La nueva ley de aguas aviva el conflicto entre los campesinos y el Gobierno de Sheinbaum

Foto: Protesta de productores agrícolas en Zacatecas, el 14 de octubre. Adolfo Vladimir (Cuartoscuro)

Elia Castillo Jiménezcarlos Carabaña. El País 10 de noviembre 2025

El Congreso mexicano pisa el acelerador para aprobar antes del 15 de diciembre una nueva legislación para el agua en el país. Promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, esta propuesta ha creado un nuevo punto de conflicto entre las organizaciones agrícolas y ganaderas y el Gobierno, tras la disputa por el precio de la tonelada de maíz durante el mes de octubre. Este desacuerdo entre las partes llevó a que los campesinos bloquearan durante dos días las carreteras en al menos 20 Estados de la República. Las organizaciones del campo han acordado este domingo cerrar carreteras, empresas y pasos fronterizos en caso de que Morena y sus aliados insistan en apresurar el proceso legislativo.

El núcleo del conflicto recae en que las concesiones para el uso del agua ya no podrán ser transmitidas entre particulares, teniendo que volver al Estado para que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) las pueda reasignar. La justificación para esta prohibición es acabar con el mercado ilegal de concesiones de agua que se ha creado en el país. De acuerdo con los campesinos entrevistados, esto les imposibilitará heredar o vender sus tierras, ya que sin el permiso para uso del agua no tienen valor.

“Es una ley regresiva que nos despoja de los derechos ganados por los agricultores con las concesiones de agua; pone en riesgo la estabilidad de nuestras familias, nuestras inversiones y el crecimiento económico del campo”, denuncia Eraclio Rodríguez, exdiputado federal del PT y campesino de Chihuahua. De acuerdo con Rodríguez y sus compañeros del Frente Nacional para el Rescate del Campo, una organización con presencia en 25 Estados, sus tierras carecen de valor sin la concesión de agua.

Campesinos bloquean una caseta en Zacateca, el 14 de octubre.Adolfo Vladimir (Cuartoscuro)

En los 90, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se promulgó la Ley de Aguas Nacionales que permite la transición de derechos entre privados sin tener que pasar por la Administración pública. Esto llevó a que, actualmente, la Conagua no tenga ni control ni trazabilidad de cuánta agua usan los usuarios ni para qué fines. Como hay demasiado volumen de extracción concesionado, la Conagua no puede dar más permisos y los particulares son orillados a realizar operaciones alegales de compraventa. Con esta nueva ley, una concesión no utilizada vuelve a la Conagua para que la reasigne.

Los millonarios del agua, un trabajo académico que analizó las concesiones de agua en México, observó que hay unos 3.300 grandes usuarios privados a los que la Conagua ha dado un volumen de un millón de metros cúbicos o más al año. En total, siendo el 1,1% del padrón, tienen un total de 13.000 millones de metros cúbicos al año, el 22% de toda el agua concesionada en todo el país. Para hacerse una idea, el volumen de una piscina olímpica es de 2.500 metros cúbicos.

Esta nueva regulación se compone de una iniciativa para hacer una nueva Ley General de Aguas y un proyecto de decreto que reforma la Ley de Aguas Nacionales. En 2012, la Constitución dio rango constitucional al derecho humano al agua y otorgó un año de plazo para promulgar una Ley General de Aguas. Aunque hubo intentos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el de Andrés Manuel López Obrador, estos no llegaron a concretarse. Esta nueva legislación busca, según su exposición de motivos, asegurar el acceso al agua como un derecho garantizado y prioriza, en momentos de escasez, el uso doméstico y público sobre el industrial o el agrícola.

“La prohibición de las transferencias de concesiones es un aspecto positivo, ya que con la ley vigente se ha creado un mercado ilegal en el que las concesiones son del dominio de las personas, que pasan a tener un título de propiedad, y entonces pueden transferirlas, traspasarlas, hipotecarlas o especular con ellas, como si fuera una mercancía, no un permiso o una concesión”, explica Beatriz Olivera, maestra en ingeniería industrial y miembro del colectivo Cambiémosla Ya, que busca reformar en profundidad la ley minera. Olivera cree que debe revisarse el caso específico de los campesinos y pequeños propietarios, pero entiende la lógica detrás de quitar esta posibilidad.

Otro punto de conflicto para las organizaciones campesinas es que la nueva legislación condiciona los volúmenes asignados al hecho de tener una infraestructura que cumpla condiciones de sustentabilidad y ahorro de agua. Esto supone un gasto de importancia para los pequeños y medianos productores, que carecen de los recursos necesarios, y los pone en desventaja contra las grandes empresas de la agroindustria.

“Tenemos canales de tierra todavía, no tenemos sistemas de aspersión o de goteo, no contamos con el recurso como lo tienen las empresas extranjeras que están en el Estado”, lamenta Horacio Gómez, presidente de la Asociación de Productores de Trigo en Baja California.

