BREVE HISTORIA DE LA LUCHA EN CONTRA DE LOS MEGAPROYECTOS MINEROS EN BAJA CALIFORNIA SUR

Frente Ciudadano en Defensa y la Vida en BCS

Agosto 2025

El 6 de junio de 1994, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el “Decreto por el que se declara como área natural protegida con el carácter de reserva de la biósfera, la región conocida como Sierra La Laguna, ubicada en los municipios de La Paz y Los Cabos, Estado de Baja California Sur.” - No obstante, en 1997, la SEMARNAP (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), violando el decreto que, entre otras limitantes, establece: “…queda prohibido verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósitos de agua, y desarrollar actividades contaminantes.”; de manera ILEGAL y subrepticia emitió autorización en materia de Impacto Ambiental a favor de la empresa Paredones Amarillos, propiedad de la canadiense Vista Gold, para que llevara a cabo el megaproyecto a cielo abierto denominado “Paredones Amarillos”, ubicado dentro del Área Natural Protegida “Sierra La Laguna”.

Afortunadamente, debido a la caída en el precio del oro, no les fue rentable iniciar la explotación y, de manera ilegal, en vez de cancelar los permisos, postergaron los trabajos con la anuencia y el total silencio de todos los implicados.   - En 2008, al percatarnos de que los grupos recientemente constituidos para iniciar la defensa no contaban con información completa sobre el tema, integramos a expertos en diversas áreas de minería y medio ambiente, y constituimos Medio Ambiente y Sociedad, AC, con el objetivo de informar, educar y concientizar, con datos oficiales y fundamentos técnico científicos que mostraran en imágenes y cifras el grave impacto ambiental, social y económico que representarían éste y otros mega proyectos de minería tóxica. - Con tal bagaje, accedimos a funcionarios, políticos y estudiantes de todos los niveles, asociaciones, clubes, y población en general, y la información empezó a generar un cambio radical en la percepción de estos proyectos, incluyendo al entonces gobernador, la presidenta municipal y algunos funcionarios y legisladores. También, esto propició que, de una u otra manera, se manifestaran en contra diversas organizaciones empresariales: cámaras de comercio y de turismo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Los Cabos, el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara de la Construcción; asociaciones de médicos, abogados, ingenieros y arquitectos; sindicatos, como la Sección Democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el de Telefonistas, y Clubes, como Leones, Madrugadores y otros. - Ante la creciente oposición de la población, la empresa minera trató de “limpiar” su imagen, organizando una asociación civil (AC) con pro mineros de la zona, cambiando a Concordia el nombre del proyecto, y sustituyendo al ex-delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien fungía como director del proyecto. Pero eso no hizo ninguna mella en el movimiento y continuamos con cientos de conferencias y pláticas en todos los ámbitos, repartiendo folletos informativos y dando algunas entrevistas en radio y televisión. Propiciando que se crearan más grupos en todo el sur del estado, para defender nuestra agua y nuestra Sierra.  - También, en coordinación con otros grupos de La Paz, Todos Santos, Los Cabos, Los Planes, Los Barriles, etc., organizamos talleres, foros, festivales, tianguis de productores regionales en colonias populares y un proyecto gráfico de “Muros contra minas”, al que se sumaron artistas y voluntarios.  - En enero de 2010, la coalición de grupos convocó a la población para formar el SOS en una playa de Los Cabos, evento al que asistieron más de 10 mil personas, cifra muy significativa, ya que en todo el estado apenas superábamos los 600 mil habitantes. Una semana después de este evento se realizó una marcha de Los Cabos a La Paz y se unieron bastantes paceños, para finalizarla en el kiosko de nuestro malecón. También, en el periodo de elecciones logramos que los cuatro candidatos a gobernador firmaran una carta-compromiso de rechazo total a estos proyectos en BCS.

