Rodrigo Llanes Salazar (*)
El pasado 28 de septiembre se constituyó públicamente la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán. Como ha sucedido en otras entidades de la república, como Baja California y Guanajuato, la Contraloría de Yucatán ha sido impulsada por grupos promotores en Mérida y, de manera importante, en diversas comunidades cuyo derecho humano al agua y al saneamiento han sido afectados profundamente, como Hunucmá, Sitilpech, Santa María Chí y Ucú.
No menos importante ha sido la articulación con otras organizaciones sociales, como el Frente Campesino, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, la Red Ciudadana por la Sostenibilidad de Yucatán, la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst y el Grupo Espeleológico Ahau, y con el movimiento de las contralorías a escala nacional. Todo este trabajo organizativo se expresó en el evento constitutivo del 28 de septiembre.
¿Por qué y para qué se ha constituido la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán? Ha sido ampliamente documentado en los medios de comunicación la crisis hídrica que atraviesan más de la mitad de los municipios de México, algunos de los cuales, como Monterrey, han pasado días enteros sin agua. Aunque algunos atribuyen este problema al “cambio climático”, lo cierto es que la crisis responde también, y en gran medida, a una mala política del agua, que, a partir de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992, privilegia las concesiones de agua a las grandes industrias.
En su intervención durante el evento, Elena Burns, experta en planeación territorial e hídrica, coordinadora de la elaboración participativa de la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas, cofundadora de la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida y ex Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que la vigente LAN “es una aberración a nivel internacional. Sólo Chile bajo la dictadura aprobó una ley tan privatizadora” (la cambió en 2022, México aún no lo hace). La LAN, sostuvo Burns, ha permitido la “repartición de derechos del agua a los primeros que llegan hasta agotar la existencia, sin reservar concesiones para el medio ambiente”.
Millonarios del agua en Yucatán. Particularmente, para el caso de Yucatán, Burns expuso quiénes son los “millonarios del agua” en Yucatán, es decir, quiénes son las industrias o personas que tienen concesiones para más de un millón de metros cúbicos (m3) al año: la Cervecera Yucateca encabeza la lista con 7 m illones de m3 que, administrativamente, están divididos en 14 concesiones más pequeñas. Le siguen AES, con 2.2 millones de m3; Ciudades Sustentables de Mérida, también con 2.2 millones de m3; la Unidad de riego de Oxkutzcab, con 1.2 millones de m3; Empaques Nova en Umán, con 1.1 millones de m3.
En cuanto a los derechos de descargas, la industria porcícola en Maxcanú encabeza la lista con 1.2 millones de m3, distribuidas en varias concesiones. Después se encuentra el Rancho Cocoyol en Yaxcabá, con 840 mil m3; Grupo Porcícola en Tekax, con 412 mil m3. Llama la atención que los volúmenes de extracción y de descarga son tan dispares.
Burns advirtió algo sumamente preocupante. En México, la LAN obliga a otorgar concesiones mientras haya agua disponible, y esa es la tendencia que han seguido las autoridades del agua. En tanto que diversos acuíferos de otras regiones del país se encuentran sobreconcesionados, las industrias han fijado sus miradas en Yucatán, cuyo acuífero, según la Conagua, aún muestra una gran disponibilidad (aunque, como han señalado diversos especialistas y también se ha enfatizado en este espacio, cantidad no es sinónimo de calidad). “En el país ya casi se acabó el agua, Yucatán es la enorme piñata”, señaló Burns.
¿Qué consecuencias tiene esta dinámica sobreconcesionadora a favor de unas pocas industrias? En el evento de constitución de la Contraloría de Yucatán, los integrantes de los grupos promotores de las comunidades rindieron sus testimonios, los cuales nos ofrecen algunas respuestas.
En Hunucmá, precisamente donde se localiza el mayor millonario del agua de Yucatán, está sucediendo “lo que nunca había pasado” —según la expresión de una integrante del grupo promotor—: “se secaron los pozos”. “Mi papá hizo pozos abiertos, pozos artesanales. Ha llovido, pero a pesar de eso, fui a ver el pozo, y veo que incluso con las lluvias las aguas están muy bajas, antes se llenaban los pozos con las lluvias”. “Ha bajado el nivel del agua. Los horticultores ya no pueden trabajar sus hortalizas por falta de agua”. “La Cervecera se instaló sin preguntar a nadie” (es decir, el Estado incumplió su obligación de consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades afectadas).