Los líderes campesinos se reunieron a negociar con la Secretaría de Gobernación, sin llegar a alcanzar un acuerdo. La Administración de Sheinbaum les ofreció que sus demandas queden en un artículo transitorio, es decir, una norma temporal que luego puede derogarse con facilidad.

Los representantes de los campesinos buscan una mesa de diálogo directa con la presidenta Sheinbaum, ya que consideran que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el de Agricultura, Julio Berdegué, no transmiten de forma acertada sus demandas. “Queremos que ella esté presente y corroborar que tiene la información, que está enterada de nuestras preocupaciones y de nuestras soluciones”, dice Gómez.

El frente campesino se ha reunido este fin de semana en Ciudad de México para discutir las acciones que siguen si avanza la aprobación en el Legislativo. De momento, han acordado una reunión este lunes en la Cámara de Diputados, con legisladores de Morena. La intención es persuadirlos sobre la aprobación contra reloj del ordenamiento. Para el martes, alistan la toma simbólica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y una conferencia de prensa frente a Palacio Nacional para anunciar acciones más radicales. Un paro nacional que incluye cierres de carreteras, empresas y la toma de pasos fronterizos. Esta medida de presión funcionó en el conflicto del maíz días atrás, haciendo que el Gobierno concediera un aumento en el precio a pagar por cada tonelada.

Rodrigo Llanes Salazar: Parlamento abierto

 Edición impresa10 de noviembre de 2025, 2:15 am

“Cada año, la Conagua deja de cobrar alrededor de 44 mil millones de pesos a los grandes usuarios industriales. Llevan 33 años sin pagar derechos por el agua que usan y contaminan. Si un campesino no paga, le cortan el suministro; si una minera no paga, no pasa nada”, expresó Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida y ex subdirectora de Administración de Agua en la Conagua, en el Parlamento Ciudadano “Por la legislación hídrica que México necesita”, que se realizó el pasado 7 de noviembre en el Congreso de Jalisco.

Desde que el pasado 9 de octubre la presidenta de la república presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, ha tenido lugar una intensa movilización a nivel nacional, ya que dicha Iniciativa mantiene la esencia del modelo de gestión del agua en el país que ha conducido a situaciones como las que Burns denunció en el Parlamento Ciudadano.

A nivel nacional, la Coordinadora Agua para Todxs y las contralorías autónomas del agua han organizado una serie de foros de parlamento abierto para discutir la Iniciativa presidencial, comenzando con un foro en Puebla el pasado 30 de octubre. Hasta el momento, se han programado por lo menos 15 foros en distintos estados del país. En Mérida, la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán está organizando un foro que se realizará en el Auditorio “Julieta Fierro” de la Secihti.

Además de los foros organizados por la ciudadanía, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento del Congreso, a la que fue turnada la Iniciativa presidencial el pasado 14 de octubre, ha establecido un acuerdo (dado a conocer el pasado 3 de noviembre) para realizar Audiencias públicas para analizar la iniciativa en tres zonas del país, Norte, Centro y Sur, y que se llevarán al cabo el 13, 14 y 18 de noviembre.

Sin duda, estos espacios constituyen elementos fundamentales para cumplir con el mandato constitucional del Artículo 4º de que la Ley General de Aguas que emita el Congreso se realice con la participación de la ciudadanía.

Con base en una experiencia de más de diez años de trabajo en la Iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, Agua para Todxs y las contralorías autónomas del agua han elaborado propuestas puntuales para transformar realmente la gestión del agua en México y sentar las bases para hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento. Estas propuestas están siendo presentadas en los foros de parlamento abierto y es fundamental que las y los diputados federales que representan a cada entidad los retomen para la discusión en el Congreso de la Unión.

La propuesta fundamental, que se deriva del propio Artículo 4º constitucional, es que sólo debe haber una ley que regule el derecho humano al agua. Es una contradicción que permanezca una Ley de Aguas Nacionales (LAN) que regule la gestión económica del agua como propiedad de la nación, incluyendo el régimen de concesiones, y una Ley General de Aguas (LGA) que establezca bases para hacer efectivo el derecho humano al agua. Por ello, la demanda es una sola ley. Aunque, si se va a mantener la LAN, se necesitan modificaciones sustanciales para que no sea incompatible con la LGA, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Así, por ejemplo, la Iniciativa de reforma de la LAN mantiene intacto el Artículo 102, el cual permite la privatización del “financiamiento, construcción y operación de infraestructura hidráulica federal, así como en la prestación de los servicios respectivos”. Las contralorías proponen derogar el artículo o, cuando menos, regular y transparentar los contratos de obra pública y servicios con particulares.

Igualmente, el Artículo 44 de la LAN, que no se modifica, dispone que “las asignaciones de aguas nacionales a centros de población que se hubieran otorgado a los ayuntamientos a los estados, o a la Ciudad de México, que administren los respectivos sistemas de agua potable y alcantarillado, subsistirán aun cuando estos sistemas sean administrados por entidades paraestatales o paramunicipales, o se concesione a particulares por la autoridad competente”.

