● Criminal omisión del Poder Legislativo: 10 años sin la Ley de Aguas que México necesita.
● México puede lograr la Ley Modelo a nivel continental de acuerdo al Relator de las Naciones Unidas para el Agua y el Saneamiento de la ONU
● Exhortamos a los tres poderes sentar las bases para la Ley General de Aguas YA
El ocho de febrero de 2012, México reconoció en su Constitución Política, el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, a partir del artículo 4o. Esta reforma obliga al poder legislativo a emitir una Ley General de Aguas. Han transcurrido diez años al día de mañana y la omisión para emitir una Ley General de Aguas ha sido ya señalada en reiteración, el 24 de enero pasado, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bajo la obsoleta Ley de Aguas Nacionales (LAN) salinista de 1992, México sufre una grave inequidad en el acceso al agua, la contaminación, el acaparamiento, la sobreexplotación y la corrupción impune campean en la gestión actual del agua. Este año de 2022, ciudades como Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara y las ciudades de la frontera norte, sufrirán una grave escasez, por la falta de lluvias y debido al mal diseño, planeación y manejo, así como la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, y políticas dispersas que imponen los grandes intereses.
Recordamos las palabras de Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la ONU, quien durante su visita a México en noviembre el 2021, presentó como ejemplo a seguir a nivel internacional, el proyecto de Dictamen de la Ley General de Aguas, presentado a solicitud de Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, producto de las cinco Iniciativas de Ley General de Aguas del Senado y la Cámara de Diputados, que trabajamos en coadyuvancia desde febrero de 2020 en la Cámara de Diputados y aún pendiente de ser considerado en el Senado.
Hoy, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cabeza de sector ambiental y la Comisión Nacional del Agua, están atadas de manos por la LAN, que les impide corregir la actual privatización de algunos sistemas municipales, el mal manejo de concesiones, y grandes obras hidráulicas, así como el acaparamiento de derechos en los Distritos de Riego; con la finalidad de lograr la gestión para el acceso equitativo y sustentable en un marco de respeto por los derechos humanos, que marca nuestra Constitución.
Estamos a pocas semanas de concluir exitosamente este proceso, que solamente puede ser obstaculizado por los grandes intereses que intentan imponer la ambición de usar el agua para el lucro con agendas dictadas por los Aguatenientes y los promotores de megaproyectos de muerte al servicio de las trasnacionales. Este es el caso del diputado Mario Mata Carrasco del PAN, provocador del conflicto La Boquilla y promotor de la separación del Estado de Chihuahua de la Federación, quien intenta dar borrón y cuenta nueva a 100 meses de construir consensos, para iniciar de la mano de los grandes intereses una nueva versión de la caduca LAN con discursos amañados que buscan generar confusión, traicionando las necesidades de más de un centenar de millones de mexicanas y mexicanos.
Exhortamos al Secretario de Gobernación, como enlace del poder ejecutivo con el legislativo, a instalar un Grupo de Trabajo que retome el proyecto de Dictamen de Ley General de Agua ya consensuado, con el objetivo de legislar de acuerdo con los valores de la 4T y el mandato del transitorio 3 de la Reforma al Artículo 4º Constitucional que cumple ya una década de criminal omisión.
¡Agua para Todos, Agua para la Vida!
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