Alejandra Ávila
La Constitución nos garantiza el derecho al empleo, pero en México, la Constitución es letra muerta, los derechos solo están en el papel y hay decenas de mexicanas y mexicanos en la informalidad. Una buena parte de quienes perdieron total o parcialmente sus empleos migraron al comercio informal para completar sus ingresos. Incluso al cierre del 2020 se registran más ocupados en este sector que en el cierre del 2019.
Sólo en diciembre 356,000 personas entraron al comercio como ocupados en dicho sector, lo que deja un saldo de 3 de cada 10 mexicanos que trabajan lo hacen como comerciantes o como empleados informales de comerciantes.
De los trabajos formales, en diciembre se perdieron casi 278,000, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por su parte, la tasa de informalidad se ubicó en 55.8%, lo que deja vulnerable a más de la mitad de los trabajadores.
La segunda mayor economía de América Latina, que se desplomó en el segundo trimestre por la pandemia, rebotó entre julio y septiembre un 12%, ante la reactivación de empresas de sectores no esenciales. No obstante, se prevé una contracción del PIB de alrededor de un 9% al cierre de 2020.
El Inegi acotó que en el análisis considerando la estacionalidad en el mes de diciembre la tasa de desocupación se situaría en 4.4 por ciento.
No es sorprendente por ello que las primeras estimaciones acerca de los efectos de la pandemia ocasionados por el covid-19 den cuenta de una profunda recesión económica que ha afectado significativamente al mercado de trabajo.
Al gran peso de la informalidad y el deterioro salarial hay que agregar que una parte importante de los trabajadores carece de protección social. Violando la Constitución que dice que cada trabajador debe contar con prestaciones y que el salario debe alcanzar para la manutención de la familia. Pero esto tampoco se cumple. Uno de los indicadores más significativos, el acceso a servicios médicos, así lo refleja. En la última década, una proporción que oscila entre 35% y 37% de los trabajadores en México tiene acceso a dichos servicios quedando dos tercios de la Población Económicamente Activa (PEA) sin esa prestación. En el caso de los asalariados, la proporción de quienes tiene acceso a servicios médicos alcanza el 53% (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, varios años).
Desde los primeros meses de la pandemia la política económica fue motivo de polémica. Los sectores empresariales, siempre acostumbrados a que los “rescaten a ellos y no a los vulnerables” y varios de sus analistas a sueldo, consideraron, insuficiente la respuesta gubernamental. Algunos sectores empresariales, representados en el Consejo Coordinador Empresarial, presionaron para que las ayudas a las empresas aumentaran mediante exenciones de pagos, aplazamiento de contribuciones al Seguro Social y otras medidas destinadas a las empresas. En el mes de mayo los empresarios publicaron el documento “Recomendaciones para el acuerdo nacional. 68 ideas para México” en el que, entre otras cosas, pedían reasignar el presupuesto público y que el gobierno contrajera endeudamiento público en un rango de entre 0.5% y 5% del PIB (CCE, 2020). Otros especialistas también aludían a la necesidad de recurrir a un mayor endeudamiento público (Cordera y Provencio, 2020). Ellos han vivido de endeudar al país, sabiendo que todos nosotros pagaremos el capital e intereses de nuestros impuestos y que serán las grandes corporaciones las beneficiadas. Se señalaba que el esfuerzo gubernamental representaba un gasto de 0.12% del PIB, cuando en otros países —incluso países latinoamericanos— este monto representaba un porcentaje mayor del PIB. Entre los instrumentos que se han mencionado con más insistencia son el seguro de desempleo y el ingreso mínimo vital. De modo que en lugar de que ellos se comprometan a ser responsables de sus empresas y de sus trabajadores, quieren que el gobierno pague. Cuando ellos ganan se embolsan todo, pero cuando pierden, quieren que el gobierno cubra sus faltantes. Es el abuso al que están acostumbrados. Buscando solo ventajas para el capital, Esquivel (2020) propone las siguientes medidas:
Seguro de desempleo por tres meses, de 60%, hasta tres salarios mínimos.
Protección para quienes les redujeron su salario: se propone cubrir la diferencia entre lo acordado por el trabajador y 75% de su salario anterior con un tope de hasta cuatro salarios mínimos.
Diferir pagos de seguridad social a las pequeñas y medianas empresas (pyme) hasta por cuatro meses.
Apoyo de rentas u otros gastos fijos a sectores especialmente afectados (restaurantes).
Apoyo a informales: créditos o un salario mínimo por tres meses.
Sin embargo, varias de estas propuestas no han sido consideradas y las que recomiendan mayor endeudamiento público son tachadas de irresponsables. Aquellas encaminadas al apoyo directo a las empresas son equiparadas a programas de rescate como el Fobraproa. Aquel rescate de los más ricos bancos que era de 555 millones de pesos, el cual en 25 años ya pagamos un billón y todavía falta por pagar 1.2 billones. El cuádruple de la cantidad inicial. Así de abusivos son los rescates.
Consecuentemente, la pérdida de empleos formales ha sido masiva, pero ha afectado más a los informales. Las pérdidas en el empleo formal tienen una distribución desigual por estados y/o ciudades. Son los estados y ciudades con mayor actividad turística donde los mercados de trabajo han sido más perjudicados por la recesión económica. En segundo lugar, se encuentran los estados donde se concentra la manufactura, es decir, entidades del norte y del Bajío principalmente. Sin embargo, los registros de la ETOE y el IMSS revelan que la contracción más fuerte, aunque con excepciones, se produjo en abril y mayo, y que la tendencia es mucho más lenta o se revierte de manera desigual. Asimismo, habría que contabilizar de manera pormenorizada el peso de la construcción en ciertos estados y evaluar de qué forma estados como Veracruz y Sinaloa están registrando pérdidas de empleo en la agricultura.
Por ello, resulta urgente enfrentar la pandemia para disminuir los problemas de supervivencia y afectando la salud física y mental de millones de mexicanos y reactivar la economía y el empleo con nuevas medidas. Para ello se han de suspender pagos de la deuda, implementar un impuesto a los más ricos y realizar una reforma fiscal progresiva, para que paguen más las corporaciones que más ganan. Con estas medidas se obtendría una bolsa de 1.5 billones para tener recursos para atender la pandemia y la crisis económica. Es la hora, particularmente, esta de hacer efectivos los derechos al empleo y prestaciones sociales para que las familias trabajadoras puedan salir adelante.