Rocío Luna
Tras las jornadas de enfrentamientos entre la policía de Colombia y civiles han dejado al menos 13 personas fallecidas en Bogotá y otras tres en la vecina localidad de Soacha, víctimas de disparos con armas de fuego. Estos eventos tuvieron lugar en el marco de manifestaciones que se registraron en al menos cinco puntos de la capital colombiana y otras ciudades, para rechazar la muerte de un hombre después de que la Policía le aplicara varias descargas con una pistola láser, el suceso, que ocurrió en Engativá, en Bogotá, fue grabado por personas que se encontraban en el lugar. En el video en cuestión puede verse cómo Ordóñez pide auxilio y que no se le apliquen más descargas. La prensa colombiana califica el incidente de “ataque” y “brutal”.
El caso ha causado profunda indignación en Colombia por la brutalidad de los agentes, muy similar al del afroestadounidense George Floyd, que en mayo fue asfixiado por policías de Minneapolis (EE. UU.) y murió horas después en un hospital.
La violencia que sacude a la sociedad colombiana desde décadas no ha amainado con los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP ya que el Estado sigue asesinando líderes sociales y exguerrilleros patrocinando a paramilitares, a narcos, más los muertos por la delincuencia común, lo que ha provocado cientos de miles de víctimas. Ahora se ha desatado la represión ante la protesta contra la brutalidad policiaca que ha dejado hasta ahora 13 muertos en su mayoría baleados por uniformados, hasta ahora la policía no había sido foco de la ira social de Colombia, pero durante las protestas por la situación económica del 2019 recibió muchas denuncias de abusos que agravaron según expertos durante la pandemia.
La politóloga Sandra Borda autora de estudios sobre protesta social advierte que la situación iba a explotar en cualquier momento “la gente desconfía abiertamente de la policía y la policía tiene noción de que su enemigo es la ciudadanía que sale a manifestarse” afirma.
Datos de los últimos seis años arroja que ha crecido el rechazo hacia la institución. La imagen negativa pasó de 40% en promedio a 57% en agosto de 2020, según la encuestadora Invamer.
Por lo que el dolor y la rabia son incontenibles: la masacre número 56 del año en Colombia indignó aún más a los jóvenes y ciudadanos que exigen al Estado protección a sus vidas en vez de ser acribillados mientras reclaman sus derechos. En medio del confinamiento, el pueblo colombiano venía condenando virtualmente el asesinato de 230 personas en lo que va del año, según Indepaz. La indignación por el homicidio de Ordóñez que quedó registrado en video mientras suplicaba “por favor” llevó la gente a las calles. El doloroso 2020 ha incluido, además del horrible récord del regreso de las masacres, el desplazamiento forzado masivo de comunidades rurales, la amenaza constante por parte de paramilitares, y el creciente asesinato de líderes sociales y defensores humanos, y de los ex guerrilleros de Farc.
Además, las organizaciones campesinas, indígenas y afros han vivido el exterminio con más fuerza durante la cuarentena y el hostigamiento no solo de grupos al margen de la ley que se disputan sus territorios tras la salida de la ex guerrilla y del Estado mismo de la zona ha venido en aumento. Los operativos armados por la erradicación de la coca se llevan por delante a quienes se empeñan a defender el programa de sustitución voluntaria acordado en La Habana, que los llevó a erradicar las matas, pero no al pago prometido por parte de gobierno. Varios campesinos han sido asesinados en diversos puntos recónditos de la geografía colombiana. Al cierre de esta edición, la Organización Zonal Indígena del Putumayo dio a conocer que en medio de confrontaciones entre Policía y campesinos que se oponen a la erradicación un indígena menor de edad fue herido con un arma de fuego.
Lo que se expresa hoy en las calles de Colombia es la respuesta a la exclusión social y política, el malestar que tiene el pueblo por las pruebas de la relación entre el narcotráfico y el equipo del actual gobierno de Iván Duque, incondicional de Washington y, en los últimos días y marchas consecutivas, el dolor por la violencia policial que le arrebata la vida a los más jóvenes y el rechazo generalizado al abuso de la Fuerza Pública que, el año pasado, terminó con la vida de Dylan Cruz alcanzado por armas de la policía en la capital, y que está levantando todo tipo de denuncias: abuso sexual, obstrucción a la labor informativa, detenciones irregulares, y hasta detenciones en centros clandestinos como se evidenció en videos donde, además, se prueba cómo los agentes de policía se intercambian armas con hombres de civil, disparan en equipo, y además apuntan directamente al cuerpo de los manifestantes y los golpean en estado de indefensión.
El uso de armas de fuego es inaceptable en las protestas. La fuerza policial se hizo para cuidar. “El poder político y la fuerza deberían ser neutrales, servir a toda la población en vez de estar del lado de los ricos,” señala Angulo abogado e "influencer".
De hecho, en Colombia desde que Iván Duque asumió la presidencia fueron asesinados 177 personas líderes sociales y defensores de derechos humanos, 148 excombatientes en proceso de reincorporación, y en el año 2020 se han producido 56 masacres y grandes represiones.
El Gobierno colombiano se ha escudado cobardemente y ha dicho que las violentas protestas contra el abuso policial fueron infiltradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, entre otros grupos de “anarquistas y terroristas”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, padrino de Iván Duque, se pronunció sobre la situación. La propuesta de Uribe consiste en implantar un toque de queda, la militarización de las calles del país y la deportación de extranjeros vándalos, así como la captura de los autores intelectuales de los disturbios y protestas.
Tras días continuos de protestas no solo en las plazas y avenidas, sino también en la virtualidad, donde crece el llamado a la renuncia del Ministro de Defensa de Iván Duque, Carlos Holmes, y a la reforma estructural al cuerpo policial. “La ciudadanía está exigiendo una reestructuración profunda de la Policía. Que pase del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Que la doctrina cambie, que supere la doctrina del enemigo interno, que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y que se judicialice a los policías y políticos responsables,” explica el activista José Quiroga. Afirma que es inadmisible que la sociedad se preocupe más por las paredes dañadas que por los cuerpos de sus conciudadanos abatidos por quienes deberían cuidarles. En los puestos de policía que fueron incendiados y dañados durante las protestas, grupos culturales y vecinos instauraron bibliotecas y llevan a cabo veladas musicales donde invitan a educar la rebeldía y cesar la violencia. Todos están de acuerdo en que hoy día en Colombia la Policía no nos cuida. ¡Nos están matando! gritan también los muros de las capitales graffiteados en formatos gigantescos durante el fin de semana pasado.
Colombia es un país completamente penetrado por EU que, en su territorio, mantiene 11 bases militares de EU, que no han ayudado ni a la paz, ni al combate al narcotráfico, además es socio de la OTAN. Mantiene una alianza con Israel. Los soldados del Ejército colombiano y grupos paramilitares de ese país han participado como mercenarios en incursiones a países como Siria, Irak, Yemen. Además de los ataques contra su propia población, Colombia es una amenaza en América Latina para sus países vecinos.