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GIEI: bloquearon fuerzas armadas el caso de los 43

Blanche Petrich y Jessica Xantomila La Jornada 26 de julio 2023


Varios lotes de documentación de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) que contienen información “vital y fundamental” para dar con el paradero de al menos algunos de los normalistas desaparecidos, han sido vedados al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), después de ocho solicitudes que hizo en el año reciente de su trabajo en la coadyuvancia del caso Ayotzinapa.


Estos reiterados “ocultamientos, negativas y mentiras” por parte de las autoridades castrenses hacen “imposible continuar con nuestro trabajo”, explicó ayer uno de los expertos, Carlos Beristain. “Llegamos al límite de lo que se puede hacer”.


Con estas palabras y un emocionado “¡gracias papás y mamás!”, que hizo que a la penalista Ángela Buitrago se le quebrara la voz, los dos ultimos integrantes del GIEI que permanecieron, a pesar de las múltiples crisis y tormentas, presentaron su sexto y último informe en el auditorio del Centro Cultural Tlatelolco, lleno a tope.


En las primeras hileras, muchas ocupadas por mamás de los muchachos desaparecidos, algunas ya envejecidas y sin embargo al pie del cañón, habían echado mano de sus reservas de pañuelos. Estaban preparadas para esta despedida. Los expertos ya habían platicado con ellas largo y tendido. Blanca, una de las madres, les pidió: “Antes de irse cuenten todo lo que sepan; no se queden con nada”.


En este último informe, el GIEI reveló que hay otro fondo de datos que hasta ahora ha mantenido en secreto la Unidad de Inteligencia Naval, y que ha quedado oculta la participación de los marinos en el encubrimiento, ocultamiento y desviación de las investigaciones y en la construcción de lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam llamó “verdad histórica”.


Semar, Cisen, policía: todos estuvieron y mintieron


Los investigadores recibieron hace apenas cinco días, justo para poder incluirla en el reporte, una pieza de información. Revela que la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina operó en el basurero de Cocula y en la ribera del río San Juan el 27 de octubre de 2014, para fabricar la falsa escena del crimen del vertedero y, dos días después, “el hallazgo” en el lecho fluvial de una bolsa de plástico con supuestos restos. Ahí estuvo el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, hoy prófugo en Israel.


Según el informe, la Marina instaló un destacamento en Coatepec de los Costales, municipio de Teloloapan, donde “debe haber un monitoreo e información sobre el destino de los muchachos”. Además, los investigadores corroboraron, incluso con fotos, que los marinos participaron en el arresto y tortura de los presuntos culpables, miembros de Guerreros Unidos, y que en esas acciones hubo al menos dos muertos.


El último informe, prolijo como los cinco anteriores, de más de 300 páginas, contiene otras novedades sobre la presencia de efectivos del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal y la policía ministerial en la persecución de los estudiantes en Iguala, una circunstancia que esas corporaciones negaron todo el tiempo. Hay una orden de aprehensión contra un agente del Cisen.


Los expertos lograron determinar que el ahora preso general José Rodríguez Pérez, entonces coronel, se estuvo moviendo en esos sitios constantemente, según lo reflejan los datos de geolocalización de su celular. El alto oficial, que era comandante del 27 Batallón de Infantería, había asegurado que esa noche no salió de su cuartel.


Al finalizar una intensa sesión, en la que ambos expertos expresaron sentirse emocionados “y también frustrados”, un estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos habló a nombre de los padres de los 43 desaparecidos, de sus compañeros y de los colectivos que buscan a sus seres queridos, para advertir que “este movimiento no ha perdido fuerza, porque saber que se tienen pruebas suficientes para dar con el paradero de nuestros compañeros, pero que no se quiere avanzar, nos da la fortaleza necesaria para continuar”.


El estudiante también le recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador que “le queda un año para cumplir la promesa de solución que nos hizo”, y que para septiembre del año próximo, cuando se cumplan los 10 años de la noche de Iguala, ya habrá otro presidente electo en el país.


