Rocío Luna y Adrián Juárez
El Seguro Popular fue creado en 2003 por el gobierno de Vicente Fox. Su intención fue debilitar al IMSS, al ISSSTE y a los servicios de salud, mismos que comenzaron a privatizar con un esquema de distintos cobros, haciendo pagar medicamentos y el tratamiento de tercer nivel. Comenzó sin una red de hospitales, ni suficientes médicos, enfermeras y dándole un peso excesivo al personal administrativo y negando el servicio al tercer nivel.
En 16 años de funcionamiento fueron excesivas las quejas por el mal servicio que prestaba el Seguro Popular, y por el derroche de dinero en hospitales no terminados, equipos abandonados, medicamentos comprados a precios inflados así como la mala administración de los recursos a nivel federal y de los estados. El Servicio Popular ni daba servicio ni era popular.
Durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se convirtió en un barril sin fondo en el que desviaron y malgastaron decenas de miles de millones de pesos a costa de la salud de la población.
Por ejemplo, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), no ha podido comprobar en que se usaron más de 71 mil millones de pesos de recursos que dio la federación a las entidades federativas desde el 2005, para los servicios de salud. Este dinero estaba destinado a servicio médico, construcción, equipamiento de clínicas y hospitales, compra de medicinas, pero estos recursos no se han encontrado.
La atención a pacientes de diabetes era muy deficiente, por ejemplo, el 80 por ciento de los pacientes desconocía sus niveles en hemoglobina glicosilada (prueba clínica que da cuenta real del grado de control de la diabetes) y a casi la mitad no se le realizaba revisión de ojos y pies sistemática, además de las largas esperas había mala atención.
Hoy existe una campaña de los medios, periodistas y analistas chayoteros y políticos del PRIAN, de los 6 secretarios de salud de gobiernos pasados para hablar del “buen funcionamiento” del Seguro Popular ignorando sus graves carencias y el que era una especie de caja chica y este dinero lo usaban para otras cosas que no era para la atención de las enfermedades de la población o de plano se lo robaban.
Se invirtió poco y mal en salud pública en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en proporción, al dinero que gastó en salud esto era incluso menor al que asignaron países con desarrollo similar: los cerca de 1.2 billones de pesos que destinó México en 2013 equivalían a 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto en salud promedia 9.6 por ciento del PIB y se expande más de lo que lo hacen estas economías.
Otro aspecto que caracterizó al modelo de salud en México desde hace más de 20 años es el referente a los recursos financieros que se dedicaban a tareas administrativas era tres veces más alto que el promedio de los países OCDE, y en los estados existen todavía duplicidades en los registros de las instituciones públicas: más de ocho millones de mexicanos estaban afiliados al IMSS y, al mismo tiempo, al Seguro Popular, mientras que 1.2 millones estaban en el ISSSTE y en el Seguro Popular.
El Seguro Popular logró aumentar la afiliación, pero no avanzó en el número de intervenciones atendidas, ni en aumentar la inversión para realizarlas; las otras dos vertientes de la cobertura universal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las enfermedades no atendidas por el Seguro Popular estaban el cáncer de pulmón y la esclerosis múltiple, los infartos al miocardio después de los 65 años, además de que sus afiliados surtían el 30 por ciento de sus recetas en farmacias privadas, por desabasto de medicamentos, según el estudio Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2013, hecho por el Instituto Nacional de Salud Pública.
Luis Fernández director ejecutivo de Nosotrxs, dijo en una entrevista para el Universal de agosto del 2017 que en México en 2015 murieron 26 mil 57 niños menores de un año.
Del total de niños que murieron en el país en 2015, el 42 por ciento lo hizo en el Seguro Popular, 20 por ciento al IMSS, y el 1.9 por ciento al ISSSTE. De las 26 mil 57 muertes, 12 mil 992; es decir 35 infantes mueren consecuencia de enfermedades que se pueden prevenir.
