Alguaciles de Carolina del Norte se oponen a cooperar con el ICE (la migra).
Voice of Revolution
En tan solo 4 días en febrero, la inmigración federal arrestó más de 220 personas indocumentadas en Carolina del Norte. Ahora están tomando represalias contra los alguaciles recién electos que han anunciado que van a cortar ciertos lazos con Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El condado de Mecklenburg que incluye Charlotte, es una de las áreas en disputa. El alguacil del condado Mecklenburg Garry McFadden compitió y ganó el año pasado y defiende el cese de la participación en el controvertido programa federa 287(g), que acordó la participación entre los oficiales locales y el ICE. Cuando ICE lo pedía, la policía local y los alguaciles debían detener personas 48 horas. Esto de hacía aún si no habían sido sentenciados o aunque fuesen ciudadanos, pero el ICE los había clasificado como indocumentados, o aún si habían pagado fianza y debían quedar libres para irse. etc
Los alguaciles de Carolina del Norte durante años habían estado trabajando hombro a hombro con ICE en sus esfuerzos por intimidar y arrestar personas indocumentadas. Rigiéndose por el programa 287 (g) el condado de Mecklenburg los agentes locales de la ley habían transferido 15,000 mil personas a ICE durante los pasados 13 años, nada más en Charlotte. El director de campo para la región dijo que los arrestos masivos en febrero fueron una “conclusión directa de las peligrosas políticas de no cooperar” con la agencia.
El año pasado los votantes del séptimo mas grande condado eligieron nuevos alguaciles, todos afroamericanos y cinco de ellos declararon que no iban a hacer caso de las detenciones que les pedía ICEL. Los cinco son los primeros alguaciles negros que han sido electos en sus condados respectivos en toda la historia. Sus triunfos fueron resultado directo del trabajo organizativo alrededor de la cuestión del programa 287(g) y de la postura unitaria contraria a las políticas injustas y brutales contra migrantes y afroamericanos.
Luego que fue electo el nuevo alguacil, las represalias fueron rápidas. En Asheville en febrero, agentes de ICE- usando uniformes que los identificaban- pero transitando en vehículos que parecían los de contratistas de empleados, con escaleras en la parte superior- fueron a un comunidad de Hendersonville y arrestaron a 4 personas. Cuando la policía del Departamento de Charlotte-Mecklenburg desarrolló un Foro en la iglesia del Centro Comunitario en Charlotte e invitaron personas inmigrantes e indocumentadas para hablar con los jefes policíacos y con el alguacil McFadden. Los agentes de ICE aparecieron para atemorizar y bullear gente. En todo el estado, cientos fueron arrestados, muchos no habían cometido ningún crimen, simplemente no tenían su documentación, los que solo es una ofensa civil.
Un oficial de ICE amenazó “Si la jurisdicción local piensa que por rehusarse a cooperar con ICE va a disminuirse localmente la aplicación de la ley de inmigración están equivocados. Las jurisdicciones locales que opten por no cooperar con ICE seguramente verán un incremento en la actividad punitiva de ICE, tal como en las jurisdicciones que no cooperen con ICE la agencia no tiene otra opción más que intensificar a gran escala las operaciones para detener gente”.
Adicionalmente al apoyo a ICE, la legislatura estatal intervino para ayudar a ICE aprobando una ley que obligaría a los alguaciles a cooperar con la agencia. ICE les ayudo a redactarla. El máximo patrocinador de la ley, el representante Destin Hall dijo “No es un secreto que nosotros, de hecho trabajamos con los oficiales federales para crear esta ley” La ley, HB 370, forzó a los alguaciles y sus asistentes a preguntar a la gente su estatus migratorio independientemente de los cargos criminales que ellos enfrenten. Y obliga a los oficiales a reportar y entregar a la gente a ICE y cumplir cada requerimiento de ICE acompañado de un “detainer”. El alguacil de la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte anunció que se oponen a la ley, pero de todas formas fue aprobada. El gobernador todavía no firma la ley para decretarla.
El gobierno federal, usando la inmigración, está trabajando para someter a las agencias policíacas locales y estatales bajo el control federal y aún bajo el control militar, tal como ocurre en la frontera. Programas tipo el 287 (g) son parte de esto, como lo son las redadas de ICE a pesar de la oposición y los esfuerzos del gobierno federal por prohibir los estados santuarios como el de Nueva York y California. Esos conflictos entre el gobierno federal y los estados, reflejan la inhabilidad de la clase dominante para resolver esos problemas o disminuir sus conflictos, lo que contribuye a crear condiciones para una Guerra civil.
La resistencia del pueblo que defiende sus derechos—de los migrantes, refugiados y afroamericanos en este caso-muestra una ruta de salida.
Las nuevas leyes de Utah protegen a los migrantes.
Utah es uno de los pocos estados que aprueban legislaciones que ayudan a los que no son ciudadanos a evadir la deportación cuando son condenados por delitos menores. La ley que fue firmada por el gobernador Gary Herbert el 25 de marzo, clarifica que estas condenas por delitos menores en Utah no pueden ser ya interpretados como graves crímenes con propósitos de migración, evitando la deportación automática por un delito menor como un pequeño hurto en una tienda. Para que esto ocurra la ley reduce las sentencias por delitos menores en Utah por un solo día- de 365 días a 364 días. El gobierno federal indica que cualquier condena, incluyendo la mayoría de los delitos menores, que tienen una sentencia de un año y más serán categorizadas como “crímen grave” que conduce a la deportación. Esta acción en parte se tomó para afectar trabajadores y organizadores que han vivido en EU por décadas, muchas veces jugando roles de liderazgo en la resistencia en los lugares de trabajo y comunidades.
Muchos que tenían tarjetas verdes han sido deportados también. Es el caso que hasta personas con sentencias que los condenan a menos de un año, digamos 30 días, pero cuya falta tiene sentencia de un año o más, aun así el gobierno federal pide la deportación. Y además evita que los jueces de inmigración tomen ninguna decisión discrecional – la deportación es obligatoria. La ley bloquea ésta acción del gobierno federal reduciendo la sentencia a menos de un año.
Utah no es el primer estado que ha hecho este cambio en la política migratoria. También lo han hecho otros estados como Washington, California y Nevada, que ha aprobado la llamada ley de los 364 días. Colorado y Nueva York han adoptado protecciones similares.