Por Izcuauhtli Paz
El pueblo de la Republica Colombiana ha vivido momentos de extrema violencia en la actualidad y a lo largo de la historia, desde las revueltas en 1948 tras el asesinato del candidato Jorge Eliécer Gaitán, ya son más de 50 años de protestas sociales, de una economía desestabilizada, gobiernos de ultraderecha radicales, de represión política, uno país aliado de Estados Unidos.
El próximo 28 de mayo se cumple un mes de un paro sostenido y amplio, hay representaciones de todos los sectores, estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales, comunidades, hombres y mujeres, los colombianos llaman a su pueblo a unirse a la gran movilización, la represión y la violencia por las fuerzas armadas en el país no frena son más y más cada día los heridos (más de 1000), desaparecidos (más de 130) y muertos (más de 40) en manos de las fuerzas públicas.
A inicios de semana el gobierno colombiano rechazó el envió de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para verificar la situación de los Derechos Humanos, en el paro nacional actual, mala decisión tomada por el gobierno que no reconoce las severas violaciones a los derechos humanos de los habitantes, ya que la fuerza y violencia es bajo el mando del gobierno encabezado por Iván Duque.
El comité del Paro y el Gobierno nacional anunciaron que llegaron a un preacuerdo para la instalación de mesas de negociación, el pueblo pide al gobierno garantías para el libre ejercicio de las protestas y garantías al momento de la negociación, que cese la violencia, el retiro del proyecto de ley de reforma a la salud y fortalecimiento del plan de vacunación contra el covid-19, renta básica de emergencia de al menos un salario mínimo mensual vigente, defensa de la producción nacional industrial, artesanal, campesina, agropecuaria, subsidios a las pequeñas y medianas empresas, empleo con derechos, defensa de la soberanía y seguridad alimentaria, matrícula gratis en entidades públicas y no a la alternancia educativa, equidad de género, diversidad sexual y étnica, no a la privatización de empresas públicas, que no se afecten las pensiones de los trabajadores formales e informales, no a la utilización de glifosato mediante aspersiones aéreas, eliminación de los cultivos ilícitos sin sustancias que pongan en riesgo la salud de los habitantes, retiro de la reforma al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, que es la entidad que financia estudios a población de escasos recursos.
Cada día se organizan más los colombianos, pero desafortunamente también la violencia aumenta y la impunidad continúa. Si al derecho de expresión, no a la represión.