Sobre este punto, los dos expertos respondieron que tienen la esperanza de que, aún sin el GIEI, la investigación continúe, se profundice y supere los obstáculos y las mentiras que la aquejan actualmente. “No claudicaremos”, expresó Ángela Buitrago, pero Beristain acotó: “Existe el riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta. Eso es inaceptable”.


Carlos Beristain señaló que el Caso Ayotzinapa “es una palanca para el cambio en México, puede ser una oportunidad” para superar la pesada impunidad que aún prevalece sobre la desaparición forzada. “Nuestros informes son una herramienta para continuar”.


Los expertos anunciaron que hoy se reunirán con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y en la que también estarán los padres y madres de los 43 estudiantes.


Movimientos de Semar y Sedena


Durante su investigación, el GIEI tuvo reuniones con el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, y otros altos oficiales, quienes sostuvieron que la presencia de la Armada en la diligencia del río San Juan sólo fue para asegurar el perímetro de la zona y el trabajo de los buzos.


Hoy se conoce que esto es falso. El GIEI detectó indicios de operaciones secretas de la Unidad de Inteligencia Naval, incluso sobrevuelo de drones, en las inmediaciones del río San Juan los días 27 y 28 de septiembre, para preparar el “hallazgo” del día siguiente.


Los investigadores también determinaron que fueron marinos, no la entonces Procuraduría General de la República, como se sostuvo, quienes detuvieron ilegalmente a varios presuntos perpetradores, los llevaron a centros navales y los torturaron.


Semar dirigió y realizó acciones en Chilpancingo, Pueblo Viejo, Iguala, tramo Iguala-Teleolapan, Loma de Coyotes, Coatepec de Costales y otros sitios que han sido mencionados por distintos informantes como posibles paraderos de los jóvenes desaparecidos. A las solicitudes de información del GIEI, la Marina responde que “no existe”.


El GIEI obtuvo 16 transcripciones de mensajes y llamadas telefónicas interceptadas por la inteligencia militar y que se concentran en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, con sede en Iguala, del cual la Sedena aún sostiene que no existe.



En esas transcripciones de las fechas críticas de los hechos, se leen conversaciones de integrantes del crimen organizado sobre “los detenidos del desmadre de ayer”, de “los 11 que te tocaron”, de los que “traían detenidos aki en Chilpo”. Y uno que comenta “pobr de los papas e quomo an d star” (sic). Se habla que “tienen a 17 en una cueva”; que hay presiones para “soltar a algunos”.


Esos mensajes contienen claves para localizar los lugares a donde se llevaron a los 43 desaparecidos, como Pueblo Viejo y Loma de Coyotes. Durante siete años esta información estuvo oculta. Y aún hoy en día, con pruebas sólidas de su existencia, Sedena sostiene que “no existen”, que las conversaciones grabadas no se transcriben, que no tienen nada más.


Ponen de relieve el último informe sobre caso Ayotzinapa en México

Hispantv 26 de julio 2023

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el Caso Ayotzinapa presentó su informe final en la capital mexicana.


El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó su sexto y último informe de labores sobre el caso de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Los expertos continúan señalando acceso parcial y ocultamiento de la información del caso por parte de autoridades mexicanas.


Según denuncian, no han podido dar una respuesta sobre el paradero de los normalistas porque la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro de Fusión Regional e Inteligencia mantienen archivada información que podría dar más luces sobre lo que sucedió y el involucramiento de las autoridades con la delincuencia organizada que participó de los hechos. En tanto que sí lograron desmontar la mentira histórica fabricada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y constatar la participación de todos los niveles del Estado el 26 y 27 de septiembre del 2014.


Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso para seguir con la investigación, en tanto los familiares y los expertos reclamaron su injerencia en la liberación de la información que archivó la SEDENA en agosto pasado.


El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes insiste en que el caso Ayotzinapa no concluye con su salida del país, en cambio advierten sobre la responsabilidad de la fiscalía mexicana de darle continuidad y seguimiento para evitar un cierre falso de las investigaciones.


