hacer pública toda la información relativa a la extinción liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
Esto como parte del gran negocio de la privatización eléctrica, iniciada por Salinas de Gortari, convalidada por Felipe Calderón y consumada por Peña Nieto.
Para garantizar este pingüe negocio, salpicado de jugosas e inmerecidas liquidaciones millonarias a los actuales dirigentes del SME, pero a costa de miles de trabajadores que se quedaron sin empleo, la dirección del sindicato amplió en 2015 su duración en los cargos sindicales de 2 a 5 años, mediante una reforma a sus estatutos sindicales y la aplicó retroactivamente.
Lo anterior es una cuestión que la Constitución prohíbe, pero que fue validada por el gobierno de Peña Nieto.
Además, en 2016 realizó otra nueva reforma, sin consultar a los trabajadores, con el propósito de adecuar algunas decenas de artículos que entraban en contradicción con los anteriores estatutos del SME.
Finalmente, en octubre de 2018, todavía con Peña Nieto en la presidencia, sigilosamente y sin informar a sus agremiados, la dirección del SME modificó el padrón de sus miembros,conformado por trabajadores, jubilados, cooperativistas y pensionados con renta vitalicia.
El objetivo, reducir una membresía de más de 66 mil miembros en 2009 a solo 15,164 socios sindicales y excluyendo a cerca de 18 mil jubilados del SME, como puede ser verificado en la página de internet de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Por supuesto, de esta maniobra ilegal y antidemocrática los agremiados al SME no fueron informados y en estas circunstancias se llegó a las elecciones del SME, con evidentes pruebas de fraude electoral anticipado, a partir de un padrón electoral adulterado y recortado.
Para completar la maniobra, a una de las planillas de oposición se le negó el derecho a participar en las elecciones, bajo el falaz argumento de no estar al corriente en el pago de sus cuotas sindicales, o estar suspendidos de sus derechos sindicales.
A otra planilla de oposición la dirección del SME aceptó finalmente su registro, pero recortándoles una lista de 1,497 firmas de apoyo y obligándolos a cambiar a dos representantes de planilla, sin argumento alguno.
A la vieja usanza charril, en los mismos días en que transcurrió el proceso de votación, del 17 al 27 de junio, la dirección del SME citó a los cooperativistas sin empleo para entregarles 5 mil pesos como parte de los dividendos anuales de la Generadora Fénix, en un lugar cercano a las elecciones sindicales en el D.F. etc.
Pero la herramienta maestra del fraude electoral es un padrón electoral adulterado y recortado que la dirección del SME se negó reiteradamente a hacer público y tampoco entregó a los representantes de la planilla de oposición, para su revisión y cotejo.
Para, de esta forma, manejar a gusto y discreción la lista de votantes, violando los propios estatutos sindicales y lo establecido en la nueva LFT en su artículo 371, que da garantía para el ejercicio del voto directo, personal, libre y secreto, señalando en el último párrafo de la fracción IX:
“En virtud de que estos requisitos son esenciales para expresar la libre voluntad de los afiliados al sindicato, de incumplirse éstos, el procedimiento de elección carecerá de validez, ya sea a nivel general o seccional, según sea el caso…”.