Las claves del debate por la nueva Ley de Aguas: qué proponen y quiénes están detrás
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Aurelio Sánchez. La Prensa. 22 de octubre de 2025
La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, llama a garantizar un marco legal que prohíba la privatización y priorice el acceso equitativo al recurso hídrico
La discusión por una nueva Ley General de Aguas entra en una etapa decisiva. Organizaciones sociales y académicas celebraron la apertura del Congreso para realizar foros regionales de Parlamento Abierto, donde se confrontarán cuatro iniciativas que definirán el futuro del recurso más estratégico del país.
La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, integrada por 82 organizaciones, junto con las Contralorías Autónomas del Agua y la Red Nacional de Sistemas Comunitarios, reconocieron la disposición de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados para abrir un proceso de análisis plural sobre la gestión del agua.
El acuerdo de realizar foros regionales permitirá, según las agrupaciones, enriquecer las propuestas de Ley General de Aguas y construir un marco legal capaz de atender la crisis hídrica nacional con participación de comunidades, especialistas y autoridades locales.
Cuatro proyectos en revisión
Actualmente se analizan cuatro iniciativas. Tres de ellas fueron presentadas por legisladores de Morena y del PT, encabezados por Xóchitl Zagal Ramírez, Hugo de la Rosa García, Reginaldo Sandoval Flores, José Narro Céspedes y Dolores Padierna Luna.
La cuarta corresponde al Ejecutivo Federal, registrada el 2 de octubre de 2025.
Las tres primeras comparten principios centrales: la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales, la prohibición de la privatización del agua, el reconocimiento de los derechos indígenas y la creación de espacios de representación amplia para la gestión del recurso.
Por su parte, la iniciativa del Ejecutivo plantea mantener la legislación vigente, con ajustes de forma y lenguaje incluyente, además de nuevos delitos y sanciones. Sin embargo, la Coordinadora advirtió que el punto más controvertido es la figura de las “reasignaciones”, que sustituirían la libre compraventa de concesiones y podrían centralizar decisiones en la Conagua, sin criterios transparentes de evaluación.
Las organizaciones enlistaron cinco medidas “mínimas e indispensables” para una legislación con justicia hídrica:
Derogar el capítulo de inversión privada en infraestructura federal, por considerarse costoso e ineficiente.
Sustituir los Consejos de Cuenca por Consejos Regionales de composición mixta.
Reemplazar los mercados de agua por procesos de planeación consensuada.
Corregir el sobreconcesionamiento y acaparamiento del recurso, vinculando padrones y registros.
Obligar a la Conagua a defender el interés público mediante lenguaje normativo imperativo (“deberá” en lugar de “podrá”).
Participación académica y social
La Coordinadora informó que universidades públicas y centros de investigación de 18 estados se han ofrecido a organizar los foros de Parlamento Abierto, en apoyo a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
El objetivo, subrayaron, es avanzar hacia una Ley General de Aguas verdaderamente democrática, que elimine el acaparamiento, la discrecionalidad y la opacidad en la gestión del recurso.
Aurelio Sánchez Reportero desde hace 36 años en La Prensa, una labor que me ha mantenido cerca de los acontecimientos que dan forma a nuestra sociedad.
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