Sara Morales Gallego, Ciudad de México


GIEI: aportes inestimables

GIEI: aportes inestimables


La Jornada. 26 de julio de 2023 , p. 2


Con la presentación de su sexto y último informe, titulado Hallazgos avances, obstáculos y pendientes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación del caso Ayotzinapa dio por concluidas sus labores y confirmó que se retira del país.


Carlos Beristain, uno de sus integrantes, señaló que “no hubo respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras instituciones a informaciones adicionales solicitadas”, señaló que hubo “negativas y mentiras” de las instituciones castrenses y advirtió del riesgo “de que la mentira se institucionalice como respuesta”.


La partida de Ángela Buitrago y Carlos Beristain, los dos miembros del grupo que permanecían al frente de las indagatorias, es una mala noticia para el entorno de los 43 jóvenes desaparecidos y los tres asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.


Sin el GIEI, las víctimas indirectas pierden un apoyo fundamental y una presencia esperanzadora y se angostan las posibilidades de dar con el paradero de los normalistas y hacer justicia ante una de las mayores atrocidades perpetradas en el México contemporáneo.


Gracias a estos especialistas logró exhibirse el operativo de Estado puesto en marcha durante el sexenio anterior para encubrir a los responsables, ocultar la ubicación de los estudiantes y cerrar el caso en total impunidad. El trabajo del GIEI demostró, con una metodología científica y sin margen de dudas, la imposibilidad física de la versión oficial urdida por los funcionarios del peñanietismo, la falaz “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam y el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta PGR, Tomás Zerón de Lucio.


En sus informes se dieron a conocer las graves irregularidades cometidas para construir aquella “verdad”, muchas de las cuales ocasionaron un daño irreparable a los intentos de esclarecimiento: las torturas contra los acusados y la siembra, manipulación y destrucción de evidencias formaron una espesa niebla que hasta hoy impide hallar a los jóvenes.


El GIEI fue el primero en probar la implicación de altos funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como mandos de la extinta Policía Federal, de la Sedena y la Secretaría de la Marina (Semar). Al respecto, Buitrago y Beristain explican que ponen fin a su encomienda porque la reticencia de las corporaciones castrenses a entregar archivos vitales sobre el caso Ayotzinapa vuelve imposible hacer nuevos aportes a la investigación.


Como el propio GIEI ha reconocido, el gobierno federal ha mostrado su voluntad política, y es innegable que hay avances significativos plasmados en la captura de alrededor de 120 implicados, entre quienes se encuentran 10 militares (incluidos mandos) y varios servidores públicos. Sin embargo, la renuencia de las cúpulas castrenses a transparentar los datos con los que cuentan sobre el caso, además de contravenir la obediencia debida a su jefe supremo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un síntoma de que en la jerarquía militar no se ha comprendido a cabalidad el cambio de época que vive el país.


Los mandos de Sedena y Semar deben cobrar conciencia de que la rendición de cuentas y el esclarecimiento no ponen en peligro la seguridad nacional ni la pública; por el contrario, suponen un factor de estabilización social y de fortalecimiento de la credibilidad y el prestigio de las propias fuerzas armadas ante la sociedad.


Paradójicamente, durante el actual sexenio las fuerzas armadas han sido una palanca importantísima de la transformación que se vive, a la cual se han sumado con sus aportes a los proyectos de infraestructura, a la formación de la Guardia Nacional y al ordenamiento de puertos y aeropuertos, entre otras tareas.


Pero su poca disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos de Iguala las hace ver como un obstáculo al proceso de cambio. Y tal consideración no sólo se aplica a la tragedia de los normalistas, sino también a la antigua herida que es el periodo de la guerra sucia de las décadas de 1960 y 1970.


Finalmente, debe reconocerse que las resistencias referidas están enquistadas en otros ámbitos del Estado, particularmente en las fiscalías y el Poder Judicial, y que su superación no debe ser vista por nadie como una derrota sino como una contribución esencial al desarrollo político y social de México.

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