Carlos Chica. RTVC. 16 Agosto , 2021
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Este texto es un resumen del diálogo ‘Haití no está solo’, transmitido virtualmente por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Se presenta el contexto de la crisis institucional, política, social y económica de Haití, desde la perspectiva de académicos, movimientos sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones políticas opositoras al gobierno del asesinado presidente Jovenel Moise.
El nuevo primer ministro, Ariel Henry, no tiene ninguna posibilidad de construir un ambiente propicio para las elecciones. Henry Boisrolin, coordinador en Argentina del Comité Democrático Haitiano, destaca que, desde la caída de la dictadura de los Duvalié en 1986, el pueblo haitiano empezó a buscar un sistema político capaz de responder a sus necesidades y hacerse protagonista de la política.
El pueblo entendió que, sin su esfuerzo y sin su lucha, no lograría absolutamente nada. Pero, aprovechando la crisis causada por el terremoto de 2010, Bill Clinton intervino en la política interna para imponer al Partido Haitiano de los Cabeza Rapadas (PHTK); partido de extrema derecha, neoduvalierista y neoliberal, cuyos líderes han tenido como principal objetivo, enriquecerse.
En 2016, Jovenel Moise llegó a la Presidencia mediante elecciones no solo fraudulentas que fueron boicoteadas por gran parte de la población. Sobre un patrón electoral de seis millones y pico de votos, solo participó el veinte por ciento. Moise fue proclamado con menos de seiscientos mil sufragios, lo que significa que asumió con legalidad, pero no con legitimidad. Cinco años después (2021), Moise pasó de la ilegitimidad a la ilegalidad, al desconocer un fallo del Consejo Superior del Poder Judicial que ponía fin a su mandato el 7 de febrero. Según Moise, su período debía contabilizarse a partir de las elecciones de 2016 y no de las del 2015, que habían sido anuladas.
El mandatario desconoció el fallo judicial, dijo que se quedaría hasta febrero de2022 e insistió en convocar un referendum para someter a votación popular una reforma constitucional redactada por un grupo de expertos, pasándose por la faja la carta política. Entre otros, la Unión Europea anunció que no financiaría esos comicios porque el proceso de reforma constitucional no era inclusivo, participativo y transparente.
El pasado 20 de mayo, una Resolución del Parlamento Europeo criticaba a Moise porque estaba gobernando mediante decretos y acumulando poder, debido a que en 2019 no se realizaron elecciones. En enero de 2020 la totalidad de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado finalizaron sus funciones; y en julio, todos los alcaldes. Además, el 8 de febrero, un día después del vencimiento de su mandato, Moise decretó la jubilación de tres jueces del Tribunal Supremo y nombró a sus reemplazos, violando la normatividad vigente.
Con base en el fallo judicial, la oposición política y las organizaciones y movimientos sociales lo consideraron desde entonces un presidente de facto. Lautaro Rivara, sociólogo y periodista de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) afirma que Moise rompió el orden democrático en enero de 2020, cuando por decisión del Ejecutivo el Parlamento fue cerrado y el Estado fue incapaz de garantizar las sesiones legislativas que debían renovar el Congreso; y luego, al desconocer el vencimiento del mandato que, según la Carta, es de cinco años contados a partir de la fecha de las elecciones y no desde el momento de asumir la Presidencia.
No obstante que la disputa jurídica fue saldada por el poder judicial, Moise decidió permanecer en el cargo hasta febrero del próximo año, con el apoyo y visto bueno de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas. Para muchos haitianos, el apoyo de la OEA y de la ONU es inadmisible e indignante no solo porque hubo un fallo judicial de por medio sino también y, sobre todo, porque los dos organismos internacionales desconocieron el clamor popular que se ha venido expresando en las calles en los últimos tres años.
Edwin Paraison, excónsul de Haití en República Dominicana y director ejecutivo de la Fundación Zile, considera que el apoyo de la ONU y de la OEA al régimen de PHTK es decisión contraria al interés de las fuerzas vivas nacionales que les habían expresado a distintos organismos internacionales, a los países amigos de Haití y al Core Group que, de acuerdo con la Constitución, el mandato de Moise había terminado. El Core Group está integrado por la representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Haití; los embajadores de Brasil, Canadá, Francia, Alemania, España, la Unión Europea, Estados Unidos, y el representante especial de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El apoyo a Moise avivó la desconfianza en la ONU por los haitianos que consideran nefasto el impacto de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), creada en 2004 por el Consejo de Seguridad de la ONU como misión de paz. La Misión se mantuvo 13 años, hasta 2017.