Las contralorías proponen la sustitución de la línea “o se concesione a particulares por la autoridad competente” por “o por sistemas comunitarios”, que “tendrán la obligación de cumplir prioritariamente con el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y de contribuir a la sustentabilidad de sus fuentes a través de la reducción de fugas y el aprovechamiento de aguas pluviales y residuales”.

Final del formulario

Uno de los grandes temas de la discusión son las concesiones. Las contralorías parten del argumento de que la LAN ha permitido un sobreconcesionamiento, el cual ha resultado en violaciones al derecho humano al agua. La LAN vigente favorece a los concesionarios sobre el interés público. Actualmente, en su Artículo 29 Bis 3, establece que “La concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales sólo podrá extinguirse por” una serie de motivos. La expresión “sólo podrá” significa que la extinción no es obligatoria. Por ello, debería decir que “deberá extinguirse” por dichos motivos. Asimismo, se agrega que un motivo de extinción sea cuando se deje de declarar y pagar los derechos correspondientes sobre el volumen concesionado durante dos años consecutivos.

Una de las principales propuestas del gobierno federal para la recuperación de volúmenes de agua es el establecimiento de “un fondo de reserva de aguas nacionales para la reasignación de volúmenes recuperados de los títulos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales” (Artículo 37 Bis). Las contralorías proponen que no sea un solo fondo de reserva centralizado, sino fondos de reserva en cada cuenca y acuífero deficitario, los cuales prioricen siempre el derecho humano al agua.

La propuesta ciudadana también enfatiza la necesidad de modificar los Artículos 13 y 13 Bis, con el propósito de reemplazar los Consejos de Cuenca por Consejos regionales como instancias formales de participación social que sean incluyentes y vinculantes en sus propuestas. Aunque, de acuerdo con la LAN, estos consejos son “órganos colegiados de integración mixta”, que “considerarán la pluralidad de intereses, demandas y necesidades en la cuenca o cuenca hidrológicas que correspondan”, diversos estudios han documentado que los Consejos de Cuenca representan principalmente los intereses de las grandes industrias, excluyendo la participación real de comunidades indígenas, afromexicanas, campesinas, migrantes, entre otros sectores vulnerables que suelen ser los más afectados.

En cuanto a la contaminación, en la ley vigente el permiso de descarga de aguas es un trámite aparte a la concesión de extracción. Para el caso de Yucatán —como en el resto del país—, esto genera una situación en la que miles de usuarios, muchos de ellos grandes industrias, tienen concesiones de extracción de agua subterránea pero no tienen permiso de descarga. De acuerdo con información de Agua para Todxs, al menos 5,964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial no cuentan con permisos de descarga. Así, se propone modificar el Artículo 23 para añadir que “se especificará el volumen de las aguas concesionadas que serán retornadas, la red o cauce que las recibirán así como las condiciones particulares que tendrán que cumplir a su retorno” y que “el permiso de descarga formará parte integral de la concesión o autorización otorgada; en ningún caso representará un trámite por separado”.

De manera fundamental, resulta urgente cambiar el enfoque de “quien contamina paga” por “quien daña restaura”. El gobierno federal ha destacado que, en su iniciativa, aumenta las sanciones a quienes incumplan la ley y que incluso crea nuevos delitos hídricos a ser sancionados. Sin embargo, hay dos grandes problemas con este enfoque.

Primero, hay una escasa inspección de las concesiones. En 2023, la Conagua sólo disponía de 141 inspectores para cubrir 427 mil concesiones de agua en todo el territorio nacional. Nada indica que el presupuesto de la Conagua (y del sector ambiental) vaya en aumento.

Pero, ante todo, las multas pueden ser sanciones menores para grandes industrias, por lo que resulta imperante aplicar el enfoque de quien daña restaura, como lo ha exhortado el Relator especial sobre el derecho humano al agua y saneamiento de las Naciones Unidas, Pedro Arrojo. Así, se propone que el Artículo 96 Bis 1, que dispone actualmente que “Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales, en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento”, sea sustituido por “La Comisión mantendrá la suspensión de actividades realizada en cumplimiento con el Artículo 92 hasta que la persona física o moral responsable haya reparado o compensado el daño ambiental y a la salud causado”. También se propone incluir la contaminación de los cauces, cuerpos de agua y acuíferos como delitos contra la salud humana y de los ecosistemas, el cual se puede reconocer en el artículo 123 Bis 8 de la LAN.

De manera crucial para Yucatán, la Iniciativa presidencial no incluye ninguna disposición sobre los acuíferos kársticos, como los que tenemos en nuestra región. La Iniciativa ciudadana de LGA ha hecho propuestas al respecto, sobre las que volveré en una próxima entrega.— Mérida, Yucatán

rodrigo.llanes.s@gmail.com

Investigador del Cephcis-UNAM