Carta a Partidos y organizaciones de cara a las elecciones. Promotora Nacional por la Suspensión de la Deuda Pública.
La próxima contienda electoral para renovar a la representación popular del poder legislativo, es propicia para que los actores civiles y sociales de todo tipo coloquen en la agenda pública los temas fundamentales del país, como el de la deuda pública.
Por tal motivo, quienes integramos la Promotora Nacional por la Suspensión de la Deuda Pública (PNSPDP) nos dirigimos a usted, para exponerle los principales planteamientos que nos han nucleado y los argumentos que sustentan la viabilidad, justeza y necesidad de suspender el pago de la deuda pública, así como para proponerle que se manifieste en relación con el tema.
El mismo planteamiento les estamos haciendo a quienes presiden partidos políticos, organizaciones sociales, civiles, sindicales, instituciones educativas, iglesias y pueblos originarios.
Además, la PNSPDP se propone relanzar la interlocución con el ejecutivo federal iniciada en noviembre pasado con el coordinador de asesores por encargo del presidente y, desde luego, también, con las instancias de gobierno de México que tienen las facultades formales para tomar decisiones relativas a la política económica del país.
Consideramos que todas las instituciones, organizaciones, pueblos y colectivos, así como las personas con reconocimiento e influencia social, deben manifestar públicamente su posición respecto a qué hacer frente a la crisis económica, que se ha agravado con la pandemia y ha provocado la ruina de la inmensa mayoría de la población.
Con el propósito de recibir su respuesta y, si está de acuerdo, concertar una presentación virtual de la problemática mencionada, ponemos a su disposición el correo: promotora@nomasdeudapublica.org
Adjuntamos a la presente los documentos mediante los que se exponen los elementos que nos condujeron a demandar al gobierno mexicano que tome la decisión soberana de suspender el pago de la deuda pública. A continuación, le presentamos una síntesis:
I. Voces de distinto signo pugnan por la suspensión del pago de la deuda pública de los países que la requieren. Varios gobiernos lo están logrando
Nadie está obligado a lo imposible y es un derecho de los pueblos, reconocido por el derecho internacional, no pagar los intereses de la deuda pública, renegociar sus pagos por varios años, declarar moratorias y obtener quitas. El de México es un caso urgente y de extrema necesidad.
El Secretario General de la ONU declaró recientemente ante la V Conferencia del Grupo Puebla que “se debe expandir la Iniciativa de Suspensión de la Deuda del G20 para incluir los países de ingreso medio y extenderlo hasta finales de 2021” y que “todos los países deben tener acceso al alivio de la deuda sin penalización”.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pidieron al Grupo de los 20 (G-20), los países más ricos del planeta, la moratoria inmediata de la deuda exterior de los países más pobres afectados por la pandemia.
No se trata de una utopía, por el contrario, estamos presenciando experiencias como la de Argentina, que recientemente negoció su deuda externa logrando buenas quitas.
II. Precedentes de suspensión en la historia mexicana
En nuestra historia patria son numerosas las ocasiones en las que se ha suspendido el pago de la deuda pública, así lo hicieron los gobiernos encabezados de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Valentín Gómez Farías durante la Independencia; por Benito Juárez en la Reforma; y desde la Revolución hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas se mantuvieron prácticamente suspendidos los pagos de la deuda.
En 1936 el presidente Lázaro Cárdenas afirmó: “No ha variado la actitud de México en lo que respecta al problema de su deuda exterior; los deseos del gobierno de cumplir todas sus obligaciones siguen subordinadas a la necesidad de aplicar la mayor parte de los recursos del país a su progreso cultural y político”.
El presidente López Obrador declaró ante el G-20 que los países pobres deben ser sujetos de la moratoria, y los países de ingresos medios, recibir préstamos a bajas tasas de interés, sucede en los países ricos. No obstante, esta declaración resulta insuficiente y es necesario que el gobierno mexicano proceda de inmediato con las acciones conducentes a fin de liberar los recursos que nuestro país destina a pagar el servicio de una deuda pública, para acrecentar la inversión pública en reactivar la economía y atender la enorme deuda social con la mayoría de compatriotas.
III. El conjunto de programas y proyectos prioritarios del gobierno cuestan menos que los réditos de la deuda
El costo de los intereses y las comisiones por la deuda presupuestado para 2021 será de 724 mil millones de pesos, cantidad que equivale a 5 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud, 2 veces el de Educación, 3.8 veces el de Bienestar y 14.7 veces el de Agricultura y Desarrollo Social.
En caso de que no haya una suspensión, sólo por intereses se pagará el doble de lo que se gasta en los 19 programas sociales prioritarios del gobierno para 2021, los cuales suman 337 mil millones de pesos y abarcan los de Pensionó Universal para Personas Adultas Mayores; Pensión para Personas con Discapacidad; Becas Bienestar de Educación Básica, Media y Superior; Jóvenes Construyendo el Futuro; Sembrando Vida; Precios de Garantía; Producción para el Bienestar; Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, por mencionar sólo algunos de ellos
Los intereses y comisiones del débito supera en 7 veces el costo de los proyectos prioritarios del gobierno, los cuales tienen un presupuesto de 103 mil millones de pesos para 2021 y los conforman los de la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Banco del Bienestar, el Parque Texcoco, el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, caminos rurales, entre otros.
