Neftalí Reyes Méndez 27 mar 2022 La Jornada Ecológica
Bajo un cielo siempre azul y un radiante sol que curte la piel y la tierra, entre cerros cultivados con maguey y verduras, las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca se organizan contra la minería y ejercen sus derechos con dignidad.
A través de cooperaciones y trabajo colectivo lograron construir diversos retenes de agua para la producción agrícola. Sin embargo, con la expansión de proyectos mineros, el acuífero de la región se encuentra en peligro.
Hace 11 años se inició la explotación comercial del proyecto minero San José. A pesar del rechazo generalizado de las comunidades, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) autorizó tres manifestaciones de impacto ambiental regionales, siete manifestaciones de impacto ambiental particulares y diez informes preventivos a la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.
En ninguna de esas 20 autorizaciones se llevó a cabo proceso de información y consulta para las comunidades afectadas; los documentos carecen de información técnica suficiente para evaluar el impacto ambiental del proyecto, contienen información contradictoria sobre su extensión, los lugares donde se encuentran las obras, el uso de químicos e incluso del agua.
Frente a este megaproyecto, las 10 comunidades que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos convocaron a asambleas para determinar qué acciones realizarían para enfrentar a la mina. La respuesta de las asambleas fue contundente: ¡Sí a la vida, no a la minería!
Las asambleas acordaron defender y cuidar el territorio, reforestar, hacer retenes de agua, monitorear su calidad, redactaron sus actas y declaratorias, y enviaron a sus autoridades municipales y agrarias a exigir a la Semarnat la negativa de los permisos ambientales San José II, “Actualización de Obras y Actividades” y la cancelación del proyecto minero.
Hace diez años, Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez, originarios de San José del Progreso, defensores del territorio, el ambiente y la vida y opositores al proyecto minero, fueron asesinados. Durante el atentado contra Bernardo Vásquez, fueron heridas gravemente dos personas defensoras más.
A partir de los asesinatos, la empresa ha promovido la división de San José del Progreso y la coptación de algunos de sus habitantes.
Antes y después de los asesinatos, ciudadanas y ciudadanos de San José han denunciado repetidamente la presencia de grupos armados.
Ninguna dependencia gubernamental se ha hecho cargo, mientras los crímenes continúan en la impunidad y el tejido social comunitario se fractura y se generan amenazas y confrontaciones.
En 2018 se desbordó la presa de jales de la empresa Cuzcatlán en dos ocasiones, provocando que los residuos contaminantes se derramaran en el cauce del río El Coyote.
Las comunidades de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa y San Pedro Apóstol presentaron las denuncias respectivas ante la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa), señalando que la contaminación ponía en riesgo los pozos de agua potable y el acuífero de la región.
Aunque las autoridades ambientales visitaron el proyecto minero, no acudieron en ningún momento a las comunidades afectadas. En el río El Coyote no se dio ningún proceso de reparación o remediación; cuatro años después de estos hechos, aún existen residuos de los contaminantes vertidos en el río.
El agua es un tema preocupante para las comunidades. En los pasados tres años, el nivel de los pozos ha disminuido de manera alarmante, principalmente los que son utilizados para el abasto de agua potable, mientras que las comunidades de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, El Vergel, San Martín de los Cansecos y San Matías Chilazoa se han quedado sin agua.
Además de los crímenes y la contaminación, la empresa minera construyó 75 obras (de las 80 que contempla el proyecto original) de manera irregular; en los años 2019 y 2020, la Semarnat negó los permisos ambientales del proyecto San José II, dada su falta de consideración de los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales de las obras y por considerar que la empresa había violentado el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades.
A pesar de esto, en 2021 la empresa solicitó una vez más a la Semarnat un “nuevo” permiso ambiental, que llamó “actualización de obras y actividades” y también solicitó la ampliación de la manifestación de impacto ambiental original.
Las comunidades exigieron a la dependencia respetar su derecho a la libre determinación, al territorio y a un medio ambiente sano, por lo que en dos ocasiones se reunieron con la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, quien se comprometió a participar en un proceso de consulta organizado por y desde las comunidades.
Las consultas se realizaron los días 10 y 11 de diciembre de 2021; allí las autoridades comunitarias entregaron seis mil firmas contra el proyecto minero, diez actas comunitarias en las que se definen los territorios de las comunidades del Frente No a la Minería como prohibidos para la minería y dos declaratorias regionales rechazando esta actividad y exigiendo que no se amplíen los permisos para la minera Cuzcatlán.
Ofensivamente, las autoridades de la Semarnat y las dependencias gubernamentales nunca se presentaron a las consultas comunitarias, incumpliendo con ello los acuerdos previamente establecidos.
En pleno proceso de diálogo con las comunidades afectadas, el 14 de diciembre de 2021, sin recato, la Semarnat notificó a la empresa minera la aprobación de los permisos ambientales, y supuestamente autorizó 12 años de explotación comercial a la empresa minera.
En su resolutivo, la Semarnat no menciona los asesinatos, las obras irregulares, la contaminación del agua, ni el estrés hídrico en el que se encuentra el acuífero.
Para las comunidades organizadas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, la aprobación del proyecto representa una traición. Indignante que la política ambiental siga siendo desventajosa para los pueblos y comunidades.
Para enero de 2022, la empresa minera Fortuna Silver Mines comunicó públicamente que recibió una notificación de la Semarnat, en la que la dependencia establece que cometió un error tipográfico y no son 12 años autorizados, sino solamente dos. Vergonzoso que en el país se permitan proyectos mineros aduciendo errores de dedo.
La Semarnat y el autodenominado gobierno de la “cuarta transformación” quedan a deber mucho a las comunidades afectadas por la minería, comunidades campesinas con una larga trayectoria de lucha y resistencia con dignidad.
Su organización ha sido ejemplar para recomponer su tejido social, fortalecer sus propias formas de producción, determinando no recibir ninguna dádiva del proyecto minero y construir alternativas económicas con sus propios recursos.
Las autoridades comunitarias, organizadas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, resumen su defensa con estas palabras: “ellos [gobierno y empresa] solamente hacen su riqueza acá, pasará el tiempo, se llevarán la riqueza y no sabremos nada de ellos. Nosotros nos quedamos, no nos podemos ir de nuestra comunidad, es el lugar donde nacimos, aquí crecimos y aquí estamos ¡nosotros de aquí no nos vamos!”.
Neftalí Reyes Méndez
Área de Derechos Territoriales
EDUCA
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