- En el 2011, en un encuentro técnico-científico de nuestros expertos con los expertos de Vista Gold, en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo, en dos sesiones evidenciamos las fallas en sus estudios y su imposibilidad para probar que eran una empresa sustentable; con ello se consolidó la posición oficial de no otorgarles los permisos locales. - Como resultado de nuestras pláticas en las comunidades rurales, se constituyó la AC llamada En Defensa del Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sustentable, con habitantes de todas las poblaciones de la Delegación de Los Planes, quienes están directamente amenazados por dos proyectos: San Antonio, de Minera La Pitalla, propiedad de Meridian Gold, y Picacho Blanco, de Minera Cacachilas, propiedad de Christy Walton. - En febrero del 2012, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) convocó la reunión pública de La Pitalla, gracias a que  habíamos reunido casi siete mil firmas para exigirla; además de que la reunión tuvo una asistencia récord en el país. La población llegó hasta la distante sede y, al final, la farsa de quienes representaban a la empresa hartó a la ciudadanía y el grito de “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!” logró que los directivos salieran por la puerta trasera. - En un segundo intento,  Vista Gold se asoció con Invecture Group,  empresa supuestamente “nacional”, en la cual Ricardo Salinas Pliego (dueño de TV Azteca, Elektra, etc.) es el principal accionista; pero su presidente es canadiense, y re-bautizaron el proyecto “Paredones Amarillos-Concordia” como “Los Cardones”, iniciando una agresiva campaña publicitaria con información engañosa  tratando de convencer a la población; pero esta no cayó en la trampa, pues ya conocían las consecuencias de la mega minería tóxica. Así, en la reunión pública efectuada en Octubre del 2012, a pesar del dinero que invirtieron, reunieron a pocas personas y tuvieron que llevar a los niños de primaria y secundaria de las antiguas poblaciones mineras (El Triunfo, San Antonio); y aún con esta vergonzosa acción, continuaron siendo minoría. Además, quienes presentaron el proyecto de la minera fueron desmentidos por los expertos y cuestionados razonadamente por la población, que finalmente los reprobó y los hizo huir.       

- De manera por demás suspicaz (debido al bajo precio de la transacción), Vista Gold le “vendió” todas sus acciones a Invecture Group y presentaron otra MIA en octubre del 2013. La SEMARNAT fijó la fecha de la reunión pública para el día 9 de enero del 2014, quizás pensando que, por ser época de vacaciones estudiantiles, iba a asistir poca gente; pero se equivocaron, pues el lugar se llenó, aunque en una parte con gente acarreada, a quienes las mineras les dieron $150.00 y la comida. Sin embargo, las ponencias en contra del megaproyecto minero fueron muchas y muy bien documentadas, técnica y científicamente, a diferencia de las ponencias de los pro-mineros; y como consecuencia, una buena parte de la gente que la minera llevó, conforme fueron Escuchando sobre los impactos negativos en el medio ambiente y en la salud de toda la población, se cambiaron de bando y terminaron apoyando la oposición a la mega minería tóxica. Al final, la población asistente se levantó y abucheó a los representantes de la minera y del gobierno, y al grito de ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! hizo que los de la minera salieran despavoridos.        - En marzo del 2014, ante la posibilidad de que aprobaran el proyecto Los Cardones, 37 Organizaciones de la Sociedad Civil (Colegio de Médicos de BCS, Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios, Club de Leones, Asociación Ganadera, Asociación de Fruticultores, Quaayaip, SOS, Conciencia, CEMDA, CNTE, Niparajá, EDMADRS, etc.) y un grupo de ciudadanos independientes, constituimos el FRENTE CIUDADANO EN DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA (FRECIUDAV), con la finalidad de darle más fuerza al movimiento. Como una de las primeras acciones, el día 7 de mayo iniciamos un plantón en la explanada del palacio de gobierno estatal con la finalidad de inducirlo a actuar y no solo a hacer declaraciones.

Posteriormente, al cabo de una semana trasladamos el plantón a la explanada del ayuntamiento, con la misma finalidad y, además, para exigir la modificación de leyes, reglamentos y programas municipales relacionados con el medio ambiente, entre ellos el POEL, para poder detener legalmente a las mineras que se quieren instalar en nuestras áreas naturales protegidas y en las áreas de recarga de los acuíferos. Finalmente, después de 37 días de plantón logramos que el Cabildo y la Alcaldesa firmaran un documento público con el cual se comprometieron a no dar ningún permiso a las mineras.

