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El IV informe: la pobreza, la desigualdad, el empleo y los salarios

Héctor Torres González


Dice el IV Informe de Gobierno:

“Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al COVID. Hoy existen inscritos al Seguro Social 21 millones 236 mil 866 trabajadores, es decir, 623 mil 330 más que antes de la pandemia. Y lo más importante es que, sin crecimiento, según el indicador macroeconómico, pero con una mejor distribución del ingreso, hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, levantada por el Inegi, de agosto a noviembre del 2020, en plena pandemia, mientras que en 2018 los más ricos ganaban en promedio 18 veces más que los pobres, en 2020 la desigualdad se redujo a 16 veces.

Asimismo, en ese periodo los más pobres fueron los únicos que vieron crecer sus ingresos en 1.3 por ciento. Esto se confirma porque, mientras que los hogares del medio urbano perdían a causa de la pandemia ocho por ciento del ingreso, en el ámbito rural se registró un incremento del 3.8 por ciento”.

En efecto, en esa Encuesta de 2020 los ingresos del decil I se incrementaron en 1.3% y el número de veces del decil I en el decil X bajó de 18 a 16, como lo muestra el siguiente cuadro.


Sin embargo, esa misma Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares dice también que de 2018 a 2020 el número de hogares crece de 34,400,515 a 35,749,659 y la población se incrementa de 123,836,081 a 126,760,856.

Esto hace que en 2020 el ingreso per cápita de los más pobres (el decil I) se reduzca en - 1.3% y, por tanto, los pobres se hicieron más pobres (ver gráfico siguiente). La economía se ha reducido y con ello disminuyen los ingresos per cápita de toda la población en -4.4%. En 2018, comparado con 2016, el ingreso per cápita de todos los deciles aumenta a excepción del de los más ricos, pero en 2020, comparado con 2018, el ingreso per cápita se derrumba para todos los deciles a causa de la pandemia y de la crisis que acarrea.


El problema reside en que la economía se reduce y también se reducen los ingresos, los apoyos gubernamentales paliaron en algo la caída de los ingresos de los más pobres, pero no logran impedir que se hicieran más pobres, y eso es lo que muestra la caída del ingreso por persona de los deciles de los más pobres. El ingreso total del decil I aumenta en 1.3%, pero cómo crece más el número de hogares y de habitantes, el ingreso por persona de los más pobres se reduce y ocurre que se empobrecen más y no se aminora la pobreza y la desigualdad, como lo dice el informe.

Según el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) la pobreza en 2016 eran 52.2 millones de personas, en 2018 fueron 51.9 millones y en 2020 aumentan a 55.7 millones.

La distribución o el reparto del PIB entre salarios y ganancias e ingresos de lo que no es trabajo asalariado, del I trimestre de 2018 al I trimestre de 2022, no muestra ningún cambio según las cifras del INEGI.


La participación de los salarios en el Producto Interno Bruto (PIB) se mantiene en 27% al igual que las ganancias y los pagos a los que trabajan por su cuenta en 66%. Pero como el PIB en el I trimestre de 2022 es menor que en 2018 el monto de salarios que perciben los trabajadores es aún menor en 2022 que en 2018. Es decir, los trabajadores ven que se reduce la masa salarial. Y son los más afectados por la crisis económica, de salud y ecológica.

El empleo formal medido por los trabajadores inscritos en el IMSS muestra que de noviembre de 2018 a agosto de 2022 crece en 778 mil 940, ver gráfica adelante. Pero en ese mismo lapso la población económicamente activa (PEA) crece de 55.5 a 59.3 millones (deben ser más que los datos oficiales) por lo que de 3.8 millones de jóvenes que ingresan a la fuerza de trabajo, tres millones se quedan sin oportunidades de empleo formal y pasan al enorme ejército de la informalidad, al desempleo o a emigrar a los Estados Unidos. El déficit de empleos es angustiante y por tanto el reto de crear empleos formales dignos y justamente remunerados es imperioso por lo que se debe impulsar con fuerza el crecimiento económico, pero con justicia social y no nada más de crecer por crecer.


En este mismo período destaca que el mayor crecimiento del empleo fue en las manufacturas con 442 mil 494, el 54% de los empleos creados, el comercio con 259 mil 812 y transportes y comunicaciones (sobre todo el trabajo por aplicaciones que creció con la pandemia). Es de resaltarse que el empleo en los servicios a las empresas se cae en 188 mil 695.

Antes de regular el outsourcing se afirmaba que existían ocho millones de trabajadores en esa modalidad, pero el IMSS informa que han emigrado de la subcontratación sólo 2.3 millones, de donde 2 millones eran ya trabajos permanentes, pero dejan de ser subcontratados. Lo cierto es que con la regulación limitada del outsourcing no se ve reflejado en un aumento considerable de empleos.

La CDMX, Guerrero, Puebla, Veracruz y Morelos son las entidades que, en lo que va del sexenio actual, han perdido empleos formales y resalta la CDMX con una pérdida de 121 mil 504. Los estados creadores de empleos se concentran en Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Chihuahua, Tabasco y EDOMEX. Buena parte del empleo creado se localiza en las automotrices y en las maquiladoras, todas ellas orientadas al mercado externo.

La herencia neoliberal ha dejado un amplio sector informal de la economía porque a los grandes capitalistas les interesaba acumular riquezas en vez de generar empleos productivos y remunerados. Es impostergable implementar un Plan Nacional de Empleo Digno por ramas productivas y por entidades federativas para ir acabando de raíz la informalidad que esconde trabajo precario (aunque también en el llamado sector informal existe el trabajo precario). Impulsando las actividades productivas, fortaleciendo al sector social y público de la economía, apoyando al campo y a la micro y pequeña empresa es la única manera de salir de la recesión económica con sentido popular.


Por su parte los salarios contractuales en 2019 aumentan en términos reales en 1.70%, en 2020 en 1.03%, en 2021 se caen en -0.91% y en 2022 (a julio) se caen también en -0.54%. la inflación está golpeando los salarios contractuales y más a los salarios contractuales de las empresas públicas porque en 2019 aumentan en 0.10%, en 2020 se caen en -0.45%, en 2021 se reducen en -2.20% y a julio de 2022 la caída es de -3.62%.

Los salarios mínimos han venido aumentando significativamente y el plan contra la carestía y la inflación han ayudado a la población, pero los millones de trabajadores que revisan salarios contractuales no tienen esos aumentos y están sujetos a los topes salariales impuestos por el neoliberalismo. Y con la inflación desatada pierden poder de compra y se deterioran más los ingresos de los trabajadores y, por tanto, se reduce el consumo popular y el mercado interno. Un Plan de Recuperación de los Salarios Contractuales, que han perdido el 50% de su poder de compra desde 1982, es de urgente necesidad para abatir pobreza y desigualdad y sobre todo dignificar el trabajo que el capitalismo neoliberal ha agredido y despreciado.


Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública

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