En Sitilpech, la “granja porcina está contaminando el agua”, denunció uno de los integrantes del grupo promotor. “Soy campesino, antes daba el fruto bien, ahora ya no da como antes”, debido a la contaminación. Además de padecer los efectos de la contaminación, los habitantes de Sitilpech también se han enfrentado a la criminalización y represión por la defensa de su derecho al agua y a un medio ambiente sano, como ha sido documentado en un informe por Amnistía Internacional. “A pesar de que el gobierno nos ha mandado a golpear con antimotines, vamos a seguir en la lucha”.
De manera similar, en Santa María Chí, subcomisaría de Mérida, los integrantes del grupo promotor expusieron que, debido a la presencia de una granja porcina, el agua de los pozos que empleaban para regar y para uso doméstico, ahora “mata las plantas, huele mal, está amarilla”. Otro integrante del grupo promotor señaló: “del agua depende la vida, nuestros árboles, nuestros animalles. Las abejas se están acabando. Una mata de ceibo se está muriendo, no es posible que en estas épocas (de lluvia) se esté muriendo. Se debe a la contaminación del agua y del aire. Si ahora está pasando con las matas y con los árboles, el día de mañana seremos nosotros”. Y, de manera similar a Sitilpech, los defensores del agua de Santa María Chí también han enfrentado la criminalización de la defensa.
Por su parte, el representante del grupo promotor de Ucú expresó que “veo que hay mucho cáncer en Yucatán. Viene de la contaminación”. “Se ve muy terrorífico que las empresas y las granjas pongan sus tubos de desechos y sin filtros se va contaminando el agua. Cuando estaba más chavo podía tomar el agua de pozo, que tiene tantas vitaminas y minerales. Ahora las compañías nos venden el agua purificada, pero le quitan todas las vitaminas, minerales. Nos van a tener que vender hasta el agua para bañarnos”.
Así, como señaló una de las integrantes del grupo promotor de Mérida, “son las comunidades, que están en contacto directo con los cenotes, cuevas y la tierra, las que ven los efectos de la contaminación. Ven que lo que están sembrando se muere, que las plantas no dan como antes”, hechos que no siempre apreciamos en la ciudad.
Como de costumbre, el grupo promotor de la contraloría yucateca inició el evento con una ceremonia maya, presidida por una de las integrantes del grupo promotor de Hunucmá. Con el incienso del copal, el sonido del caracol, saludos a los cuatro puntos cardinales y palabras que reconocieron a quienes han dedicado sus vidas a la defensa del agua y el territorio, como la amenaza de numerosos enemigos (“los que vemos y los que no vemos”), la ceremonia enfatizó el carácter sagrado del agua, en contraste con la visión dominante que la concibe como un bien mercantil. “El agua es algo gratuito que nos regaló el creador”.
En su intervención, tres de los integrantes que más han impulsado la creación de la Contraloría en Yucatán explicaron la necesidad de este contrapeso. Cuauhtémoc Jacobo señaló que “el derecho humano al agua ya es un derecho constitucional (reconocido en el Artículo 4 de la Constitución federal), pero no se han generado las bases para hacerlo efectivo (…) En Yucatán ha habido una expansión de industrias en los últimos 30 años que están violando los derechos humanos (…) Nos estamos constituyendo porque queremos que esta contraloría sea el contrapeso ante el gran poder corruptor del dinero, que compra jueces y funcionarios de gobierno”.
Teresa Vaught hizo un recuento del movimiento que condujo a la contraloría, el cual se remonta a la conformación del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán en 2018. “A nivel nacional nos estamos sumando a más contralorías, a una democracia más participativa. Vamos a estar vigilantes del actuar de los funcionarios públicos (…) y también a generar propuestas, como ecotecnias, con participación ciudadana”.
Finalmente, Yameli Aguilar señaló que grupos oficiales, como el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, no están haciendo correctamente su trabajo. También subrayó que Yucatán es un territorio kárstico: “estamos llenos de huecos y oquedades, los encontramos en recorridos de campo, cuando acompañamos a comunidades. El problema es que las autoridades, incluso los investigadores, no van al campo, no reconocen lo que no se puede ver en satélites o en aviones, no se ve lo que está oculto entre la vegetación. Estos huecos hacen que el agua esté expuesta y sea muy vulnerable a la contaminación, a la sobreextracción, a la salinización”.
En el evento de constitución de la Contraloría también intervenimos brevemente algunos académicos y se le entregó un reconocimiento al maestro Anacleto Cetina por su destacada trayectoria como cronista de Yucatán, maestro de lengua maya y defensor del agua. El acto concluyó con el Festival del Agua Sagrada, con la lectura de poesía, jarana y son jarocho.— Mérida, Yucatán.
Investigador del Cephcis-UNAM
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