Desgraciadamente, al final no cumplieron su compromiso. 

- A finales de julio del 2014 la SEMARNAT dio un resolutivo favorable a Los Cardones, aunque con una serie de condicionantes difíciles de obtener. Ante esa situación el FRECIUDAV empezó a preparar una serie de acciones legales para impugnar la autorización por la vía del Recurso de Revisión ante la SEMARNAT, juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Acciones que se han estado llevando a cabo.

También se ha demandado penal y administrativamente a los funcionarios involucrados en la autorización, así como a quienes con datos falsos e información adulterada integraron la MIA de dicho proyecto. - En septiembre del 2014, el FRECIUDAV, a iniciativa del Dr. César Salgado Cota, en conjunto con otros grupos y ciudadanos, se elaboró un documento denominado “Pacto de Todos Santos”, que se firmó en el pueblo de Todos Santos, por la población en general, así como por los representantes de productores (ganaderos, agricultores, ejidatarios, pescadores, etc.), representantes políticos (delegados,  sub-delegados, diputados, etc.), representantes de organizaciones civiles (CNTE, AVMO, MAS, SOS, etc.) y empresariales (CCE, CANACO, EMPRHOTUR, etc.).  - También, en diciembre del 2014 se constituyeron oficialmente el Consejo Técnico y el Consejo Consultivo para el POEL, y supuestamente ya se iban a dar los recursos para iniciar los trabajos. Sin embargo, concluyó la administración del XIV Ayuntamiento y no se hizo ninguna reunión de trabajo, pues los recursos jamás aparecieron. - A principios de noviembre del 2014 se realizó la reunión pública para analizar y discutir la MIA del proyecto de mina submarina Don Diego, que pretende extraer fosfatos en el Golfo de Ulloa, y una parte importante de la población de las comunidades pesqueras que serían afectadas acudió a la reunión pública para decirle al gobierno federal que ni por equivocación se les ocurriera aprobar ese criminal proyecto. La ciudadanía llegó encabezada por los directivos de las diversas Cooperativas Pesqueras y su Confederación, así como por el Presidente Municipal de Comondú, Venustiano Pérez y algunas diputadas y diputados locales que fueron a externar un punto de acuerdo tomado por el Congreso del Estado en el que manifestaron su rechazo y exigieron a la SEMARNAT que no se aprobara dicho proyecto. También un buen número de especialistas, entre ellos, un grupo del FRECIUDAV, acudimos a apoyar a la población, y presentamos 10 ponencias para fundamentar con bases técnicas y científicas el porqué es inaceptable este y otros proyectos similares. 

A partir del 2015 iniciamos una serie de acciones legales para tratar de revocar el resolutivo de la SEMARNAT, y se han presentado varias demandas de nulidad sobre ese mismo resolutivo, por lo que el resolutivo se encuentra sub-judice y no puede ser utilizado para solicitar otros permisos. - También a principios de ese año se constituyó el “Frente Pro Desarrollo Sustentable” encabezado por el coordinador regional de TV Azteca, David de la Paz Ascencio y el presidente de COPARMEX en La Paz, Fabricio González. Obviamente, con la intención de contrarrestar el trabajo realizado por el FRECIUDAV, y aunque en la sociedad en general ha tenido poca incidencia, sí la ha tenido sobre los grupos de empresarios y políticos, principalmente del PRI y del partido verde “ecologista”.  - Así, a mediados de junio de este año empezamos a escuchar rumores de que el cabildo del XIV Ayuntamiento estaba siendo cooptado por estos personajes, e intensificamos nuestra vigilancia sobre ellos.  De tal manera que a fines de julio logramos enterarnos que la directora de Desarrollo Urbano y Ecología, Arq. Socorro Icela Fiol Manríquez, había firmado los permisos de uso de suelo e inmediatamente fuimos a exigirle una explicación. Ella reaccionó de manera positiva, explicándonos que no había leído lo que firmó porque estaba en duelo por el fallecimiento de su señora madre y el secretario general Marco Antonio Núñez Rosas le envió los documentos diciéndole que era urgente su firma y ella, debido al trance que estaba pasando y a que tenía plena confianza en el secretario, los firmó. Pero cuando le explicamos de lo que se trataba, inmediatamente dio marcha atrás y los canceló.