Según Fernández, la corrupción es una de las causas de la muerte infantil, pues los recursos no llegan a las poblaciones que deben atender y se diluyen a lo largo de la cadena de asignación.
El académico señaló que México ocupó el último lugar en la tasa de mortalidad infantil de la OCDE, en la posición 35 de 35; en 2015, el Estado de México fue la entidad que reportó en ese año más defunciones en recién nacidos, con una cifra de tres mil 862, seguido de Veracruz con mil 778; Puebla, mil 768; Ciudad de México, mil 580; Jalisco, mil 552; Chiapas, mil 515; y Guanajuato con mil 247.
El periodista Ricardo Raphael ha sostenido del Seguro Popular que es uno de los mayores fraudes en política y ha señalado claramente los robos de Eruviel Ávila en Edomex y de Javier Duarte en Veracruz.
Y Asa Cristina Laurell, subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud encontró que en el Seguro Popular había “corrupción sistemática”, y cuando se empezó a dar mayores recursos, lo que se compró fueron muchas Suburban para los funcionarios de salud.
En resumen: durante 16 años el resultado del Seguro Popular fue el Monopolio de medicamentos a precios descomunales. Instalaciones y equipos obsoletos, construcción de hospitales que ni terminaron ni funcionaron, ni los construyeron ni los equiparon.
Por otro lado se surtió a los peores hospitales privados, bajo firmas de convenios los que no tenían uno de tres medicamentos, no había camas ni médicos ni enfermeras suficientes, no atendía ni infartos a mayores de 60 años, ni diálisis.
Asa Cristina Laurell, señaló que en el nuevo sistema de atención se construye el acceso a los servicios bajo el modelo de atención primaria. La construcción de hospitales y centros de salud, apuntó, también se llevó a cabo de manera arbitraria y mal planeada, por lo que será preciso evaluar su estado y hacer las adecuaciones necesarias.
Con el nuevo gobierno se inició un proyecto, el INSAB (Instituto de Salud para el Bienestar) con el propósito de dar servicio de salud gratuito universal y a todos los niveles, lo que es un derecho y al mismo tiempo un problema muy complejo a resolver y del cual Asa Cristina Laurell, indicó el año pasado que “garantizar el acceso a los servicios de salud y medicamentos gratuitos pasa, entre otras cosas, por la reingeniería de procesos y mantenimiento de infraestructura o impulsar una nueva de manera escalonada, con recursos inmediatos de operación.”
El presidente López Obrador ha declarado que el artículo 4º de la Constitución en el que se da el derecho a la salud no se ha cumplido por lo que es necesario dar atención médica y medicina gratuita en todos los sistemas de salud. Buscar la prevención, transparentar los recursos, y priorizar a entidades más pobres.
En cuanto a los Estados, estén o no adheridos al INSABI todos los estados dispondrán de presupuesto. Pero se hizo polémica en cuanto a que el INSABI no es recibida en todos los estados, en particular los gobiernos panistas, pero será hasta el 31 de enero que se define quien se adhiere y quién no.
Por cierto los gobernadores panistas exigen a Andrés Manuel López Obrador que transparente el destino de los 40 mil millones de pesos correspondientes al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que operaba el Seguro Popular.
Como un buen paso, se anunció el incremento al 4.3% al presupuesto de salud a nivel federal, la modernización de 5000 centros de salud y de 700 hospitales, 80 mil plazas nuevas, y un presupuesto de 40 mil millones de pesos.
La oferta de medicina gratuita es adecuada, pero hay una contradicción entre la operación del INSABI y las declaraciones oficiales. El INSABI lleva 20 días por lo que todavía es muy temprano para descalificarlo. Se destinó un presupuesto de 119 mil millones de pesos a salud y se dice que hay voluntad política de corregir, por lo que no se puede juzgar al INSABI en este momento.
Se puede mencionar que tuvo un inicio accidentado y no bien planeado
Pero es clara la campaña de prensa de quienes se beneficiaban de la corrupción del Seguro Popular que formaron redes mafiosas durante décadas.
