Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán
6 de diciembre de 2023
Esta mañana la Red Penínsular por los derechos Colectivos presentamos en Rueda de prensa los PUNTOS CLAVE para el proceso Electoral 2024 en la península de Yucatán.
Compartimos Boletín de prensa:
Hacia una Agenda Peninsular en Materia de Derechos Colectivos: Puntos Clave para el Proceso Electoral de 2024
La situación en la península de Yucatán y las condiciones enfrentadas por los Pueblos Originarios han experimentado transformaciones significativas en los últimos 15 años, marcadas por el aumento de megaproyectos en territorio indígena. Este fenómeno ha exacerbado la conflictividad social y generado los procesos de resistencia en diversas comunidades mayas.
La degradación ambiental, resultado de la falta de medidas precautorias, ha producido impactos socioambientales, incluyendo deforestación, contaminación del agua y afectaciones al patrimonio biocultural.
En este contexto, la Red Peninsular ha emergido como un espacio de reflexión, abordando desde la perspectiva de comunidades, organizaciones y académicos, las problemáticas vinculadas a los derechos humanos en la península, enfocándose especialmente en la libre determinación y un medio ambiente sano. Con miras al próximo proceso electoral en 2024, la Red Peninsular ha definido una agenda mínima que busca garantizar acceso a la justicia, igualdad y combatir el racismo, el despojo y la degradación ambiental que han vivido los pueblos y comunidades en la Península.
La agenda propone 23 puntos, resaltando el reconocimiento y respeto hacia los pueblos indígenas, que implica su reconocimiento en la Constitución Federal como sujetos de derecho, respetando su autonomía y libre determinación. En materia de medio ambiente, se aboga por un modelo sustentable, la prohibición de fábricas porcícolas, cultivos transgénicos y plaguicidas peligrosos como el Fipronil y el Glifosato, el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, y la garantía del derecho humano al agua con énfasis en usos personales y comunitarios, así como el reconocimiento del territorio kárstico con criterios de protección y manejo específico.
En el ámbito agrario, se propone considerar la tierra como territorio, promoviendo un enfoque que vaya más allá de lo productivista, abarcando aspectos sociales, culturales y ambientales.
La agenda también aborda la protección del derecho a la protesta social, asegurando la seguridad de los manifestantes y poniendo fin a la criminalización de comunidades y actores sociales. Aunque estos 23 puntos no cubren todas las necesidades, se consideran mínimos para redefinir la relación entre comunidades indígenas y campesinas y el Estado. Se destaca la responsabilidad política y jurídica exigida por las obligaciones constitucionales, y se subraya la importancia de recordar a los candidatos su responsabilidad ante el histórico fracaso en la generación de condiciones justas.
La garantía del derecho humano al agua priorizando el uso personal, doméstico y comunitario al uso industrial, el reconocimiento del territorio kárstico con criterios de protección y manejo específico por ser especialmente vulnerable a la contaminación y a la sobre-extracción.