¿El fin de la 'paz total' se fragua en la qué opciones tiene Petro?
Ociel Alí López 30 jun 2023
La ley de la 'paz total', propuesta e implementada por el presidente colombiano Gustavo Petro, se ha puesto en la mira de la Sala Plena de la Corte Constitucional, luego de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentara una ponencia que pide declarar su inconstitucionalidad.
El documento se basa en supuestos vicios de trámites legales y señala, entre otros aspectos, que el Consejo de Política Criminal no emitió un concepto previo.
La Ley 2.272, promulgada en 2022, permite al gobierno tener acercamientos con organizaciones ilegales, como grupos de paramilitares, narcotraficantes y disidencias guerrilleras, y con ello, implementar políticas de diálogo con miras a desmovilizarlos y pacificar vastos territorios colombianos que se encuentran, desde hace décadas, dominados por dichos grupos.
Si la Sala Plena decide aprobar la ponencia, podría disolver la política bandera del gobierno de Petro y le estaría atando las manos para poder desarrollar el principal objetivo de su administración, es decir, la reducción de los múltiples focos de violencia desatada que no han podido ser controlados por ninguno de los gobiernos anteriores.
En variadas ocasiones, Petro ha dicho que su gobierno es el "gobierno de la paz" y que quiere ser recordado por haberla conseguido.
Si la Sala Plena aprueba la ponencia, disolvería la política bandera del gobierno de Petro y le estaría atando las manos para reducir los múltiples focos de violencia.
Todo esto podría venirse abajo gracias a la ponencia de Ibañez.
Ponencia y el cercamiento al gobierno
Cuando aún no cumple un año en la silla presidencial, la gestión de Petro ha sido cercada desde diversos flancos, especialmente desde la institucionalidad colombiana, controlada por el uribismo y los partidos de centroderecha.
El Congreso, aunque en un primer momento acompañó a Petro en la reforma tributaria –aprobada en las primeras semanas de su gobierno–, ha terminado por congelar las reformas de salud, de pensiones y de trabajo que ha propuesto el mandatario para emprender un cambio social en Colombia.
Por su parte, el fiscal general, Francisco Barbosa, ha llevado a cabo una ofensiva contra el presidente, convirtiéndose en un pivote de la oposición. Otro tanto ha hecho la Corte Suprema, que le pidió al presidente que reconociera la autonomía de la Fiscalía, lo que fue respondido afirmativamente por el mandatario, quien denunció el encubrimiento de la institución en casos graves de asesinatos masivos, mientras Barbosa se negaba a compartir información oficial al respecto.
La gestión de Petro ha sido cercada desde diversos flancos, especialmente desde la institucionalidad colombiana, controlada por el uribismo y los partidos de centroderecha.
Con las reformas de leyes congeladas, el fiscal acechando y ahora con el riesgo de declarar inconstitucional la ley de 'paz total', se ejecuta toda una maniobra de neutralización institucional contra la administración de Petro.
Hace pocas semanas, después de la difusión de un "acontecimiento de escándalo" —el 'impasse' entre la exjefa de despacho, Laura Sarabia, y el exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, ahora destituidos—, todo el andamiaje conservador, de forma concertada, puso al presidente en una situación de ultimátum que es justificada solo por el ambiente tóxico existente.
Los medios de comunicación presentan posiciones agónicas, en una ofensiva sin tregua, que busca que el debilitamiento se lleve no solo en la arena institucional, sino también en la opinión pública.
Todo el andamiaje conservador, de forma concertada, puso al presidente en una situación de ultimátum que es justificada solo por el ambiente tóxico existente.
A los pocos días del mencionado escándalo, la oposición decidió convocar una marcha contra el gobierno, intentando imponer un clima destituyente al que Petro, con paciencia y aplomo, ha logrado salir al paso por ahora.
Y justo cuando las aguas volvían a su caudal, se presenta la ponencia en cuestión en el alto tribunal, con lo cual se produce un paso más de cerco a su gobierno.
Denuncia de Petro
Petro ya ha denunciado, en varias alocuciones, la implementación de un golpe blando que se estaría llevando a cabo y ha mencionado que hay sectores, incluso funcionarios del Estado, que están haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas para que desobedezcan al presidente de la República.
Petro ha comparado esta ofensiva que llevó a la caída y encarcelamiento del presidente peruano Pedro Castillo, en diciembre del año pasado, hecho que produjo un estallido de protestas sociales en las calles peruanas que aún permanece.
Y es que pareciera que con este proceso agresivo de cercamiento y bloqueo al gobierno progresista, la estrategia derechista no se basa solo en debilitar a las fuerzas populares en un futuro escenario electoral, sino propiamente acelerar al máximo la caída o derrocamiento del gobierno, sin importar las consecuencias sociohistóricas de dichos actos.
La nueva disputa entre Petro y el fiscal por supuesta inacción de la Justicia en cientos de asesinatos
Ante esta situación, Petro ha mantenido una estrategia de aplacar el conflicto y no ha realizado convocatorias de calle para defender su gobierno ni tampoco a sus propuestas de reforma, que parecen ubicarse en un punto muerto.
Ahora, con la hipotética declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de 'paz total', que debe decidirse las próximas semanas, todas las vías de gestión que estaría intentando abrir Petro pueden terminar clausuradas.
Justo cuando se encamina hacia el primer año de su gobierno, el mandatario tiene dos opciones: o intentar maniobrar en las aguas turbulentas o convocar un oleaje popular para impedir que se cierren las vías de la transformación propuesta.
Todo esto está por verse.