Víctor M. Toledo La Jornada. 23 de abril 2024
Hoy me ocupo de un asunto que ha pasado desapercibido, y que dentro del mundo del ambientalismo mexicano aparece como normal. Se trata del presupuesto que el gobierno federal dedica año con año al tema ambiental y al cuidado de los recursos naturales del país y sobre el cual existe una formulación tramposa que todo mundo acepta y reproduce.
Se trata de la inserción de la Conagua como si fuera una entidad perteneciente al llamado sector ambiental que normalmente se lleva entre 80 y 90 por ciento de las asignaciones anuales, dejando al resto un mínimo, una suerte de limosna.
Resulta ridículo, en términos del gasto federal global, lo que realmente se asigna, unos 2 mil millones en 2022, por ejemplo, para atender la conservación biológica y ecológica (Conanp), lo forestal (Conafor), la vigilancia (Profepa), el cambio climático (Inecc integrado), la investigación sobre el agua (IMTA integrado), los impactos de las energías fósiles (ASEA) y la biodiversidad (Conabio integrado), además de los gastos administrativos de la Semarnat. Agravando la situación, durante los primeros cuatro años del sexenio de la 4T el presupuesto asignado llegó a sus mínimos históricos (entre 30 mil y 40 mil millones entre 2019 y 2022), para dar un salto y alcanzar un máximo histórico de 75.6 mil millones en 2023, para bajar ligeramente en 2024 a 70.24 mil millones.
No obstante estos aumentos, las principales entidades del sector ambiental con asignaciones equivalentes a 1, 2 y 3 por ciento del total, se encuentran en el límite de su operatividad y con una mínima o nula presencia en los territorios del país, de tal suerte que el sector ambiental se encuentra en situación de marginación evidente.
En 2024, Conagua recibirá 62.67 mil millones (mm), Semarnat 2.23 (mm), Conanp 983 millones, Conafor 2.67 (mm), Profepa 896 millones, ASEA 353 millones, IMTA 234 millones e Inecc 196 millones.
Pero además, la que se lleva la mayor parte del pastel, la Conagua, es quizás la entidad más corrupta en el conjunto de las instituciones del Ejecutivo federal. La creación de la Conagua (1989) y de la primera Ley General de Aguas (1992) fue obra y gracia de Carlos Salinas de Gortari, y se considera que operó durante varios sexenios como la caja chica del presidente en turno.
No puede entonces olvidarse el extraño incendio que ocurrió en el edificio de la Conagua en marzo de 2019, justo al inicio del nuevo régimen. El incendio se inició en el piso nueve y afectó hasta el piso 13, ahí donde estaban los archivos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), es decir los expedientes de miles de permisos y concesiones. Los resultados del peritaje oficial de tal incendio, que barrió con la memoria de la institución, nunca se han conocido.
Años después ocurrió otro incendio. El 13 de abril de 2023, el sistema operativo de la Conagua fue hackeado. El virus propagado encriptó los archivos de los últimos 15 años, afectando los equipos de cómputo de delegaciones y subdirecciones a escala nacional. Los esfuerzos que se han hecho para limpiar de corrupción a la Conagua, que comenzaron en 2020 con la sustitución a nivel de cinco subdirectores ligados a grupos políticos y de poder, al parecer no han sido suficientes.
Por lo anteriormente visto, el nuevo gobierno de la 4T (2024-2030) está obligado a llevar a cabo dos acciones. Primero, separar a la Conagua de la Semarnat en la estructura operativa, y revisar y restructurar a la primera de manera escrupulosa, lo cual incluye gestar una nueva ley del agua que favorezca el derecho humano y el control social de su abasto, circulación y uso. Y segundo, otorgar al sector ambiental un presupuesto digno de al menos cinco o seis veces lo que actualmente recibe (https://mx.oceana.org/wp-content/uploads/sites/17/2023/11/Analisis-del-presupuesto-para-el-sector-ambiental-2024.pdf ). Lo anterior lo vemos como un acto mínimo de justicia, ya no ante las decenas de miles de ciudadanos mexicanos y sus organizaciones que legítimamente defienden el patrimonio natural del país y su entorno ambiental, sino ante quienes fueron agredidos y/o dieron su vida por lo mismo.
En México, de acuerdo con lo documentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), han sido asesinados 168 dirigentes, líderes y militantes desde 2014, y 102 en el actual sexenio. Una desgracia. Lamentable y tristemente, el gobierno de la 4T nunca reconoció la gravedad de la crisis ambiental global, expresada en el cambio climático, que amenaza el equilibrio del planeta y que pone en riesgo la supervivencia de toda la especie humana.