Para Camille Chalmers –economista y activista social haitiano– es indispensable reflexionar sobre el papel de la Minustah porque “ocupó militarmente el territorio haitiano”, contribuyó a agravar la crisis estructural y a aumentar la violencia de las pandillas armadas. La exigencia de responsabilidades cabe no solo a la ONU y a sus Secretarios Generales, sino también a los países que participaron enviando tropas (Argentina, Brasil, Uruguay, Guatemala y Chile). Chalmers sostiene que, durante los 13 años de la Misión de la ONU, en Haití hubo miles de violaciones a mujeres, decenas de miles de niños quedaron huérfanos, no hubo respuesta adecuada para controlar la epidemia de cólera que mató a cuarenta mil personas y se hizo un daño sicosocial muy grande, propalando la idea de que no hay capacidad local para gobernar el país.
No pocos haitianos atribuyen el crecimiento del flujo migratorio haitiano al fracaso de la misión de la ONU, cuyo objetivo era estabilizar al país. También, por supuesto, pesa mucho la crisis económica. Henry Boisrolin habla de 150 mil migrantes haitianos en Brasil; 120 mil en Chile; 5 mil en Argentina. Esto en los últimos años porque, históricamente, Suramérica no fue destino para la diáspora haitiana que ahora enfrenta mayores restricciones para ingresar a Estados Unidos y Canadá. El flujo migratorio predominante ha sido hacia Francia, por los nexos históricos. La diáspora haitiana se explica también por la persistente violación sistemática de derechos humanos, dada la incapacidad o en muchos casos, la complicidad de agentes del estado con los perpetradores.
En una resolución del pasado 20 de mayo, el Parlamento Europeo reportó que 300 mil personas abandonaron el país desde 2015 y explicó que el aumento del número de solicitudes de asilo, especialmente en la Guayana Francesa, es consecuencia del deterioro de la seguridad. Por la misma razón, numerosas organizaciones no gubernamentales y humanitarias han suspendido su trabajo en Haití.
Según Mamyrha Prosper –coordinadora de la Red Panafricana de Solidaridad de Constructores de Movimientos Comunitarios y profesora asistente de estudios globales e internacionales en la universidad Irvine (California)– desde 2019 se registraron 287 asesinatos, 42 casos de personas atacadas con disparos en la cabeza durante las protestas y nueve masacres que sumaron 306 asesinatos y 304 desapariciones; y en 2020, 124 personas fueron secuestradas, la mayoría mujeres. Dos semanas antes del asesinato de Moise hubo una masacre que provocó el desplazamiento forzado de mil personas; y una semana antes del magnicidio, tuvo lugar un ataque a dos periodistas, una de ellas reconocida por su activismo feminista.
También en mayo, el Parlamento Europea tomó nota de que, en el primer trimestre de este año, 117 personas fueron asesinadas y 142 secuestradas –91 de ellas en abril, incluidos sacerdotes católicos con trabajo social en barrios marginales, hecho que conmocionó a la población civil y desató más movilizaciones–. La mitad de los haitianos mayores de 15 años, son analfabetas; el 70 por ciento de los niños no han asistido a las escuelas durante la pandemia; y 350 mil niños y jóvenes están excluidos de la educación primaria y secundaria. La profesora Prosper lamenta que, después del asesinato del presidente, los medios de prensa internacional hayan “limpiado” su imagen presentándolo como hermano del pueblo haitiano. Se queja porque han presentado el magnicidio como un punto de inflexión en el caos nacional, ante el cual la única solución sería una intervención militar internacional. Los medios han informado erróneamente sobre Haití, retratando como violentas las protestas populares y pacíficas, mientras guardaban silencio sobre la corrupción del gobierno liderado por el PHTK, la represión policial, y los secuestros y masacres organizadas y ejecutadas por pandillas, sin que haya investigaciones o sanciones por parte del Estado.
Lautaro Rivara anota que esos delitos han ocurrido en el contexto de una oleada creciente de la criminalidad común que tuvo índices bajos hasta 2018. Es una criminalidad ligada al poder político e instrumento del poder político. No es casual que se haya disparado en 2018 cuando comenzó la última oleada de protestas, ni que coincida con la paramilitarización y privatización de la seguridad.
Este año, Haití ha tenido más secuestros que México, en términos absolutos, siendo México un país muy afectado por ese delito. Trece masacres han ocurrido en barrios populares de la zona metropolitana, sobre todo en aquellos donde ha habido más organización y movilización, mientras la mirada exterior empieza a reiterar que Haití es un país caótico e inseguro que necesita asistencia en materia de seguridad.