Independientemente de que se esté o no de acuerdo con estos proyectos y programas, comparar sus costos con los de la deuda nos permite apreciar el tamaño de la sangría que debilita la economía y la sociedad mexicanas.
IV. Mientras más se paga más se debe. ¿Quiénes son los acreedores externos e internos de México?
El enorme pasivo que nos aqueja debe ser auditado a fin de saber para qué se contrató, cómo se utilizó y en qué términos. Se debe crear una comisión auditora de la deuda pública, como se hizo hace algunos años en Ecuador, con resultados exitosos.
De 1982, cuando comenzó la implementación del neoliberalismo en México, a 2020 hemos pagado 67% de la deuda pública (8 billones de pesos). Pero no se amortiza el capital, y la deuda sigue creciendo y desangrando a la nación.
El débito público total comprende tanto la deuda externa, que representa 36% de la deuda total, como la interna, la cual incluye el Fobaproa (hoy IPAB) y el rescate carretero.
En 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo convirtió en deuda pública la deuda de los bancos privados a través del Fobaproa, con lo cual impuso a los mexicanos una carga de 500 mil millones de pesos, por la que hemos pasado 25 años pagando sus intereses; y, sin embargo, hoy se debe casi el doble.
Otra parte de la deuda pública interna comprende la posesión de valores gubernamentales en manos de inversionistas extranjeros. El capital financiero internacional invierte en valores mexicanos de renta fija y en la Bolsa, a través de los fondos de inversión, por lo que a fin de cuentas esta “deuda interna” es en realidad deuda externa, la cual asciende a 1.8 billones de pesos (23% de la deuda interna).
Una parte más de la deuda interna (25%) pertenece a las afores y son los ahorros de los trabajadores invertidos en valores gubernamentales que no deben ser tocados (las afores funcionan como fondos de inversión privados que se apropian de una parte de los ahorros de los trabajadores por medio de las comisiones cobradas).
El 50% restante de la deuda interna pertenece a inversionistas mexicanos, a sociedades de inversión, bancos y aseguradoras.
V. La crisis, la pandemia y la profundización de la deuda social. Evidencias de que México está entre los países que no pueden pagar su deuda
La pandemia que hemos estado padeciendo profundizó la crisis económica y disminuyó drásticamente la recaudación fiscal. La suma de los ingresos fiscales esperados que no se obtuvieron en 2020 es de 510 mil millones de pesos.
La producción nacional en México se derrumbó en -8.5% en 2020; de noviembre de 2019 a enero de 2021 se perdieron 982 mil empleos formales (STPS). Ademas, de mayo de 2019 a septiembre de 2020 cerraron un millón de empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas, y sólo se crearon casi 620 mil nuevas. El saldo neto de empleos perdidos es de casi tres millones (Inegi).
La llamada pobreza laboral (que es el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) pasó de 38.5 a 44.5%, debido a que entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020 el ingreso laboral real se redujo en -6.7 por ciento.
Por otra parte, los salarios en las revisiones contractuales de jurisdicción federal aumentaron en 2020, apenas un raquítico 0.92% en términos reales, pero en las empresas públicas los salarios contractuales perdieron poder real de compra al caer en -0.47%, mientras que en las empresas privadas aumentaron en 1.82 por ciento.
El ahorro de los trabajadores disminuye y el fondo de las pensiones se utiliza como seguro de desempleo, pero costeado por los propios trabajadores. Los ingresos esperados por el IMSS disminuyeron en 10 mil millones de pesos y en términos reales los ingresos caen en -1 por ciento.
Junto a la reducción de los ingresos de las familias, aumentan las necesidades insatisfechas en la alimentación, la salud, la educación, la seguridad, etc.
VI. ¿Para qué alcanzarían los recursos de 2 años los intereses de la deuda?
Si se dejara de pagar tan sólo dos años el servicio de la deuda pública, se tendrían cerca de 1.5 billones de pesos para destinarlos a lo siguiente:
· Aumentar la inversión productiva tanto en la industria como en el campo, fortaleciendo el sector público y social de la economía, brindando apoyo a la micro-pequeña y mediana empresa.
· Dedicar más recursos a la urgente ampliación y reconstrucción de los sistemas públicos de salud y seguridad social, educación, y ciencia y tecnología, solución al problema del agua.
El incremento de la actividad económica y social como consecuencia de la mayor inversión pública incentivaría la inversión privada, todo lo cual repercutiría en generar empleos formales y bien remunerados, mejorando el bienestar social y reduciendo el desempleo; quien no fuera absorbido debería contar con un seguro que le garantizara la sobrevivencia digna.
VII. Negociar colectivamente con los acreedores un orden internacional y nacional justo y solidario.
Una salida digna y beneficiosa para las grandes mayorías de todos los pueblos del mundo será más factible de alcanzar si las negociaciones con los grandes acreedores capitalistas se llevan a cabo de manera colectiva por el conjunto de países que son sujetos de la deuda externa y que deben encontrar una respuesta global a una crisis capitalista de carácter mundial.
Un programa de emergencia nacional es imprescindible y debe financiarse con recursos de la suspensión del pago de la deuda pública y con los que se obtendrían de una reforma fiscal progresiva, de impuestos a las grandes fortunas y a las transacciones financieras y que grave al capital especulativo.
Ciudad de México a 15 de abril de 2021
Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública