Gerardo Villagrán del Corral TML Weekly No. 46. 6 de diciembre.
Miles de guatemaltecos siguen en las calles exigiendo la dimisión del presidente conservador Alejandro Giammattei, a quien acusan de no asignar suficientes recursos para combatir la pobreza y la desigualdad, mientras continúa la dura represión y ha invocado la Carta Democrática Interamericana.
Aprobada en 2001, esta carta implementa una serie de medidas para restablecer el orden democrático en las naciones que la invocan y garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales. Giammattei añadió que se había comunicado con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para asegurar el diálogo, y expresó su apertura a una negociación inclusiva que conduciría a un entendimiento entre sectores de la sociedad.
La situación de gran inestabilidad política estalló después de que una gran manifestación popular celebrada el 21 de noviembre en la parte histórica de la Ciudad de Guatemala, la capital, terminara con numerosos incidentes y la quema de parte del edificio donde se encuentra el Parlamento.
Hay sospechas de que fue una operación planeada por el gobierno para socavar la legitimidad de las protestas. Aquellos que asaltaron el edificio legislativo estaban vestidos de negro y llevaban palos para romper las ventanas del edificio, pero no fueron detenidos por la policía presente en el lugar, según el diario guatemalteco El Periódico.
Surgieron sospechas adicionales del hecho de que el Congreso no estaba cercado, ya que habían pasado horas antes de que se aprobara el presupuesto. Las referencias políticas y sociales en el país expresaron que el vandalismo al Parlamento tenía por objeto desacreditar la legitimidad de la gran manifestación, que tuvo lugar en un clima general de tranquilidad hasta el violento ataque de la policía.
Según cifras oficiales, uno de cada dos niños menores de cinco años en el país sufre de desnutrición crónica, y casi el 60% de la población guatemalteco vive por debajo del umbral de pobreza.
El presidente anunció que los actos de protesta no son más que un medio a través del cual los grupos minoritarios intentan llevar a cabo un verdadero golpe de Estado. En una declaración anterior, la OEA reconoció el derecho a protestar, pero se pronunció en contra del vandalismo denunciado por las autoridades, que ha sido negado por los portavoces de los manifestantes.
La Alianza para las Reformas, que reúne a 40 organizaciones sociales, exigió la dimisión del Ministro del Interior, Gendri Reyes, tras la represión del 21 de noviembre. El vicepresidente, Guillermo Castillo, que se había distanciado de Giammattei y exigió su dimisión, pidió al ministerio público que investigara la quema de las oficinas del Congreso, así como la represión policial.
El presupuesto aprobado deja un amplio margen para la corrupción -- un mal profundamente arraigado en el país- porque no estipula mecanismos de control adecuados para garantizar el uso adecuado de los recursos, otorgando más recursos a los ministerios que han sido el foco de enormes irregularidades en los últimos años, como las Comunicaciones, la Infraestructura y la Vivienda.
La protesta del 21 de noviembre dejó al menos 15 manifestantes y 12 policías heridos, y más de 30 detenidos. La represión policial se extendió a varios departamentos del país.
El Congreso aprobó préstamos de más de 3.800 millones de dólares para hacer frente a la pandemia, pero apenas el 15 por ciento de esos recursos llegaron a los guatemaltecos. COVID-19 ha dejado casi 120.000 personas infectadas y más de 4.000 muertos en este país de 17 millones de habitantes.
La razón de las protestas
El Congreso, compuesto en su mayoría por el partido gobernante y los partidos a los que se relaciona, aprobó un presupuesto de casi 12.800 millones de dólares para 2021, lo que suman un aumento del 25 por ciento con respecto a este año. La mayoría de los fondos están destinados a la infraestructura con el sector privado y no prevén aumentos para la salud o la educación, ni para combatir la pobreza y la desnutrición infantil.
El Congreso también designó alrededor de $65,000 para comidas para diputados, algo que indignó a la población porque en ese momento el huracán “Lota” estaba entrando en el país y causando destrucción, dejando a las comunidades pobres aisladas y sin alimentos -- comunidades ya afectadas por el reciente paso de otro poderoso huracán, “Eta”, que dejó 59 muertos y casi 100 desaparecidos.
Todo esto ocurrió en un contexto en el que los hospitales no tienen medicamentos, los médicos sin sueldo y las cifras afectadas por la pandemia están aumentando. La economía ha sufrido, decenas de miles de personas han perdido su empleo y el precio de los alimentos y otros bienes ha aumentado.
Por esta razón, se dieron llamados a manifestarse en varias plazas del país, incluyendo la Plaza de la Constitución, exigiendo la dimisión del presidente y los congresistas, el fin de la corrupción y la cancelación del presupuesto de 2021. Pero también se llevaron miles de carteles que exigían una Asamblea Constituyente.
Las preguntas se repiten: ¿Estamos al borde de otro ciclo de protestas similar al de 2015, cuando se produjeron manifestaciones masivas contra la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti? ¿Alcanzará niveles de confrontación violenta?
Lo que está claro es que hay un sentimiento de ira e indignación contra el gobierno, que se expresó de diversas maneras (pacífica y violenta), mientras que no puede ni desea responder a las demandas de los ciudadanos y está tratando de utilizar la OEA para reprimir "democráticamente" al pueblo.
Gerardo Villagrán del Corral es un antropólogo y economista mexicano, asociado con el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
(Traducido del español original por TML. Fotos: A. Godínez, PDH Guatemala, colaboración)