- El 21 de agosto la empresa minera Desarrollo Zapal volvió a presentar una solicitud de permiso de uso de suelo para los 20 predios y la respuesta que se le dio el 8 de septiembre fue que no procedía porque estaba incompleta, ya que le faltaba el dictamen de uso de suelo del gobierno del estado, el dictamen del plan maestro, y además una parte de los predios para los que solicita uso de suelo no son de su legítima propiedad. - También, a principios de septiembre se hizo un gran hallazgo: el ECOPLAN del municipio de La Paz, expedido en 1980 durante el gobierno del Lic. Angel César Mendoza Arámburo, padre del actual gobernador. Este ECOPLAN se encontraba “extraviado” y parecía que nadie sabía de su existencia, pero dicho ECOPLAN se encuentra vigente y de manera explícita señala la CONSERVACIÓN como único uso de suelo para nuestra sierra, y para las zonas adyacentes solo autoriza las actividades pecuarias y agrícolas, pero no las actividades mineras ni las industriales. Cabe señalar que inmediatamente y mediante oficio se lo hicimos llegar a las autoridades estatales y municipales, exigiéndoles que lo respeten, ya que se encuentra vigente. - Aun así, continuaba el fuerte rumor de que existía una autorización de uso de suelo para la minera, y ante ello, tomamos las instalaciones del Cabildo y solicitamos que el 24 de septiembre del 2015, un notario diera fe de que en las actas de cabildo no existía ninguna acta en onde se mencionara dicha autorización. Así se hizo, acudió la Lic. María Eugenia Amador Encinas (Notaría No. 9) y dio fe de que, en efecto, no existía ninguna acta donde se hiciera mención de ello ni tampoco en la correspondencia existía alguna solicitud al respecto. - Pero ese día por la noche empezó a circular por internet una supuesta acta de asamblea extraordinaria privada que se había efectuado el día 9 de septiembre y se había continuado el 21 de septiembre, pero no existían antecedentes en el archivo de cabildo. Casualmente, al día siguiente el secretario general, Marco Antonio Núñez Rosas intentó registrar esa supuesta acta, pero como ya se había dado una fe notarial de las actas existentes hasta el día 24 de septiembre, por parte de la Lic. Ma Eugenia Amador Encinas, de la Notaría No. 9, la directora técnica, Lic. Blanca Elizabeth Cerecer Angulo, no se las admitió. Posteriormente hizo un segundo intento, recurriendo ya a las amenazas, pero tampoco las admitió, y al día siguiente llegó un enviado del síndico, Francisco Javier Moreno Soria, intentando nuevamente la admisión de los documentos apócrifos, pero también les fue denegada su admisión. - Al conocer esta corrupta acción del cabildo, la ciudadanía se reunió de manera masiva en las instalaciones del municipio y al corroborar que los corruptos traidores del cabildo estaban intentando abrirle la puerta a la mina sobre nuestra Sierra de La Laguna, desesperados e indignados optaron por efectuar toma de carreteras, acción poco usual en nuestro estado, pero que demostró el enojo de la ciudadanía ante el intento de atropello de nuestros derechos y del futuro de nuestros descendientes. También, un síntoma indirecto de esa indignación y preocupación por estar informados y actualizados, es que en esa semana nuestra página del FRECIUDAV cifra muy por encima de lo usual (40,000 a 60,000 personas).  - Finalmente, el domingo 27 de septiembre del 2015, tomó posesión el XV Ayuntamiento, presidido por el Lic. Armando Martínez Vega, quien inmediatamente convocó a reunión de cabildo, y el lunes 28, en sesión pública, el pleno del cabildo acordó por unanimidad el desconocimiento de esa asamblea ilegal, así como de cualquier permiso o autorización que se hubiese emitido en la misma. - El 21 de marzo del 2017, informamos a la ciudadanía que nuestra demanda de Juicio de Nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa iniciado hacía 18 meses en la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, había procedido, y este esfuerzo tiene como resultado fundamental lo siguiente: “Se Declara la nulidad de la resolución impugnada, de conformidad con el artículo 52, fracción IV, primer párrafo, para que la autoridad demandada, es decir, la SEMARNAT, tome en consideración el párrafo V del artículo 48 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, respecto a que en las zonas de amortiguamiento del Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Sierra la Laguna, sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación que sean estrictamente compatible con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable….” - Esta resolución, en la práctica, significa lo siguiente: 

