Por Izcuauhtli Paz
A cuatro años del Acuerdo de Paz, la situación de violencia que vive Colombia no cesa, ni se ve reducida sustantivamente, cada día son mayores los ataques a los liderazgos que trabajan por transformar la realidad de sus comunidades.
La firma en 2016 del histórico Acuerdo de Paz entre el expresidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alentó a que la violencia podía terminar después de cinco décadas de conflicto, y que era un nuevo comienzo para el país.
Hasta noviembre de este año, la plataforma civil Misión de Observación Electoral denunció que 280 activistas han sido asesinados, se cometieron 411 actos de violencia en contra de líderes políticos, sociales y comunales, en este año.
Este país latinoamericano, presenta alto peligro para dirigentes políticos, defensores de los Derechos Humanos, territorios y los recursos naturales, particularmente para aquellos que habitan en zonas geográficamente estratégicas y ricas en recursos naturales. Los actos violentos, pretenden controlar a los gobiernos locales, callar las voces, controlar los territorios. Han surgido también organizaciones armadas asociadas al tráfico de estupefacientes y la explotación de la minería ilegal.
Las agresiones ocurrieron en más de la mitad del país en 22 de los 32 departamentos de Colombia, lo que equivale al 69 % del territorio nacional. Según el informe anual sobre el país de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentado en febrero, 108 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia el año pasado, este año se han observado los mayores registros de asesinatos.
Los liderazgos más afectados fueron los activistas sociales que sufrieron el 50 % de los hechos de violencia. Se ha perdido vigilancia a la situación de los liderazgos étnicos, víctimas del 13 % de los hechos violentos registrados, especialmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Chocó. También se ha constatado una vulnerabilidad entre quienes apoyan los programas de sustitución de cultivos de coca, que quedan a merced del narcotráfico y los grupos armados que se lucran con este negocio y que no quieren perder su fuente de ingresos.
El 7 de diciembre, Miguel Tapí Rito, gobernador indígena de la comunidad El Brazo, fue secuestrado por hombres armados y posteriormente degollado. Un día después Javier Francisco Parra Cubillos, coordinador regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena, en el departamento del Meta, fue asesinado a balazos desde una motocicleta. El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indica que estos ataques son casos vinculados que se repiten cotidianamente.
Nataly Salas Ruiz, de 19 años, líder estudiantil, cursaba primer semestre de Matemáticas en la Universidad de Córdoba. Fue desaparecida el 3 de diciembre de 2016 y hallada muerta cuatro días después. Habría sido víctima de violencia sexual y luego asesinada en una laguna. Desde finales de 2017 se institucionalizó en Montería el 3 de diciembre como el Día contra el Feminicidio.
Orlando Negrete Ramírez pertenecía a la organización Cordobexia y presidía la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Delicias, en Tierralta. Él formuló una serie de denuncias sobre un grupo armado que estaba cobrando vacunas a los mineros del municipio. El 2 de junio de 2018 fue asesinado en Tierralta por dos hombres que le dispararon mientras jugaba fútbol. Su principal labor consistía en atender las reclamaciones de los mineros por el cobro de vacunas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Se han asesinado a un gran número de defensores sociales, ambientales, activistas, políticos, a pesar de la gravedad de la situación el Estado no ha tomado medidas efectivas para controlar la violencia y el Gobierno persiste en negar su gravedad, lo que podría ocasionar que este año culmine con uno de los mayores registros de asesinatos, el presidente Iván Duque quien es pupilo del exmandatario Álvaro Uribe ignora y sabotea el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y persiste en un estado conformado por las oligarquías.
Colombia necesita de un gobierno que represente y defienda a la nación, que proteja a quien defiende el territorio, los derechos, la tierra, el medio ambiente, que escuche a las comunidades en riesgo y asegure la justicia para quienes les ataca, que apoye a Colombia no a los intereses de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada al servicio de los intereses de Washington. Debe dejar de ser el bastión del Imperio Yanki en Latinoamérica. Por eso se está movilizando la población muy intensamente desde los Paros Cívicos Nacionales de 2019. El pueblo colombiano se ha puesto en pie en defensa de sus derechos, por la justicia y la paz.