Arturo Huerta González La Jornada de Oriente
Septiembre 20, 2022
Junto con el Paquete Económico 2023, la Secretaría de Hacienda presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se establece que en caso de que se genere un ahorro en el costo financiero de la deuda pública del gobierno federal, se destinarán los recursos de dichos ahorros al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Tal fondo se nutre con ingresos excedentes. El problema de ello es que los ahorros, derivados del no ejercicio total del gasto programado, es sacar dinero de la circulación y por lo tanto, implica menos gasto e inversión pública que frena la actividad económica. El ahorro del gobierno federal implica dejar de gastar, porque busca favorecer al sector financiero, porque en realidad quiere mandar señales de que se tiene capacidad de pago de la deuda. El gobierno quiere ahorrar lo que se derive de un menor costo financiero que ocasione una menor tasa de interés. Es improcedente y hasta criminal que el gobierno ahorre. En vez de ello, debe incrementar el gasto para incentivar el crecimiento de la inversión, en desarrollo tecnológico, infraestructura, en generación de empleo, en el impulso del sector industrial y agrícola, así como para atender el desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública, entre otras muchas deficiencias y carencias que enfrenta el país.
El gobierno federal no se da cuenta de la importancia que tiene el gasto público y el impacto de este sobre la actividad económica. En un contexto de caída del consumo y la inversión privada, como el gran déficit de cuenta corriente que presenta la economía nacional (28,449 mil millones de dólares, programado para 2022), no puede proseguir la austeridad fiscal, debido a que todo ello impacta negativamente sobre la actividad económica.
Hacienda señala que con tal iniciativa se “busca fortalecer los llamados colchones financieros para el siguiente sexenio” y se “pretende dejar un blindaje al nuevo gobierno, independientemente de quien llegue al poder, para enfrentar posibles eventualidades que afecten a las finanzas públicas del país”. Al respecto hay que decir que, al tratar de ahorrar el gobierno gastando menos, frena la actividad económica, cae el ingreso nacional, el ahorro nacional y la recaudación tributaria. Hay que señalar que el ahorro depende del ingreso nacional, y para que éste aumente, se tiene que gastar más, para así reactivar la economía e incrementar el ingreso de empresas e individuos y del propio gobierno.
El blindaje de la economía y de las finanzas públicas no lo da el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, sino el crecimiento sostenido de la economía, con menos presiones sobre precios y el sector externo, situación que no existe en la economía nacional.
Solo incrementando el gasto e inversión pública para impulsar el desarrollo tecnológico y productivo, que sustituya importaciones, se podrá alcanzar una dinámica económica que reduzca las presiones sobre precios y sobre el sector externo, lo que permitiría mayores ingresos en las finanzas públicas, lo que la blinda frente a eventualidades.
Se debe impulsar un crecimiento económico sin presiones sobre precios y el déficit de comercio exterior para poder bajar la tasa de interés, estabilizar del tipo de cambio y mejorar la recaudación tributaria. Ello beneficia a las finanzas públicas y potenciaría el gasto público para impulsar el crecimiento productivo, el empleo y la distribución del ingreso.
Sin embargo, ello no está en la mente de los tomadores de decisiones. El Presupuesto para 2023 contempla continuar con la política neoliberal de austeridad fiscal. En 2022 el gobierno gastará menos de lo que recuda (sin incluir el pago de la deuda) y en 2023 el gobierno gasta más de lo que recauda (excluyendo el pago del servicio de la deuda) en solo 0.17 por ciento del PIB, que es prácticamente trabajar con equilibrio fiscal. Es decir, no habrá gasto adicional significativo que contrarreste el déficit del sector externo, ni la caída del consumo e inversión privada que actúan en detrimento de la actividad económica. El gobierno no instrumenta política económica alguna a favor del desarrollo del sector industrial y agrícola, para blindar a la economía frente a las advertencias del Banco Mundial y el Fondo Monetario sobre una contracción inminente de la economía global.
El Paquete Económico contempla una tasa de interés para fines de 2023 de 8.5 por ciento y el mismo tipo de cambio a fines de 2022 y 2023 de 20.6 pesos por dólar, evidenciando que su finalidad es seguir actuando a favor del sector financiero, quien es el que se favorece con la estabilidad de la moneda, a costa de establecer altas tasas de interés que presionan sobre las finanzas públicas y privadas, dados sus niveles de endeudamiento, lo que restringe el gasto e inversión para evitar déficit financiero y mayor deuda, a costa de desatender los propósitos nacionales de crecimiento, empleo y distribución del ingreso. Con las altas tasas de interés, la estabilidad del tipo de cambio y la austeridad fiscal, no se lograrán los objetivos de crecimiento económico trazados para 2022 de 2.4 por ciento y de 3.0 por ciento para 2023.