Las armas que hoy circulan –poco más de 500 mil, según la propia Comisión de Desarme del Estado haitiano– empezaron a llegar con la Misión de Naciones unidas, en 2004. El primer factor de circulación de armas fue el tráfico de los Cascos Azules. En los últimos tres años se incrementó el tráfico de armas de origen y manufactura en los Estados Unidos. Es un fenómeno que no es casual: coincide con el ciclo de movilización social que se abrió en julio de 2018.
La Policía Nacional es un cuerpo de seguridad muy débil. En las grandes movilizaciones ha llegado a acuartelarse por el miedo que le generaba la población movilizada. Haití es un país sin Fuerzas Armadas desde que fueron disueltas por Jean Bertrand Aristide en la década de 1990. Con apenas 500 efectivos, tiene escasa capacidad operativa.
En palabras de Lautaro Rivara, “el gran dilema de la oligarquía y la burguesía importadora haitiana ha sido cómo forzar la estabilización del país y reprimir la enorme capacidad de movilización social, sin Policía fuerte, sin Fuerzas Armadas y sin el tutelaje internacional”. En su análisis, Rivara plantea que la paramilitarización es parte de un plan estratégico para la Cuenca del Caribe. Relata que, en 2019, en dos ocasiones, paramilitares norteamericanos y de otros orígenes (serbios y colombianos) fueron detenidos en el aeropuerto internacional o en el centro de la capital, portando armamento de gran calibre, equipos de telecomunicaciones, chalecos antibalas y todos los pertrechos necesarios para hacer la guerra. Aunque fueron identificados por la Policía Nacional se le prohibió al propio Estado y a la población haitiana juzgarlos o interrogarlos, mientras eran prácticamente escoltados por la embajada norteamericana en su regreso a los Estados Unidos.
Del mismo parecer es Camille Chalmers, para quien el asesinato de Moise revela, con más fuerza, el proceso de privatización de la seguridad, incluida la del presidente que estaba en manos de empresas privadas extranjeras, radicadas en Miami y conectadas con Agencias de Seguridad de los Estados Unidos.
El magnicidio de Moise ocurre en un momento delicado por la descomposición social y el derrumbe del “sistema neocolonial” y de sus aparatos represivos. Es un momento de extrema violencia en la capital, poblada por bandas o pandillas ligadas al poder, que convirtieron el secuestro en una industria y se enfrentan por el control territorial. El mandatario ya no tenía capacidad de llevar adelante sus propios proyectos como, por ejemplo, la reforma constitucional y las elecciones de septiembre que, definitivamente, no eran viables por la inestabilidad política y la hambruna severa de seis millones doscientas mil personas. El proceso de paramilitarización y la privatización de la seguridad ha tenido lugar, mientras crece el descontento social ante medidas de corte neoliberal como el incremento desproporcionado de los precios de los combustibles, el desfalco de los fondos petroleros destinados a programa sociales y la corrupción del gobierno. En julio de 2018, por ejemplo, el intento de aumentar el precio de los combustibles en 50 por ciento, derivó en prácticamente una insurrección popular que movilizó entre uno y dos millones de personas.
Otro factor catalizador de las manifestaciones fue el desfalco de fondos públicos multimillonarios que habían llegado al país por la integración energética de Petrocaribe. En varios países, esos fueron utilizados para programas sociales y desarrollo de infraestructuras energética, mientras que en Haíti fueron malversados por la clase política e, incluso, por empresas del presidente Moise, lo que inició nuevos ciclos de movilización masivas a lo largo del año 2019.
El carácter masivo de las movilizaciones no es fortuito. Chalmers explica que en Haití hay tejido social muy dinámico y muy creativo en sus propuestas. Los ciclos de movilizaciones de los tres últimos años han sido admirables no solo por su carácter masivo sino también por demandas claves al gobierno de extrema derecha y la exigencia de cambios fundamentales. Es notable, por ejemplo, el aporte de cuatro federaciones campesinas que están en una plataforma común con un trabajo reivindicativo y de propuestas para el sector rural. El movimiento feminista está estructurado y desarrolla propuestas que ha tenido un impacto fundamental en la vida social colectiva.
Rivara tercia para comentar que en Haití existe una organización enorme y un tejido social comunitario particularmente resiliente. “Pensemos que Haití fue un país que sobrevivió en un solo año, el fatídico 2010, a un terremoto devastador, a un huracán, a un golpe de estado y a una intervención internacional. Si el pueblo haitiano pudo resistir a eso fue justamente por su capacidad de resiliencia y su capacidad organizativa”.
