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Bolivia y la masacre de los golpistas

La Paz, 19 ago (PL)-.

Investigaciones de una institución independiente del Estado boliviano ratificaron una verdad a la que otros llegaron mucho antes: en noviembre de 2019 los autores de un golpe de Estado masacraron a la población. La pesquisa del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) constituyó una nueva prueba de aquella asonada cuyos culpables aún hoy no pagan por ello, comentaron autoridades como el presidente Luis Arce. El informe presentado el martes confirmó las denuncias de las víctimas de la represión contra protestas de opositores al golpe de Estado que expulsó del poder al presidente Evo Morales, y de instituciones vigentes tras las elecciones de octubre de 2020.


La declaración del CIEI ofreció pruebas de las torturas, persecuciones, detenciones ilegales, expresiones de racismo y graves violaciones a los derechos humanos fundamentales, causadas por la ruptura del orden constitucional. Medios locales concedieron amplios espacios al informe del GIEI, que investigó los hechos durante ocho meses, mediante entrevistas a 400 personas, el análisis de 120 mil expedientes y testimonios de organizaciones sociales. El documento confirmó que los disparos causantes de 38 muertos y decenas de heridos durante los actos represivos contra las manifestaciones de noviembre de 2019 se originaron en las Fuerzas Armadas y la Policía. Miembros del Grupo Interdisciplinario presentaron también ante la población de Senkata el informe sobre las masacres en 2019 del gobierno de facto en esa localidad del municipio del Alto, como ocurrió también en la de Sacaba, del departamento de Cochabamba. 'El homenaje que podemos hacer es venir a compartir con ustedes el trabajo tras oír sus relatos, consultar documentos, estudiar expedientes y leer toda la información de las distintas fuentes' declaró la miembro del GIEI Patricia Tappatá. Los militares causaron en Senkata 10 muertos y 78 heridos, al aplicar la fuerza en forma desproporcionada en noviembre de 2019, precisa el documento llevado allí por la experta, junto a colegas del Grupo como Jaime Vidal y Julián Burger.

El informe rememora que el Decreto Supremo 4078 del gobierno de facto liderado por la presidenta de facto Jeanine Áñez autorizó un operativo el 19 de noviembre de 2019, que protegía de responsabilidad penal a los uniformados. La presentación del documento repercutió en sectores populares y en instituciones como la Fiscalía, que, tras recibirlo, ofreció su apoyo con investigaciones ante las denuncias sobre desmanes durante el golpe de Estado. El ente judicial añadió que procederá para hacer justicia y evitar la impunidad. 'Nuestro compromiso como Ministerio Público es encontrar la verdad', aseguró el fiscal general, Juan Lanchipa. El sector de la prensa anunció que iniciará acciones judiciales contra las agresiones a periodistas nacionales y extranjeros y medios de comunicación durante las acciones violentas de 2019. El informe del GIEI sobre esos hechos nos permite dar pasos contra aquellas personas que pretendieron acallarnos, añadió la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa.

La represión contra comunicadores procedió no sólo de autoridades, sino también de civiles que asumieron atribuciones oficiales, resaltó el ejecutivo de esa organización Héctor Aguilar. Las investigaciones revelaron actos violentos contra 58 periodistas e incluyeron un reporte de la Asociación Nacional de la Prensa que registró agresiones contra 76 reporteros y 14 medios de prensa durante octubre y noviembre de 2019. Por su lado, la población celebró el informe, mientras víctimas de la violencia en Senkata y Sacaba clamaron por justicia para sus 38 muertos. 'Ni olvido ni perdón. Los muertos no reviven'; 'No es venganza, es justicia'; 'No fue fraude, fue golpe'; 'Memoria, verdad y justicia'; 'Sacaba y Senkata no se olvidan', rezaban carteles exhibidos en el acto de presentación del informe. El secretario ejecutivo del Grupo independiente, Jaime Vidal, expresó que, tras la entrega del documento de su institución, Bolivia debe aplicar la ley y reparar a las víctimas para lograr un contexto de reconciliación. 'La idea principal que nos llevamos es que el país marche hacia la verdad y avance con ese precedente y la necesidad efectiva de justicia', subrayó el experto.

El procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, anunció este jueves que se suma a la demanda de juicio de responsabilidades contra la detenida ex presidenta Jeanine Áñez, por masacres de 2019, que la Fiscalía procesa tras denuncia de particulares. "En las siguientes horas, nos vamos a presentar y apersonar en ese proceso de juicio de responsabilidades como sujeto procesal, acompañando el informe que oficialmente ha recibido el Estado", dijo Chávez durante una visita a autoridades judiciales nacionales en la ciudad de Sucre, consigna la agencia estatal ABI. El procurador hace referencia al informe presentado el martes por un grupo internacional de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó la violencia política previa y posterior al cambio de Gobierno de noviembre de 2019, estableciendo entre otras cosas que la represión ordenada por Áñez derivó en al menos dos masacres de manifestantes. La demanda de juicio de responsabilidades contra la ex presidenta fue presentada por representantes de las víctimas de las masacres y admitida preliminarmente en julio por la Fiscalía, que dijo haber iniciado la investigación que sustentará la acusación formal. PROCESO "Vamos a pedir al fiscal general del Estado (Juan Lanchipa) que, de acuerdo a los pasos respectivos, se apure la presentación de la proposición acusatoria", en base a la cual el Tribunal Supremo debería requerir luego la autorización de la Asamblea Legislativa para llevar adelante el juicio, señaló Chávez. El procurador consideró "urgente, conducente y necesario" que su oficina se incorpore al proceso, cumpliendo la recomendación de los expertos de que se acelere la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia política, como clave para la reconciliación nacional. Chávez confió en que la oposición se sumará en el parlamento a la aprobación del proceso contra Áñez, luego que el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la CIDH encontrara una serie de violaciones a los derechos humanos en su gestión, publicó el diario local La Razón, sobre la misma declaración del procurador. Los votos de las alianzas derechistas Comunidad Ciudadana, del ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) y Creemos del exlíder cívico Luis Camacho son necesarios para que el gobernante Movimiento Al Socialismo, de mayoría en las dos cámaras, alcance los dos tercios de votos necesarios para autorizar juicios de responsabilidades. Ambos líderes opositores han condicionado su eventual apoyo a un juicio de privilegio contra Áñez a que se cambie primero a los miembros del Tribunal Supremo y, tras el informe del GIEI, a que se enjuicie también al ex presidente Evo Morales (2006-2019). El fiscal Lanchipa no ha fijado plazo para concluir su investigación sobre las masacres tras haber anunciado en julio que trabajaba en ello con la mayor celeridad posible. El informe del GIEI estableció que al menos 22 civiles murieron en dos masacres ocurridas en los primeros días del Gobierno transitorio de Áñez, cuando fuerzas policiales y militares amparadas en un decreto de amnistía reprimieron a bala manifestaciones de rechazo al golpe de Estado. La ex presidenta lleva ya más de cinco meses en detención preventiva, acusada de delitos contra la Constitución en su toma del poder, es decir previos a su ejercicio de la presidencia, en espera de un juicio penal ordinario, independiente del eventual juicio de responsabilidades