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Las deudas no deben ser eternas sino para favorecer inversiones productivas


Las deudas no deben ser eternas sino para favorecer inversiones productivas y generar empleos formales y bien pagados

Dimensionando la deuda pública federal y su costo financiero


Andrés Peñaloza Méndez


En los primeros seis meses del año en curso se han realizado pagos por 405 mil 434.6 millones de pesos por concepto del costo financiero de la deuda.


Adicionalmente, se erogaron 54 mil 216.5 millones de pesos para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca (Ramo 34).


Es decir, en seis meses se ha pagado a los banqueros (Ramo 34), derivado de la conversión de la deuda bancaria comercial a deuda pública1, el equivalente al 88.4% de los 61 mil 313 millones de pesos contemplado en el plan de reconstrucción para el estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis.


En 2022 se desembolsaron 669 mil 806.5 millones de pesos para cubrir el costo financiero de la deuda. Esta astronómica cantidad es proporcional a emplear por un año a 9 millones 934 mil 981 empleos con salario mínimo (incluyendo un mes de aguinaldo).


De acuerdo a los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2022 elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los montos de las deudas públicas se ubican en rangos manejables a partir de las acciones de refinanciamientos y emisiones tendientes al mantenimiento de portafolios diversificados, flexibles y de riesgos reducidos.


El saldo de la deuda neta del Gobierno Federal2 se situó en 11 billones 919.0 mil millones de pesos. La deuda interna ascendió a 9 billones 926.3 mil millones de pesos y la externa se ubicó en 116.7 mil millones de dólares.


A junio de 2023 la deuda del Gobierno Federal se conformó por un 83% de deuda interna y 17% de deuda externa. El plazo promedio de la deuda en valores gubernamentales para el componente interno fue de 7.8 años, con un 76.3% de valores a tasa fija y largo plazo. Con respecto a la deuda externa, su plazo promedio se ubicó en 20.3 años con 100% denominado en tasa fija.


La deuda neta del Sector Público Federal3, se situó en 14 billones 189.4 mil millones de pesos. La deuda interna se ubicó en 10 billones 493.1 mil millones de pesos, mientras que la externa en 216.5 mil millones de dólares.


Por último, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)4 alcanzó un monto de 14 billones 60.7 mil millones de pesos. El componente interno se ubicó en 10 billones 400.6 mil millones de pesos, y el externo en 214.4 mil millones de dólares.


El SHRFSP se situó en un 45.8% respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Porcentaje inferior al nivel de 49.4% registrado en diciembre de 2022.


Si bien, la deuda pública en la actualidad no es el grillete para el desarrollo económico soberano del país; esta sigue distrayendo cuantiosos recursos presupuestales reflejo de obligaciones contraídas en las múltiples renegociaciones crediticias, en muchos casos ilegítimas y fraudulentas, que seguimos pagando los ciudadanos en perjuicio de nuestro bienestar.

En 1989 se pensó que la deuda externa dejaría de ser un escollo para el despliegue económico; el optimismo se fincaba en la renegociación relativamente favorable del paquete financiero con la banca comercial por 48,231 millones de dólares.


Sin embargo, en 1994-1995, se pasó del gozo al pozo con el estallido de la crisis “Tequila” y un nuevo paquete de rescate orquestado, ahora bajo la supervisión directa del gobierno Clinton de los Estados Unidos acompañado del Fondo Monetario Internacional, para rescatar a inversionistas de cartera y a la banca comercial, socializando pérdidas privadas y atándonos a pagos que llevan más de un cuarto de siglo.


Pero no sólo se sustraen recursos públicos para cubrir las pérdidas del capital privado (bancos y constructoras), al día de hoy, el andamiaje jurídico de corte neoliberal, impuesto a través de los programas de ajuste estructural, para aligerar la carga de las deudas, siguen rigiendo políticas públicas federales.


Un ejemplo es la eliminación o laxitud regulatoria a la inversión extranjera. Al capital foráneo se le otorga trato nacional y no discriminatorio; se le autoriza demandar al Estado ante tribunales o paneles privados internacionales. Aspectos inscritos en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos para la Promoción y Protección de Inversiones, constituyéndose dichos instrumentos en una de las limitantes, para la recuperación plena del sector energético de la Nación.


De igual manera, la desregulación de los mercados de trabajo, fueron pactados en el contexto de las múltiples renegociaciones de las deudas ocurridas desde finales de los años setenta del siglo pasado, ocasionando la precarización de las condiciones de trabajo y la merma del poder adquisitivo de los salarios.


En consecuencia, la deuda pública en México debe ser tema de revisión profunda para garantizar que no se torne a futuro en un problema mayúsculo.



1. El atraco al pueblo de México, eufemísticamente llamado recate financiero de apoyo a ahorradores y deudores de la banca utilizó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) creados en los años noventa por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, respectivamente.


2. La deuda del Gobierno Federal comprende las obligaciones de los poderes Legislativo y Judicial, las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y sus órganos desconcentrados, así como las obligaciones contraídas por entidades que formaron parte de la Administración Pública Federal Paraestatal y que fueron transformadas en órganos autónomos, en particular, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), conformada por los siguientes conceptos: • Préstamos bancarios • Emisiones de Valores Gubernamentales • Deuda con Organismos Financieros Internacionales • Bonos del ISSSTE (por la implementación de la nueva Ley del ISSSTE) y cuentas relacionadas con la seguridad social • Bonos de Pensión CFE • Otros.


3. La deuda del Sector Público está integrada por la deuda del Gobierno Federal más las obligaciones de las entidades de control presupuestario directo, de las Empresas Productivas del Estado y sus subsidiarias, y de la Banca de Desarrollo, se compone por deuda contratada por: • Gobierno Federal • Empresas Productivas del Estado -Pemex -CFE • Banca de Desarrollo -Banobras -SHF -Bancomext -Nafin -Financiera Nacional -Banco del Bienestar.


4. El SHRFSP está integrado por la deuda del Sector Público Presupuestario más las obligaciones que, por diversos ordenamientos jurídicos y prácticas presupuestarias, no se incluyen en la deuda pública, se compone por: obligaciones financieras netas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y el programa de apoyo a deudores de la banca, las obligaciones de los Pidiregas, las obligaciones derivadas del entonces Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), hoy Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN); y el patrimonio de las instituciones de fomento y Sector Público Presupuestario.

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