En 2019 se conformó un espacio unitario que, en su momento, se llamó el Foro Patriótico, coalición que aglutina el conjunto de las fuerzas vivas: movimientos campesinos, feministas y de mujeres; sindicatos de profesionales y transportistas, organizaciones de barriadas periféricas, de derechos humanos y eclesiales. Ahí hay presencia territorial, una intelectualidad brillante como ha sido históricamente la intelectualidad haitiana, y programas y ejes de transición política muy claros.
La invisibilidad de esos procesos a nivel internacional conviene para justificar las “tutelas extranjeras”, en lugar de abrirle espacio a la propuesta de un Gobierno de Coalición Amplia que responda a las urgencias del pueblo haitiano y lidere una reforma política y al sistema electoral, para que las futuras elecciones no sigan siendo financiadas y controladas, como hasta ahora, por organismos internacionales que siguen protegiendo a quienes se han instalado en el poder y no toman en serio la exigencia de inclusión de todos los actores políticos.
“Se trata de una solución haitiana para la crisis haitiana, reagrupando las organizaciones de diferentes sectores de la sociedad que plantean un plan concreto para devolver el poder al pueblo, lejos de los gobiernos corruptos del PHTK, liderado por hombres que solo buscan acumular poder y riqueza a cualquier precio”, acota la profesora Mamyrha Prosper. A ese planteamiento se suma Edwin Paraison quien critica que, pocos días después del magnicidio, la comunidad internacional haya respaldado al nuevo Ejecutivo en cuyo gabinete fueron incorporados exfuncionarios de Moise, en carteras como Justicia, Economía y Relaciones Exteriores. “El nuevo gobierno no ha recibido el reconocimiento de los grupos políticos más importantes de nuestro sistema político. En una situación de esta naturaleza, la comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos de diálogo interhaitiano, acompañar a la sociedad civil y respetar las propuestas que salen de esos esfuerzos”.
El nuevo primer ministro, Ariel Henry –designado por el presidente Moise dos días antes del asesinato– no tiene ninguna posibilidad de construir un ambiente propicio para las elecciones y facilitar una transición política porque representa la continuidad del PHTK en el poder sin legalidad y sin legitimidad, y porque hace parte del “plan imperialista” que organizará elecciones totalmente controladas por las fuerzas de extrema derecha, considera Chalmers. El año pasado, siete movimientos sociales y cinco partidos políticos de izquierda crearon un instrumento político innovador y estructurado (Frente Patriótico Popular) que busca concertar con más fuerzas políticas propuestas para una “transición de ruptura” con el “sistema neocolonial de dominación”.
A modo de ejemplo, Chalmers cita la decisión del presidente Moise de “regalar a un oligarca haitiano” 8 mil 600 hectáreas en una zona estratégica y con un potencial enorme de producción alimentaria, mediante un contrato con Coca Cola, para la producción de estevia. En ese territorio, la organización Solidaridad de Mujeres Haitianas (SOFHA) construye en 14 hectáreas una finca agroecológica con mujeres campesinas para asegurarles la seguridad alimentaria. Bandas armadas han agredido físicamente a estas mujeres, en desarrollo de “un plan de expulsión concertado entre Coca Cola, el Estado y el oligarca haitiano”.
Desde la Revolución Haitiana que en 1804 culminó con la abolición de la esclavitud, la lucha por la tierra ha sido un rasgo distintivo de la historia nacional porque el Estado se ha organizado para impedir que los campesinos tengan acceso como propietarios y, al mismo tiempo, favorecer los circuitos comerciales capitalistas que producen para el mercado mundial, en contravía de la voluntad de los antiguos esclavos de utilizar sus tierras para una economía autocentrada.
A partir de 1983, la economía campesina haitiana ha sufrido golpes muy duros con la aplicación de planes neoliberales, que han destruido parte de su potencial productivo y han jugado en favor de una dependencia alimentaria organizada por el Estado. Haití importa hoy el 82 por ciento del arroz que consume, un alimento en el cual era autosuficiente. Con el PHTK, el Estado haitiano aceleró la transferencia de tierras campesinas para proyectos de maquila, agroexportación, mineros y turísticos.
Teniendo en cuenta el contexto descrito, ¿tiene sentido persistir en convocar elecciones este año? El Consejo Electoral –que sigue siendo provisional– ha fijado un nuevo calendario: el 7 de noviembre, el referendum para aprobar la nueva Constitución, la primera vuelta presidencial y las legislativas; y el 23 de enero de 2022, la segunda vuelta presidencial, junto con las elecciones municipales y locales.