Tribunales Agrarios: secretarios de Acuerdos también sacan tajada

Zósimo Camacho

En el sistema de justicia agraria mexicana, los secretarios de Acuerdos, figuras clave en los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA), aprovechan su posición para enriquecerse con la adquisición de tierras en ejidos y comunidades bajo su jurisdicción.

Desde convertirse en ejidatarios hasta obtener propiedades privilegiadas, estos funcionarios hacen uso de su posición en el servicio público para beneficio personal. Llegan incluso a resistirse a traslados legítimos para no perder sus prebendas.

En los Tribunales Agrarios las irregularidades que se padecen desde hace décadas comienzan, en efecto, con los magistrados, muchos de ellos no ratificados desde hace nueve años. Pero no se quedan ahí. Los segundos en el escalafón de cada TUA, los secretarios de Acuerdos, también sacan ventajas de su asiento.

Se convierten en “ejidatarios” o “comuneros”, “posesionarios” o “avecindados” de núcleos agrarios donde tienen jurisdicción como funcionarios. O simplemente adquieren propiedades con mejores condiciones por la información que poseen.

Muchas veces son los que realmente dirigen cada Tribunal. Se convierten en los verdaderos jefes porque en ellos recae la responsabilidad de llevar las audiencias. Y son tantos los intereses que llegan a tener en la zona que, cuando les notifican la legal reubicación a otro TUA, se resisten al cambio. Realizan toda clase de tácticas dilatorias para aferrase a la región. Se “enferman” e, incluso, combaten legalmente el traslado con amparos. Dos casos recientes ejemplifican un fenómeno que se replica en varios estados de la República.

El secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario 27, de Guasave, Sinaloa, Joel Romero Rodríguez, aparece en el Registro Agrario Nacional (RAN) como ejidatario de El Carricito, municipio de El Fuerte, Sinaloa. En efecto, el funcionario es originario de ese poblado y, en los archivos del RAN, siguen figurando con la ocupación de “campesino”.

De acuerdo con la propia información del RAN, a la que Zona Cero ha tenido acceso, ha adquirido 12 derechos parcelarios en el ejido por 28 hectáreas con 58 deciáreas. Además, goza de ocho derechos sobre tierras de uso común.

No son los únicos terrenos que posee. También se convirtió en ejidatario del núcleo agrario vecino llamado Jahuara o Los Leyva, ubicado igualmente en el municipio de El Fuerte. Ahí posee siete derechos parcelarios, por enajenación, con una extensión de 47 hectáreas con 42 deciáreas. Por si fuera poco, cuenta con derechos sobre tierra de uso común de El Carricito pero en el municipio vecino de Ahome. Se calcula, proporcionalmente, en más de 200 hectáreas sus posesiones.

Su hermano, Leonel Romero Rodríguez, también aparece como ejidatario de El Carricito. Posee cinco derechos parcelarios por 10 hectáreas con 33 deciáreas. Él es secretario de Estudio y Cuenta (proyectista) del TUA 53, de Celaya, Guanajuato.

Así, los hermanos Romero Rodríguez se han hecho de tierras de riego de primera calidad en una zona muy fértil, precisamente en la jurisdicción del Tribunal Unitario Agrario 27, donde es secretario de Acuerdos Joel. Cuentan, además, con alrededor de 200 cabezas de ganado.

Encima, estos dos hermanos son cuñados de Eugenio Ayala Armenta, actual magistrado al frente del TUA 7, ubicado en Durango, Durango. Cabe señalar, este personaje viene de ser secretario General de Acuerdos nada menos que del Tribunal Superior Agrario (TSA), cuando estuvo encabezado por la magistrada zacatecana, cercana a Ricardo Monreal, Maribel Méndez de Lara.

En efecto, Marlene Romero Rodríguez, esposa de Eugenio y hermana de Joel y Leonel, aparece como “campesina” en los archivos del RAN. Se le reconoce “avecindada” del núcleo agrario La Palma, municipio El Fuerte, Sinaloa. Cuenta con dos derechos parcelarios adquiridos por enajenación que comprenden tres hectáreas con 21 deciáreas. ¿Típica familia campesina mexicana?

Joel Romero Rodríguez se niega a ser reubicado al Tribunal Unitario Agrario 15, de Guadalajara Jalisco. Recurre, incluso, a reiterativos procedimientos de incapacidad, o licencias médicas, para evitar su traslado.

En otro caso, Iber Alejandro Morales Cruz, por años secretario de Acuerdos del Tribunal Agrario en Monterrey, Nuevo León, tiene una larga trayectoria… de adquisición de propiedades. Cuenta con, al menos, tres en esta entidad. Apenas este 4 de junio se concretó su cambio al Tribunal Unitario Agrario 19, de Tepic Nayarit. Litigó en contra por meses.

Entre sus propiedades se encuentra una de 112 metros cuadrados, en el Fraccionamiento Nexxus Residencial, Sector Diamante. Está ubicada en el municipio de General Escobedo, Nuevo León. Según la escritura pública 7232, celebrada ante el Notario Público 129, Juan Manuel García García, de San Pedro Garza García, Nuevo León, fue adquirida en marzo de 2005 mediante contrato de compraventa. El valor, entonces, fue de 777 mil pesos.

Otra, de 87.43 metros cuadrados, está ubicada en la colonia Mitras Poniente Leones. Fue adquirida en febrero de 2006 mediante contrato de compraventa, según la escritura pública 39500 emitida por la Notaría 51, a cargo de Evaristo Ocañas Méndez. Morales Cruz pagó 350 mil pesos. Cada posesión ronda actualmente los 2 millones por justipreciación.

Pero también tiene propiedades en otras entidades, como Chiapas. En 2014, el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla emitió una sentencia a favor de Morales Cruz. Le entregó la plaza comercial Tuxtla, con locales ocupados por sucursales bancarias en la Sección A, Manzana C, Lote 114, ubicado en Circuito Las Flores Oriente, 360, del Fraccionamiento La Herradura.

Los casos de Morales Cruz y Romero Rodríguez revelan un problema sistémico en los Tribunales Agrarios. Se convierten en ejemplos de cómo evadir responsabilidades y ocultar intereses inconfesables. Hoy Moisés Jiménez Garnica, secretario de Acuerdos del TUA 55, de Pachuca, Hidalgo, se niega a ser reubicado a Monterrey, Nuevo León. Promovió un amparo y le concedieron la suspensión. Y el secretario de Acuerdos del TUA 5, de Chihuahua, Chihuahua, Jesús Javier Pérez Rodríguez, también se amparó para no ser reubicado a Texcoco, Estado de México.

Estas prácticas no sólo socavan la imparcialidad de la justicia agraria, sino que perpetúan desigualdades en el campo mexicano. Urge una revisión profunda de los mecanismos de fiscalización y rotación de personal en los TUA para evitar que más servidores públicos conviertan su posición en un privilegio personal.