Las opiniones en los medios (que por lo general están financiados por grandes intereses y la oligarquía) para descalificar al INSABI como sucedió el año pasado con la lucha contra el Huachicol que fue muy criticada por los que defienden el viejo régimen.
Del Seguro Popular al INSABI, que entró en vigor el 1º de enero y es tan criticado por políticos, analistas de derecha y ciudadanos que exigen mejores servicios, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que el INSABI va a ampliar y a mejorar la atención que daba el Seguro Popular, mediante cuatro acciones clave: el abasto de medicamentos; rehabilitar la infraestructura; aumentar el número de médicos y enfermeras, así como basificar al personal médico.
El Instituto de Salud para el Bienestar, según senadores de Morena, tiene varias virtudes entre las que se encuentran la creación de un fondo de salud para el bienestar, que tiene como objetivo destinar los recursos que se generen a la atención de enfermedades “que provocan gastos catastróficos”.
En este nuevo sistema se pretende que para 2024 todas y todos los mexicanos que no cuenten con seguridad social tengan acceso gratuito a los servicios médicos, lo que implica atención, estudios, medicamentos y hospitalización a diferencia del Seguro Popular en el que los usuarios pagaban cuotas de recuperación por los servicios y medicamentos recibidos, con el INSABI la atención será totalmente gratuita en el primer y segundo nivel, es decir en los centros de salud y hospitales generales y se anuncia que también a tercer nivel. Aunque en este momento los servicios del tercer nivel (especialización) cobran cuotas, el objetivo es que al finalizar este 2020 es que toda la atención médica, medicamentos e insumos sean totalmente gratuitos en el país.
Los medios presentan a “analistas” como Salomón Chertorivski, defendiendo al Seguro Popular, pero Salomón Chertorivsky no es analista. Fue ni más ni menos Secretario de Salud con Calderón del PAN y Secretario con Mancera y contendió por la candidatura PAN-PRD a Jefe de Gobierno. Además, Salomón encabezó el Seguro Popular con Calderón. Es corresponsable del desastre nacional y no tiene autoridad moral para opinar. Ocultó toda la corrupción y es un alfil de la derecha. Pero el argumenta como profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que este cambio fue un paso atrás en temas de salud, pues genera incertidumbre en su financiamiento y estructura, “Nace una institución nueva… sin legislación secundaria, sin reglas de operación, sin manuales, sin cronología ni calendarios de cómo va a ser su implementación, y eso es un punto de partida relevante”.
Es justificado exigir que este programa se ponga en marcha contemplando la instrumentación real de todos los elementos para atender las necesidades médicas que, en su momento, no pudo incorporar el extinto Seguro Popular que no logró en 16 años.
Hay muchas cuestiones pendientes, por ejemplo existen procesos para fortalecer la cobertura del INSABI como es el tratamiento del melanoma múltiple, y respetar las solicitudes que se hicieron cuando existía el Seguro Popular. Ya que hace cuatro años se había realizado según los lineamientos del Consejo General de Salubridad la solicitud de contar con la cobertura de esta enfermedad y los solicitantes esperan que se respete el proceso. Lo que entra dentro del esquema de atención gratuita a todos los niveles.
Por si fuera poco en los primeros días de operación del INSABI no faltó quien se quiso aprovechar de la confusión como lo fue el Hospital General en la CDMX que cobraron cuentas excesivas a los pacientes. Pero ya hubo respuestas de las autoridades que aseguraron que habrá reembolsos para aquellos que pagaron cuotas más altas de recuperación en el Hospital, pero hasta este lunes 20 de enero no se había hecho tal acción.
Si bien hasta el día de hoy aún persisten dudas e incertidumbre sobre las repercusiones del INSABI y cuáles son los cambios que implica en la atención de los pacientes. Lo que es claro es que si se quiere mejorar el sistema de salud para aquellas personas que no cuenten con ningún tipo de seguridad social, y deben definirse urgentemente las reglas claras para que opere el INSABI ni para las instituciones y ni para los pacientes.