Andrés Peñaloza Méndez, 3 de diciembre de 2020
Sin duda, a dos años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las políticas con mayor consenso social por la mejoría generada en las condiciones de vida de millones de familias de trabajadoras es la nueva política de salarios mínimos. Por lo menos 12 millones 533 mil 197 ganan hasta un salario mínimo. Lamentable, empero, que el 90.3% de dicho universo perciba ingresos laborales inferiores al referente legal. Un verdadero desafío para avanzar en la creación de condiciones para el trabajo digno, donde nadie reciba debajo del mínimo legal.
Huelga decir que indirectamente tanto los que no alcanzan la remuneración básica como los que obtienen ingresos entre uno y tres salarios mínimos también se han beneficiado, aun cuando no en la misma proporción, de las históricas alzas del 16 y 20% conquistadas entre 2019 y 2020.
Desde luego, revertir la crítica situación a la que se ha sometido a los sueldos por más de cuatro décadas, especialmente los mínimos, provoca inexorables tensiones debido a las inequitativas retribuciones que recibe la fuerza laboral.
La pérdida acumulada de la participación del trabajo en el ingreso nacional de 1976 a la fecha es equivalente a diez veces el presupuesto de egresos de la federación para 2021. Lo sorprendente es la ausencia de indignación al respecto. Si tan sólo un 0.47% de los reclamos suscitados por la desaparición de 109 fideicomisos no auditables y representativos del 0.47% del presupuesto se destinarán para visibilizar esta descomunal deuda social se podría vislumbrar el imperativo ético y la urgencia económica para reparar la injusta distribución del ingreso, causa de una sociedad polarizada e insana.
La interrogante es si se seguirá por una decidida senda de recuperación del poder adquisitivo de los salarios o se opta por la conservación e incluso defensa de una estructura salarial ajena al mandato constitucional.
El sector patronal se debate entre apuestas mezquinas de grupos empresariales de corte conservador. Encerrados en su círculo corporativo, estrechan las miras necesarias para acompañar los intereses de una sociedad en transformación.
En 2016 la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció sorpresivamente su compromiso por una Nueva Cultura Salarial enfatizando en la necesidad de graduales incrementos salariales. A los modestos aumentos a los mínimos entre 2016 y 2018, le sucedieron dos alzas significativas, 16% y 20% en 2019 y 2020; así como, la duplicación del monto en el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN).
Este hecho no desfiguró el mercado laboral, la misma Coparmex y las cúpulas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), lo admiten: el comportamiento de la inflación, manteniéndose alineado al objetivo del Banco de México, sin efecto faro o aumentos en la informalidad. Tampoco, habría que añadir, en materia de empleo.
Por lo mismo me parece un argumento espurio aducir la pandemia y la crisis para replantearse el rumbo a seguir en el corto plazo, ralentizando la recuperación salarial a niveles inaceptables.
No obstante, expresar su “compromiso de poner al trabajador al centro de la política salarial”, Coparmex propone un piso y techo de incremento a los minisalarios entre 4 y 10.2%; intervalo de $128.15 a $135.83 pesos. Cantidades muy por debajo de lo obtenido en los dos años previos a partir de los cuales el rango debería situarse entre 142.94 y 147.86 pesos.
Coparmex ofrece, una vez remontada la adversidad económica aparejada a la pandemia del COVID-19, continuar con futuras alzas para lograr tener un salario mínimo de alrededor de 214 pesos hacia fin del sexenio en 2024.
En esta visión patronal, contraria al mandato constitucional, se postula que el ingreso debe proceder no de un jefe o jefa de familia como se establece en el artículo 123 de nuestra Carta Magna sino de dos personas empleadas en la formalidad para satisfacer las necesidades de un hogar con cuatro integrantes. De ganar terreno esta posición conservadora la expectativa es quedarse ligeramente abajo del actual salario mínimo que rige en Guatemala. Se trata de una política gatopardista, que aparenta la recuperación salarial, pero afianzada en la creencia de lograr competitividad y generar empleo basada en una estructura salarial débil.
Desde luego, las presiones y riesgos para revertir la ruta de recuperación decidida y responsable por una cautelosa o timorata nos coloca en el dilema de profundizar la agenda de transformación o ceder en el alcance de legítimas aspiraciones de la clase obrera.
Para que la vindicación salarial no se exponga a una desoladora insuficiencia es preciso emprender acciones convincentes orientadas a desplazar el régimen salarial anticonstitucional, y, resolver históricamente la problemática. Mucho dependerá de la decisión gubernamental, del empresariado con sentido ético y productivo; pero, sobre todo, de una extendida organización sindical libre y democrática, hoy inexistente.
La realidad actual es de absoluta indefensión entre los trabajadores asalariados toda vez que prácticamente 8.7 de cada diez carecen de organización sindical, 30.9 millones; lo que explica, entre otras cosas, que sólo la mitad cuente con contrato estable.
Mientras el nuevo entorno laboral proyectado en la pasada reforma laboral no se materialice de conformidad a lo ofrecido difícilmente habrá un cambio verdadero en el mundo laboral.