1.- Desarrollos Zapal, SA de CV y su mega proyecto de minería tóxica, en este momento no tienen autorización, pues el resolutivo que les permitiría iniciar operaciones una vez que dieran cumplimiento a las condicionantes, FUÉ ANULADO por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, desapareció del plano legal y, por lo tanto, ese oficio de autorización ya no existe. 

2.- La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) debe expedir un nuevo resolutivo, teniendo en consideración todos y cada uno de los aspectos establecidos en la Sentencia. 

3.- Ya que la DGIRA analizará el mismo expediente, es un hecho que la empresa incumplirá el mismo aspecto, y en consecuencia, apegándose a derecho, la SEMARNAT deberá emitir un resolutivo negando la autorización para tal proyecto. 

4.- El resolutivo debe ser en contra del proyecto no sólo por lo señalado en el aspecto de participación social y comunitaria, sino porque este tipo de actividad no es compatible con criterios, objetivos y programas de aprovechamiento sustentable. 

5.- Es un hecho irrefutable que la SEMARNAT a través de la DGIRA no debió autorizar este proyecto por el riesgo y los daños probados que implican este tipo de actividades, tanto para la naturaleza como para las personas y las actividades económicas habituales. 

6.- Por supuesto, tanto la autoridad como la empresa pueden acudir al amparo directo para oponerse a la Sentencia dictada. - El día 3 de Marzo del 2019, en su visita al Municipio de Los Cabos, el Presidente López Obrador, hizo público su posicionamiento respecto al Proyecto Los Cardones y afirmó: “NO A LA MINA”.  Esta expresión tenía implícita la respuesta de abandono a su inicial intención de llevar a cabo una consulta del megaproyecto minero, consulta que la población rechazamos categóricamente pues, los derechos humanos no se consultan y toda autoridad en el ámbito de sus facultades tiene la obligación de promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos tal y como lo establece el artículo 1ro. Constitucional. 

Respecto a Los Cardones, hacemos las siguientes precisiones: 

1.- La autorización condicionada otorgada en Junio del 2014 por la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), dependiente de la SEMARNAT, está vigente y debido a ello, Los Cardones continúa con trámites administrativos para lograr las autorizaciones requeridas para operar. 

2.- La autorización otorgada por la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) ha sido y es motivo de batalla legal actual por parte de la sociedad civil, con recursos de revisión, amparos y juicios de nulidad; de la misma manera, la empresa se ha inconformado y ha llevado a tribunales a diversas autoridades, recursos legales que actualmente se encuentran en proceso. 

3.- Si bien existe en este momento un amparo por parte de la sociedad, en el que se otorgó la suspensión definitiva hasta en tanto se llegue a la sentencia, es un hecho que ello no es obstáculo para que siga intentando avanzar en trámites administrativos para lograr las autorizaciones requeridas. A Los Cardones, ninguna manifestación en contra le ha hecho desistir de su propósito de instalar el megaproyecto minero, pues, como bien sabemos, hace uso de los recursos legales a los que tiene acceso. 

4.- Cómo se informó en su momento, la Delegación de SEMARNAT a finales del año 2018, desechó la solicitud de cambio de uso de suelo forestal, por tanto, al día de hoy, no cuentan con autorización para deforestar. 

5.- Tampoco cuentan con autorización de uso de suelo municipal; existen documentos no oficiales que se originan de actos ilegales y con los que, aun así, la empresa pretende avanzar en sus trámites, y esta intención ha sido motivo de un proceso legal en contra del Ayuntamiento de La Paz, que, al día de hoy, no ha terminado. 

6.- Dicho lo anterior, podemos percatarnos que la manifestación por parte del Presidente de México de “No a la mina”, requiere actuar conforme a derecho siguiendo el camino legal, pues esta expresión del Lic. López Obrador es coincidente con la exigencia y preocupación de la ciudadanía, pero no tiene ningún peso legal; por ello el FRECIUDAV y la población sudcaliforniana, en tanto no se materialice la cancelación, no sólo del resolutivo sino de la concesión minera, seguiremos en el combate y la defensa. Pues sin decreto de cancelación minera, todo sigue igual. Y el día de hoy, a más de un año de la expresión del Presidente de México, Los Cardones siguen representando el más grave peligro para nuestros mantos acuíferos.  - Respecto al Proyecto San Antonio-La Pitalla, que pretende establecerse entre San Antonio y San Juan de Los Planes, informamos lo siguiente: 

1.- A la apertura de la información que presentó la empresa a la SEMARNAT para que la ciudadanía consultara la información, la SEMARNAT señaló el día 10 de abril del 2019, para llevar a cabo la Reunión Pública.

2.- Las Reuniones Públicas están diseñadas para que el promovente presente el proyecto, y en este mismo acto, la sociedad civil tenga la oportunidad de presentar ponencias a favor o en contra del mismo. Y en esta ocasión se vio que, al parecer, se inscribieron once personas a favor, pero ninguna de ellas se presentó a exponer; en cambio, se presentaron todas las ponencias inscritas en contra del proyecto, fundamentadas tanto en lo científico, como en lo técnico y lo legal. 

3.- Con las ponencias ingresadas y que ahora forman parte del expediente, la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental tuvo elementos no sólo suficientes sino sobrados, para expedir la negativa absoluta a este contaminante y peligroso proyecto minero. 

4.- Los gobiernos estatales y municipales son libres y soberanos en la determinación de sus usos de suelo, y no están supeditados a la autorización federal en materia de evaluación e impacto ambiental. Así que el Gobierno del Estado, el Municipio de La Paz y el Consejo Consultivo Estatal Forestal dieron a conocer a la SEMARNAT la opinión técnica negativa al proyecto San Antonio- La Pitalla, tal y como ya lo habían hecho en la ocasión pasada. 

5.- La Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental emitió el resolutivo negativo para el proyecto minero San Antonio-La Pitalla, pues cómo lo señalamos, no existía la posibilidad de que el resolutivo pudiese ser a favor. - El 4 de febrero del 2020 Diversos colectivos y organizaciones sociales, agrupados en Agua Para Todxs, entregamos a la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa ciudadana para la creación de la nueva Ley General de Aguas, la cual busca atender problemáticas como la mala distribución, la privatización y el cuidado y acceso de este vital líquido.  - Cabe señalar que esta iniciativa se empezó a elaborar en el año 2012 y que La primera versión de esta propuesta de Ley fue presentada a Senadores y Diputados de diversos partidos el 9 de febrero de 2015, quienes se comprometieron a hacerla suya sin someterla a dinámicas partidistas. El 23 del mismo mes, fue presentada como Iniciativa Ciudadana, sin cambio alguno, por 22 Senadores de 4 partidos. Contar con una propuesta sólida y consensuada ha sido determinante para impedir la imposición de la iniciativa de ley de aguas del gobierno federal en 2014, 2015 y 2016—una ley que pretende reducir el “derecho humano al agua” a 50 litros diarios; obligaría la privatización de los sistemas municipales; fomentaría megaobras hidráulicas privatizantes e intensivas en energéticos; priorizaría el acceso al agua para “actividades estratégicas” (minería, fracking, energía); desconocería los derechos de los pueblos originarios; permitiría que las “autoridades del agua” hicieran uso directo de la fuerza pública; promovería la auto-regulación de industrias contaminantes; y aplicaría graves sanciones a cualquier persona que realizara actividades de investigación o monitoreo sin autorización. - Sin embargo, es fecha y hora que han hecho mutis y no se les ve interés en aprobarla, y prefieren seguir manteniendo la Ley de Aguas aprobada en el sexenio de Salinas. 

POR ELLO, NO BAJEMOS LA GUARDIA Y DEBEMOS ESTAR

PREPARADOS PARA EFECTUAR LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y LA

DEFENSA LEGAL,  ANTE CUALQUIER INTENTO DE DAÑAR NUESTRA SIERRA.